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El fiscal general de la República, Carlo Díaz, consultó a la Asamblea Legislativa cuál es el papel que desempeña la diputada Pilar Cisneros, jefa del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral.
Así consta en el oficio FGR-064-2023 que Díaz remitió al director del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, Fernando Campos, en el que preguntó si esa oficina ha emitido un criterio sobre la presencia de la oficialista en el órgano parlamentario.
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La consulta obedece a una investigación por un presunto conflicto de intereses y el supuesto delito de incumplimiento de deberes.
Díaz abrió la pesquisa desde enero pasado porque, según una denuncia, Cisneros no se abstuvo de participar en las sesiones de este foro legislativo, pese a que ella es una de las demandadas por uno de los comparecientes en la investigación legislativa, la agencia de publicidad Madison Revolution.
Madison reclama que la campaña del actual presidente, Rodrigo Chaves, no le pagó los servicios contratados para la contienda electoral. Además, reveló que recibió pagos de parte del banquero Jack Loeb y de un fideicomiso, sin que el dinero pasara por las cuentas del PPSD. La Fiscalía, además, investiga si existió una estructura paralela de financiamiento en esta campaña.
Por incurrir en un incumplimiento de deberes, el Código Penal, en su artículo 339, establece una pena de uno a cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos “al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”.
Carlos Díaz buscó conocer “si los diputados que integran la comisión creada bajo el expediente 23.324, han solicitado criterio formal y técnico sobre la participación de la diputada Pilar Cisneros Gallo en dicha comisión legislativa”.
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El fiscal general solicitó a Fernando Campos copia de los informes si estos ya habían sido emitidos.
Si bien Campos respondió, en oficio AL-DEST-OFI-030-2023, que no se ha emitido aún ningún criterio de parte del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, sí remitió observaciones que hicieron otros diputados por la presencia de Pilar Cisneros.
Específicamente, en la sesión N.º 9 de la comisión investigadora, del 28 de noviembre del 2022, los diputados Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); y Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), hicieron manifestaciones cuestionando la presencia de Cisneros allí.
“Es un asunto totalmente inmoral, antiético como las mil cosas que pasan en esta comisión también verdad, porque una señora, por ejemplo, que debería estar investigada, más bien está aquí haciendo investigación.
“Yo sé que es la preocupación de varios diputados y diputadas, que una persona que está haciendo investigación, que debería ser investigada —más bien— como compareciente pueda estar aquí en careos, haciéndoles preguntas a las personas que comparecen”, criticó el frenteamplista en aquel momento.
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Ariel Robles también añadió, en aquel momento, que Pilar Cisneros debería “dar por ética un paso al lado y que se investigue; si ella es culpable o no, eso es cuestión de que los tribunales lo señalen, pero no puede uno estar jugando de juez y parte”.
Adicionalmente, el diputado criticó que la asesora de la oficialista en la comisión sea, precisamente, la persona que la representa en esa denuncia de Madison Revolution contra ella.
Fernando Campos también consignó las declaraciones del liberacionista Francisco Nicolás.
El verdiblanco dijo que tenía las mismas preocupaciones que Robles, pues criticó que “la capacidad de ejercicio de control político de un diputado se debilita sustantivamente si usted está en los dos lados del mostrador”.
“No puede ser uno quien sirve y a quien le sirven, quien señala y quien es señalado, y eso me parece que no aplica éticamente en este país”, apuntó el legislador puntarenense.
En ese momento, la presidenta de la comisión, la también liberacionista Dinorah Barquero, dijo que dejaba planteada la consulta a Servicios Técnicos y, aunque lo hizo de viva voz, Fernando Campos aseguró que nunca llegó la consulta formal y documentada sobre la participación de Cisneros.
Cisneros figura como una de las demandadas por la agencia Madison Revolution S. A. por el no pago de $114.402, por productos elaborados para la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Dicha compañía es una de las que recibieron pagos del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera y del banquero Jack Loeb Casanova, los cuales están siendo investigados en el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por la aparente existencia de una estructura paralela de financiamiento al margen de las cuentas del PPSD, lo cual es penado por el Código Electoral.
Interrogatorio a demandantes
La noche del jueves 12 de enero, comparecieron ante la comisión en cuestión tres representantes de la empresa Madison Revolution, quienes demandaron en la vía civil a Cisneros, Jack Loeb, Rodrigo Chaves y Luz Mary Alpízar, diputada y presidenta del PPSD. La primera, haciendo uso de su investidura parlamentaria, aprovechó para interrogarlos bajo juramento.
En específico, les preguntó sobre el papel que ella había tenido en el ligamen contractual entre la empresa y la campaña. Por ejemplo, les consultó si ella había firmado algún contrato, si era la encargada de aprobar servicios o de negociar pagos y costos. Todas las respuestas fueron negativas.
Posteriormente, ante preguntas de otros diputados, los representantes de Madison, Javier Mora Rivas, Adriana Barrantes Sibaja y José Pablo Chaves Martínez, sí revelaron que era Cisneros quien definía y aprobaba la línea discursiva y narrativa de la campaña, y que incluso tenían correos electrónicos como prueba.
