Tras un ejercicio que combinó malabares presupuestarios, sacrificio de otras áreas y el estreno de las normas de responsabilidad fiscal de la reforma tributaria, la educación pública recibirá en el 2020 el monto más elevado de la historia.

Durante este año, las instituciones dedicadas a la enseñanza estatal deberán ejecutar ¢2,85 billones, una cifra que equivale al 7,4% del producto interno bruto (PIB).

Nunca antes, desde la reforma constitucional del 2011 que elevó del 6% al 8% del PIB el aporte obligatorio del Estado a la educación, se había alcanzado una cifra tan elevada.

Así lo determinó La Nación tras analizar información remitida por la Contraloría General de la República sobre los presupuestos para educación desde el 2012, cuyos montos se actualizaron para que reflejen su valor presente.

La revisión determinó que los ¢2,85 billones asignados para este año representan un incremento de ¢169.000 millones con respecto a los fondos otorgados en 2019 y que alcanzaron el 7,3% del PIB.

También significa una diferencia de casi ¢1 billón con respecto al monto asignado a la educación en el 2012, el cual fue de ¢1,89 billones y representó el 6,7% del PIB.

Según la Constitución Política, con esos recursos se deben financiar las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y superior, es decir, universitaria.

La obligación de girar el 8% del PIB entró a regir en 2014, no obstante, en la práctica, nunca se ha cumplido, según lo ha corroborado la Sala Constitucional.

Según el presidente de la República, Carlos Alvarado, tampoco fue posible apegarse a la disposición constitucional en el 2020, pues eso habría implicado incumplir la regla fiscal que pone límite al gasto corriente del gobierno.

Aun así, el presupuesto de educación de este año es el que se ha acercado más a la meta. El 7,4% del PIB también se había alcanzado en 2017, pero con un monto que hoy representa ¢2,56 billones.

De acuerdo con la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, varios factores influyeron en la mayor asignación presupuestaria para educación de este año.

Uno, dijo, es que para este año, el Gobierno tuvo cierto margen para priorizar la asignación de recursos gracias a la aplicación de las normas de responsabilidad fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Dicha normativa da flexibilidad para que el Poder Ejecutivo pueda transferir recursos a los destinos específicos, de acuerdo con el estado de las finanzas del Estado.

La exjerarca también citó la inclusión del presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como parte del financiamiento de la educación pública, otro cambio que introdujo la reforma tributaria.

Para este año, se prevé que dicha institución opere con ¢160.074 millones.

Según Aguilar, la razón principal de que se hayan aumentado los fondos para educación, es que esta área se definió como una de las prioridades del Ejecutivo para este año, junto con la seguridad y la inversión pública.

“Esos son renglones a los cuales hubo que darles preferencia, con respecto a otros que hubo que sacrificar”, comentó la exministra, quien estuvo a cargo de la elaboración del presupuesto del 2020.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, si se excluye el pago de deuda (el cual aumentó) y de pensiones, la Ley de Presupuesto para el 2020 decrece en un 0,7% con respecto a la del 2019.

Aguilar explicó que para lograrlo, fue necesario reducir el financiamiento de algunas instituciones.

Ese fue el caso, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cuyo presupuesto decreció en un 9,3% según la información publicada por Hacienda,

Por su parte, el plan de gastos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) disminuyó en un 7,9%; el del Ministerio de Comercio Exterior, en un 6,3%; y el del Poder Judicial, en un 0,2%.

En total, once instituciones vieron sus recursos reducidos con respecto al año anterior.

Según la exjerarca, los recursos que se asignaron al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) también incrementaron el presupuesto para la enseñanza pública.

Dicha partida, según los registros de la Contraloría, crece en un 2,3% respecto del presupuesto ajustado del 2019, y asciende a ¢512.782 millones, equivalentes a 1,3% del PIB.

Aunque el Estado sigue sin cumplir con el mandato constitucional de girar el 8% del PIB a la educación, la exministra Rocío Aguilar considera que debe cambiar el enfoque sobre el giro de esos recursos.

