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Álvaro Montoya Martínez, fiscal adjunto de la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José, contradijo las afirmaciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, sobre la detención de nueve personas que se manifestaban en Hatillo por la falta de agua cerrando el paso vial.
En una carta dirigida el viernes a la jefa de la fracción del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, el fiscal Montoya negó que las autoridades judiciales hubiesen ordenado las detenciones, a pesar de que ese fue el argumento del mandatario.
“Más que una orden de detención, lo que hice fue dar el visto bueno para que, en caso de que aprehendieran a las personas implicadas en el delito, las presentaran a la Fiscalía de Flagrancias de San José”, expuso el funcionario en el oficio 38-FICJSJ-2024.
El miércoles, consultado por un periodista del medio radiofónico Interferencia, de la Universidad de Costa Rica (UCR), Chaves respondió que el Poder Judicial había emitido la orden de detención de los manifestantes.
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“El Poder Judicial, en respeto del artículo 22 de la Constitución Política, que garantiza la libertad de tránsito, le dio la orden a la Fuerza Pública de detener a esas nueve personas. Entonces, ¿por qué usted dice las autoridades? ¿Por qué no dice Poder Judicial? Eso fue lo que pasó, la Policía acató una orden”, aseguró Chaves ese día.
Incluso, el presidente preguntó directamente al ministro de Seguridad, Mario Zamora, de quién era la orden, y el jerarca insistió en que era una orden del Ministerio Público, una orden del fiscal.
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Entonces, de nuevo, Chaves volvió a asegurar que la orden del fiscal fue “vaya, agarre esa gente y lléveselos al tribunal de flagrancia”.
“Eso fue lo que pasó. ¿Por qué me pone a pelear con el Poder Judicial?”, le reclamó el mandatario al periodista que le hizo la consulta.
Sin embargo, el fiscal Álvaro Montoya negó que la Policía tenga que recurrir a alguna orden del Ministerio Público en un caso como este. Enfatizó que no la necesita e insistió en que tampoco existió.
“De acuerdo al artículo 235 del Código Procesal Penal, la Policía puede aprehender a las personas que están cometiendo un delito en flagrancia, por lo que, para realizar una aprehensión en ese supuesto, no requiere el visto bueno del Ministerio Público”, puntualizó el fiscal adjunto.
Ante la consulta de la diputada Sofía Guillén, el fiscal relató que el lunes 18 de marzo, en la mañana, lo llamó el comisionado Rodrigo Alfaro Padilla, de la Fuerza Pública de San José, para informarle de que algunos vecinos de Hatillo estaban obstaculizando la vía pública “y que pensaban detenerlos”.
“Quería saber si los podían presentar a la Fiscalía de Flagrancias de San José, oficina que atiende las zonas de Hatillo y de Pavas, además de los casos del Primer Circuito Judicial de San José”, relató Montoya.
El fiscal agregó que, por tratarse de un delito en aparente flagrancia, él le dijo al comisionado Alfaro que podía llevar los detenidos a la Fiscalía de Flagrancias de San José “junto a la prueba para demostrar la comisión del delito”.
La misma versión que dieron Chaves y Zamora en la conferencia del Consejo de Gobierno se la planteó el ministro de Seguridad a la diputada Sofía Guillén en al menos dos momentos, primero el lunes, a las 9:41 a. m., y luego el jueves, a las 5:31 p. m.
En esos mensajes, a los que tuvo acceso La Nación, Zamora asegura que hubo una orden judicial directa hacia la Fuerza Pública, para que detuviera a esas personas.
El miércoles, 33 diputados aprobaron, por mayoría, una moción para declarar la solidaridad de la Asamblea Legislativa con los vecinos de Hatillo que están sufriendo por la escasez de agua en sus comunidades. Los siete legisladores de gobierno se opusieron a esa moción, bajo el argumento de que el gobierno está realizando su tarea para solucionar la situación.
