Diputada Floria Segreda, de Restauración Nacional. Fotografía: (Asamblea Legislativa)
La Fiscalía General de la República solicitó a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia desestimar la causa por presunto tráfico de influencias que llevaba en contra de la diputada Floria Segreda Sagot, del Partido Restauración Nacional (PRN).
La solicitud fue enviada desde el 18 de enero y la decisión se le notificó a la congresista este miércoles, por correo electrónico, por indicaciones de Melissa Quirós Rodríguez, fiscala adjunta de la Fiscalía General de la República.
En el documento, firmado por el fiscal general a. í., Warner Molina, se explica que nunca lograron encontrar pruebas de que la congresista hubiera influido, aprovechándose de su cargo como diputada, para frenar un embargo en su contra que había sido ordenado por un estrado judicial. Así lo dio a conocer este miércoles el medio digital Crhoy.
En su razonamiento, el jerarca explicó que se realizó una investigación en contra de Segreda Sagot, ante denuncia de un hombre de apellidos Hidalgo Muñoz, por supuestamente haber frenado, valiéndose de su cargo, el referido embargo.
El embargo buscaba que Segreda pagara las costas de un proceso judicial en que ella era la demandante en contra de Hidalgo y que, en agosto del 2012, se declaró sin lugar en perjuicio de la diputada, por lo que ella tenía que pagar las costas.
En febrero del 2019, un tribunal le embargó el salario para cubrir los ¢12 millones de las costas de aquel juicio, pero ella solicitó, a través de la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa, que no se le aplicara inmediatamente el embargo, porque esperaba una resolución de un juez penal en poco tiempo, supuestamente para suspender el proceso de embargo.
La Fiscalía General determinó que la denuncia de Hidalgo, sobre una supuesta presión indebida en realidad no tenía asidero, pues Segreda pidió un tiempo de espera a la Dirección Ejecutiva a través de vías oficiales, y no mediante presión indebida.
Por eso, la consideración del Ministerio Público es que finalmente no se trataba de una conducta delictiva de parte de la legisladora. De hecho, cuando la Dirección Ejecutiva confirmó que se había procedido conforme ella había solicitado, Segreda respondió que apenas tuviera la resolución que esperaba, la comunicaría.
“Se concluye que la imputada Floria María Segreda Sagot no realizó ninguna gestión indebida valiéndose de su cargo como legisladora, sino que, como afectada frente al embargo de la remuneración devengada como diputada, hizo una petición formal al director ejecutivo de la Asamblea Legislativa”, dice la solicitud de desestimación.
La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia confirmó la recepción del documento, pero explicó que todavía no se ha resuelto dicha petición por parte de los magistrados penales.
La Fiscalía le explicó a Segreda que no les tocaría a ellos notificarle si la desestimación es acogida por la Sala Tercera, sino a ese mismo tribunal notificar el fallo judicial, en el momento en que se resuelva la solicitud formulada.
La oficina de prensa del Ministerio Público respondió que las solicitudes de desestimación de las causas, al igual que las de sobreseimiento o acusaciones, no son de acceso público, puesto “el caso aún se mantiene en una fase privada”.
Al conocer la decisión del Ministerio Público, Segreda se manifestó “sumamente complacida” con la Fiscalía. “Una vez más se ve que el Poder Judicial está haciendo bien su trabajo”, aseguró.
Segreda también adujo que hubo errores en el proceso contra la legisladora y alegó que el proceso no tenía “ni pies ni cabeza”.
“Es importante tomar nota de esto, ya que el daño moral que se les hace a las personas cuando el Poder Judicial se equivoca es grande. No es posible que llegaran a allanar mi oficina, incluso con granadas puestas, tipo delincuente, por comentarios que los ciudadanos hicieron en ese momento”, dijo la restauracionista.