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El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó sobre los ataques del presidente de la República, Rodrigo Chaves, a periodistas y medios de comunicación. La advertencia fue consignada en un informe de 35 páginas sobre el ejercicio de los derechos humanos en Costa Rica, publicado este lunes.
Según ese reporte, desde la llegada del actual gobierno, en mayo del 2022, se ha observado un incremento en los ataques verbales y en la intimidación de funcionarios públicos, incluido el mandatario, en contra de la prensa crítica a la gestión gubernamental.
“Hubo informes de funcionarios del gobierno acosando verbalmente a ciertos medios de comunicación y periodistas específicos, así como el uso de recursos del gobierno para castigar a ciertos medios por informar críticamente sobre la administración.
“En agosto del 2022, algunos medios, incluido el diario digital CRHoy, dejaron de enviar periodistas a las conferencias de prensa semanales del presidente alegando problemas de acoso y seguridad”, se consignó en el informe, el cual fue presentado, en conferencia de prensa por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.
En ese documento también se incluyeron observaciones sobre la concentración de la pauta estatal en manos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y se menciona cómo esa medida ocasionó una reducción en la asignación de la publicidad pública en los medios críticos a la gestión de Chaves.
Se cita, además, el fallo de la Sala Constitucional emitido en mayo del 2023 en el que se condenó al presidente y a la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, por los ataques verbales en contra de varios medios de comunicación, en una conferencia de prensa el 9 de enero de ese año, en Casa Presidencial. Allí, cuando la exjerarca se vio vinculada con el trol Piero Calandrelli, Chaves y Chacón alegaron que fue un acto de “caridad” con la persona que estaba detrás de ese personaje y tildaron a los periodistas que informaron como “sicarios políticos”. También validaron el uso de la palabra “maldito” para referirse a un reportero de CRHoy.
En esa ocasión, los magistrados concluyeron que ese actuar constituyó “un exceso” y que podría promover el acoso contra los medios y los periodistas que fueron citados por el mandatario y Chacón.
La tendencia de Chaves en redes sociales
Estados Unidos también advirtió sobre una tendencia en las redes sociales de Rodrigo Chaves, desde donde se detectó un ataque constante a sus opositores.
“Las redes sociales de Chaves publicaban rutinariamente el contenido de otras cuentas que insultaban a sus oponentes”, se lee en ese documento, donde además se resaltó que, en febrero del 2023, el gobernante desestimó los cuestionamientos que se le hicieron a Joselyn Chacón por pagar a una persona para que acosara a periodistas.
En diciembre del 2022, La Nación reveló que Chacón le pagó a Alberto Jesús Vargas Zúñiga, la persona detrás del personaje ficticio Piero Calandrelli, por producir y publicar ataques contra periodistas en redes sociales. Un hecho que la entonces jerarca después confirmó.
Otro de los señalamientos hechos por Estados Unidos tiene que ver con un reporte recibido sobre una reducción en el acceso a la información pública durante el 2023.
En términos generales, el Departamento de Estado detectó un aumento en el acoso en línea y en la autocensura debido a las “reprimendas públicas” de la administración en contra de periodistas, políticos de oposición y otros críticos.
Corrupción en el Gobierno
En el apartado dedicado al análisis de la corrupción en el Gobierno, esa dependencia del gobierno estadounidense mencionó el caso del financiamiento ilegal de la campaña presidencial del oficialista partido Progreso Social Democrático (PPSD).
El informe detalló que, como parte de una pesquisa relacionada a una supuesta estructura de financiamiento paralelo de cara a los comicios del 2022, la Fiscalía General allanó las instalaciones del bufete de abogados donde laboró, como socio director, el actual canciller Arnoldo André Tinoco.
En ese edificio se ubican las oficinas de la sociedad ATA Trust Company, la cual administró el fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual se habría utilizado para financiar gastos de campaña al margen de la legislación electoral.
A continuación puede ver el informe completo, en su versión original, en inglés.
