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Este jueves, Welmer Ramos presentó su carta de renuncia a la inmunidad para afrontar el caso por el que la Procuraduría alega que pudo haber faltado al deber de probidad. En el plenario, habló con Luis Ramón Carranza, también del PAC. Fotos: Mayela López (Mayela López)
Isabel Araya Badilla, funcionaria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), aseguró ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), que Welmer Ramos, como ministro de esa cartera, apuraba los trámites para reformar parcialmente el reglamento del cemento por “instrucciones de la Presidencia de la República”.
Así consta en las páginas 16, 17, 18 y 19 del informe del ente procurador en que se establece que el actual diputado pudo haber incurrido en faltas al deber de probidad durante su gestión al frente del MEIC, al acelerar modificaciones a reglamentos que beneficiaban al importador de cemento Juan Carlos Bolaños.
Araya, como directora de la Dirección de Mejora Regulatoria y de Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), aseguró ante la Procuraduría que Ramos, de manera verbal, le dijo que la reforma parcial al Reglamento Técnico de Cemento Hidráulico “debía salir lo más pronto posible, que nos apuráramos”.
La funcionaria, además, reprodujo esa presión en un correo electrónico dirigido a Marjorie Solera Palma, de la Oficina de Regulación Técnica, donde Araya Badilla le pidió revisar una propuesta de modificación al reglamento con la siguiente frase: “siguiendo instrucciones superiores por solicitud de la Presidencia de la República y del señor ministro del MEIC”.
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En la investigación preliminar de la Procuraduría, que finalmente envió al Congreso este miércoles y también remitió al Ministerio Público, la entidad da cuenta de la entrevista en que Isabel Araya explicó que las instrucciones para apurar esa reforma reglamentaria las daba Welmer Ramos como ministro.
Además, destaca la entidad como información relevante que el 4 de diciembre del 2014, dos días después de que Juan Carlos Bolaños Rojas inscribiera la empresa Sinocem Costa Rica ante el Registro Nacional, Welmer Ramos les envió una propuesta de reforma al reglamento del cemento.
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También destaca dentro de los hallazgos de la PEP que Ramos, en función de ministro, les pidió evaluar esa propuesta que no había salido de los técnicos del MEIC y nunca supieron de dónde vino, y les dijo que debían hacerlo con carácter de urgencia.
Ramos pidió coordinar con Presidencia
Luego de que los técnicos del MEIC analizaron la propuesta y prepararon desde sus dependencias técnicas una propuesta propia, la pusieron a consulta pública, y respondieron todas las objeciones de empresas como Holcim, Cemex, Sinocem, además de entes especializados, como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara de la Construcción y el Instituto Costarricense del Cemento y la Construcción.
A pesar de que la labor técnica se tenía que desarrollar dentro de Economía, Bolaños, por intercesión del entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, intentó incidir sobre esa propuesta de reforma reglamentaria, dice el informe.
De hecho, luego de una reunión entre Jiménez y Bolaños, el entonces director jurídico de la Casa Presidencial, Marvin Carvajal, se reunió con Bolaños.
Más adelante, por instrucciones de Ramos, los técnicos del MEIC siguieron trabajando la propuesta junto con el departamento dirigido por Carvajal, agrega el documento de la Procuraduría.
De esa coordinación hay evidencia en tres correos electrónicos y el relato sobre reuniones realizadas en Casa Presidencial, que al final determinaron en que se incluyera una norma que los técnicos en reglamentos del Ministerio de Economía no saben de dónde salió y que rechazan haber incluido ellos.
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Se trata de un nuevo acápite 7.5 propuesto para el Reglamento, que modificaba la anterior norma, donde se exigía a quien importara cemento que presentara un certificado de análisis oficial dado por una autoridad competente del país de origen del producto.
La nueva norma, tal como señala la Procuraduría, iba muy acorde con una de las pretensiones que había manifestado Juan Carlos Bolaños, y era que el certificado del producto podía ser uno “de calidad reconocido internacionalmente”, no necesariamente dado por una entidad del país de origen.
Es más, a criterio de la Procuraduría, los cambios que se fueron dando a raíz de la coordinación entre los técnicos del MEIC y los funcionarios de la Casa Presidencial iba muy acorde con las peticiones que había estado haciendo Juan Carlos Bolaños.
Incluso, la Procuraduría Ética halló que, a pesar de que la norma es que los decretos y las leyes pasen por revisión de una oficina para ese fin en la Casa Presidencial, la reforma al Reglamento del Cemento que favorecía las primeras importaciones de Bolaños se publicó con la firma de Ramos y del entonces presidente, Luis Guillermo Solís, sin la revisión respectiva y, según Isabel Araya Badilla, con errores de redacción.