Para la exjerarca de Hacienda, la prioridad no debe ser solo el monto por asignar, sino también los resultados de la inversión y la forma como se administran los dineros.

“Si usted repasa algunos años, se da cuenta de una subejecución de recursos importante en educación, porque quizás estaban recibiendo más incluso de lo que tenían la capacidad de ejecutar”.

“La pregunta es dejar de enfocarnos solo en la cuantía y tratar de ver también la calidad, porque el país para poder otorgar esos recursos siempre va a estar sacrificando otras áreas. Entonces, el compromiso debe ser lograr mayor eficiencia”, afirmó.

En diciembre pasado, el presidente Carlos Alvarado sostuvo que el aumento paulatino en los recursos para educación no ha implicado una mejora en la calidad del gasto, similar a lo que ha ocurrido con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

“Uno podría decir que, para cumplir con la ley tal cual, en su espíritu y palabra, métale la plata al PANI, pero no tiene capacidad de ejecutarlo, porque históricamente no lo ha hecho. Similar pasa con el Ministerio de Educación Pública”, dijo el mandatario.

En cuanto a los resultados de la inversión en educación, mediciones realizadas por organizaciones nacionales e internacionales revelan que la calidad del servicio público de enseñanza, en vez de mejorar, ha empeorado.

Por ejemplo, el rendimiento de los estudiantes de colegio cayó, una vez más, en el más reciente diagnóstico del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), aplicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2018.

Según dicha prueba, las competencias de los colegiales costarricenses en Lectura, Matemáticas y Ciencias han desmejorado desde el 2009.

Mientras tanto, el Informe del Estado de la Educación 2019 también describe que pese a la millonaria inversión, hay retrocesos en el desempeño de los estudiantes y en el manejo de los recursos.

Por ejemplo, prevalecen las clases magistrales mientras los estudiantes se limitan a copiar textos de las pizarras, y el nuevo programa de estudios de Matemáticas, que se implementó desde el 2012, sigue sin ponerse en práctica. .

Además, la cobertura de la educación universitaria lleva una década estancada, y aunque la matrícula en secundaria creció, muchos de los nuevos estudiantes reciben el servicio en modalidades alternativas que suelen ser de menor calidad que la secundaria tradicional.

Durante el periodo en que ha regido la obligación de asignar el 8% del PIB a la educación pública (2012-2019) se ha registrado un aumento en la escolaridad de los costarricenses.

Así lo revelan las estadísticas sobre escolaridad de las Encuestas Nacionales de Hogares (Enaho), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En ese periodo, por ejemplo, la población con edades entre los 18 y 24 años que no terminó la primaria bajó de un 3,34% a un 1,89%, al tiempo que la que llegó hasta sexto grado disminuyó de 14,93% a 8,79%.

En contraste, las personas en ese rango de edad que completaron el colegio aumentaron de 22,71% a 28,48%; también se incrementó el grupo de quienes se graduaron de educación secundaria técnica, el cual pasó de 2,55% a 5,34%.

En ese grupo de jóvenes, no obstante, se redujo el procentaje de universitarios, los cuales bajaron de 24,96% a 23,19%.

Entre los adultos de entre 25 y 39 años, también se redujo la proporción de quienes solo sacaron el sexto grado (pasaron de 23,43% a 17,5%), mientras que aumentaron los que hicieron algunos años de colegio (de 19,19% a 21,5%) y aún más los que sacaron el bachillerato (de 15,84% a 19,64%).

Además, los universitarios de ese grupo crecieron de 24,91% a 27,67%.

La tendencia fue distinta para las personas de más de 40 años.

En el lapso de siete años, las personas en ese grupo etáreo sin instrucción disminuyeron ligeramente, de 6,42% a 5,20%; sin embargo, también lo hizo el grupo que terminó el colegio (de 12,12% a 10,79%), lo mismo que quienes fueron a la universidad (16,23% a 15,55%).

Los grupos que aumentaron fueron quienes terminaron la escuela (de 30,49% a 32,63) y los que dejaron el colegio sin terminar (de 13,27% a 14,33%).