EscucharEl presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, calificó de vergonzoso el trabajo de los diputados de la comisión legislativa encargada de investigar la penetración del narcotráfico en la política.
“La comisión quedó debiendo muchísimo, se la tomó muy a la ligera. No se hizo a la luz de contar la verdad, sino a la luz de no afectar el proceso electoral, esa es mi lectura. Eso es una vergüenza”, declaró el mandatario a la prensa.
Alvarado añadió que “el daño a la democracia (por la infiltración narco) sigue estando ahí” y, en su criterio, la única forma de corregir esos hechos es aprobando legislación dirigida a combatir el crimen organizado.
“Hay una serie de proyectos que se han presentado para protegernos contra el crimen organizado que deben ser aprobados”, afirmó el presidente, refiriéndose a cinco iniciativas presentadas por los supremos poderes el pasado 8 de diciembre.
Al presidente también se le consultó sobre la conveniencia de reabrir la investigación legislativa, a raíz del testimonio y las pruebas aportadas por un trabajador municipal en contra del alcalde de Corredores, Carlos Viales, sobre la construcción de un puente en una finca vinculada al presunto narcotraficante Darwin González.
Esto respondió: “Ya si se tiene que extender más o no, con el papel que se hizo, si los diputados quieren reivindicarse, yo creo que la mejor forma de hacerlo es aprobando esos proyectos y llevando la atención ahí”.
“Hay indicios claros de que hay una búsqueda de penetración en ciertas estructuras políticas, en distintos niveles, para legitimar capitales u obtener favores. Ese es un riesgo sistémico enorme. Cuando el narcotráfico ha penetrado la política, el financiamiento de campañas o el Parlamento, el golpe a la democracia es muy severo”, concluyó el mandatario.
La comisión legislativa sesionó solo en 12 ocasiones y prescindió de testimonios clave, como los de los sospechosos de la banda Turesky que obtuvieron ayuda del diputado Óscar Cascante, del PUSC, para defender sus negocios de vivienda social y turismo ante diversas instituciones públicas.
Bajo la excusa de que los casos están judicializados, la comisión evitó investigar a profundidad los contactos entre presuntos narcos y figuras como diputados, alcaldes y regidores.
El reporte ni siquiera menciona en sus conclusiones al alcalde de Corredores, Carlos Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien fue detenido como sospechoso de peculado por la construcción de un puente en la finca donde Darwin González instalaría una embotelladora de agua.
Las conclusiones tampoco hacen alusión alguna a la visita que el diputado liberacionista Gustavo Viales —hijo del alcalde de Corredores— hizo al condominio en Heredia, donde justamente fue detenido González.
Los congresistas también pasaron por alto las numerosas gestiones que realizó el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Óscar Cascante, en favor de los integrantes de la banda Turesky, grupo que al parecer se dedicaba al narcotráfico y al lavado de dinero.
El informe fue elaborado por diputados del PLN, Restauración Nacional (PRN), Republicano Social Cristiano (PRSC) e independientes.
Planes de reforma
Entre los proyectos que pide el mandatario, está una reforma para agilizar el uso del ‘testigo de la corona’, en aras de que el Ministerio Público acceda de forma más práctica a información valiosa, proporcionada por partícipes menores de los delitos, para incriminar al resto de la estructura criminal.
También aparece la propuesta que permitiría el uso como prueba de las escuchas telefónicas, previamente ordenadas por un juez, para sancionar en las instituciones públicas a empleados estatales corruptos.
Los jerarcas abogan además por regular el mercado de las transacciones de activos digitales, como el bitcóin, para evitar la legitimación de capitales y el financiamiento al crimen organizado, a través de esos intercambios que carecen de trazabilidad.
De igual forma acordaron impulsar una reforma al sistema de financiamiento de partidos políticos que, entre otras cosas, introduce el retiro anticipado del 50% de los fondos de deuda política para financiar las campañas electorales municipales.
Por último, se encuentra otra reforma que pretende reforzar la ley para incautar bienes con origen no justificado. La propuesta permite al Ministerio Público solicitar, de forma anticipada y provisional, el secuestro o la verificación de bienes o productos financieros de origen dudoso.
