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El exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, reaccionó este miércoles ante la decisión de la agencia internacional, Standard & Poor’s, de calificar a Costa Rica como un país “más vulnerable” a incumplir sus compromisos financieros, en parte por el proyecto que él pidió vetar y que el presidente Carlos Alvarado decidió convertir en ley.
Se trata de la ley que liberó a las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal, iniciativa impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN), aprobada por 43 diputados y firmada por Alvarado, pese a la solicitud de veto que Chaves le planteó.
“Muchas veces, uno hubiera querido estar equivocado. Este es un ejemplo claro de esta situación para mí. La rebaja a la calificación de B con perspectiva negativa nos pone a la puerta de una calificación de CCC que significa que muchos de los fondos tenedores de nuestra deuda pública tendrán obligatoriamente que vender la deuda de Costa Rica a cualquier precio, lo que haría que tendremos que pagar tasas de interés mucho más altas o, aun peor, no poder financiar al gobierno a ningún costo”.
“Costa Rica necesita sabiduría sobre qué hay que hacer y la valentía para hacerlo. Si gana la ‘política tradicional’, perderá el bienestar del país”, expuso Chaves en una publicación en Facebook. Él confirmó la autenticidad del post a La Nación.
El 19 de mayo, pese a las advertencias de la Contraloría General de la República y del Banco Central, con 43 votos a favor y cinco en contra, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto que les permitirá a las municipalidades romper los topes al gasto corriente, el cual comprende salarios, intereses y transferencias.
Los legisladores avalaron el texto bajo el argumento de que los ingresos de los ayuntamientos bajaron por la pandemia, al tiempo que unos 40 alcaldes, funcionarios municipales y el sindicalista Albino Vargas realizaban una concentración en las afueras del Congreso para presionar por la aprobación.
La Contraloría había alertado que el proyecto lesiona el principio de responsabilidad fiscal consagrado en la Constitución Política. Además, señaló que no hay razón para eximir a los municipios de la regla fiscal y que no se exploraron espacios de ahorro
La Contraloría estimó que el plan aumentaría el gasto administrativo de los gobiernos locales en ¢90.000 millones este año.
El Banco Central, por su parte, calificó de ilógico que, ante una caída en los ingresos municipales, los diputados respondan aumentando los gastos en los ayuntamientos.
Ese mismo 19 de mayo, el entonces ministro de Hacienda le envió una carta al presidente Carlos Alvarado para solicitarle vetar parcialmente la ley.
“La Asamblea Legislativa y el Gobierno realizaron grandes esfuerzos para aprobar la Ley N°9635, Ley para el Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, por lo que no es aceptable que en este momento de crisis económica se fuesen a crear excepciones”.
“La regla fiscal es una herramienta de estabilidad para la salud de las finanzas públicas y, por ende, es el deber del Gobierno velar porque la disciplina fiscal se mantenga entre todos los actores del sector público", escribió Chaves.
Al día siguiente, el 20 de mayo, el presidente Alvarado rechazó la solicitud de veto y firmó la ley con el argumento de que el proyecto no afecta el déficit del Gobierno Central.
El 28 de mayo, Chaves renunció a su cargo. Argumentó que el presidente le dijo que tenían diferencias de estilo y, como ejemplo, puso el caso de la solicitud de veto.
Este 9 de junio, la agencia Standard & Poor’s rebajó la calificación de Costa Rica a B con perspectiva negativa entre otras causas por la aprobación del plan municipal.
“La señal negativa que envían estos eventos (eximir a las municipalidades de regla fiscal), más que un impacto presupuestario directo, pesa en la calificación (...). En nuestra opinión, estos eventos refuerzan las preguntas sobre el compromiso de la administración con la consolidación fiscal después de la pandemia”, sentenció S&P.
“Hay señales mixtas sobre el compromiso de la administración Alvarado de implementar un ajuste fiscal estructural, con un segundo cambio en el ministro de Hacienda en seis meses. Ha aumentado la incertidumbre política y podría presionar la liquidez debido a las mayores necesidades de financiamiento de los mercados locales y externos”, destacó la agencia en su comunicado.
