Esteban Oviedo. 19 julio
Al fondo, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza; el presidente de la CCSS, Román Macaya; y el ministro de Trabajo, Steven Núñez, en reunión con los sindicatos de la Caja. Foto: Cortesía de la CCSS
Al fondo, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza; el presidente de la CCSS, Román Macaya; y el ministro de Trabajo, Steven Núñez, en reunión con los sindicatos de la Caja. Foto: Cortesía de la CCSS

Soplan amenazas de huelga por parte de sindicalistas con gabacha blanca. Se trataría de una huelga sin sentido porque los funcionarios de la CCSS no han dejado de ganar un solo cinco. Sin embargo, alguien se jaló una “torta” que puso al gobierno a correr.

El 20 de febrero anterior, casi tres meses después de firmada la reforma fiscal, el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, y tres gerentes de la institución se sentaron a firmar un acuerdo con los representantes ocho sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Sin siquiera ponerle considerandos al documento, las autoridades les concedieron a los sindicatos una interpretación de la reforma fiscal diferente a la del gobierno. Según dijo un sindicalista, se fundamentaron en un criterio jurídico de la propia Caja.

¿En dónde está el meollo del asunto? En el dinero, es un asunto de dinero.

No es tan fácil verlo, pues los sindicatos no hablan de ello tan explícitamente, sino que denuncian un "incumplimiento" del acuerdo.

Lo que ocurrió es que el presidente ejecutivo y los gerentes firmaron los siguientes puntos en torno al pago de los incentivos salariales a los que la reforma fiscal procuraba, precisamente, ponerles freno:

"1. Las anualidades acumuladas por las personas trabajadoras a la fecha de publicación de la ley 9635 (reforma fiscal) se respetarán en su fórmula de cálculo y se continuarán reconociendo y remunerando de acuerdo con el porcentaje establecido para cada puesto".

"2. Todos los incentivos, complementos, sobresueldos y pluses salariales que actualmente están definidos en términos o valores porcentajes, devengados por las personas trabajadoras a la fecha de entrada en vigencia de la ley, se mantendrán y se respetarán su fórmula de cálculo y pago".

Es decir, las autoridades de la Caja se comprometieron a seguir pagando, como porcentajes del salario, las anualidades y demás incentivos existentes antes la reforma fiscal.

Sin embargo, la reforma fiscal establece que los montos percibidos por esos pluses deben transformarse en un monto nominal fijo que permanecerá invariable para el futuro.

¿Cuál es el objetivo de ese cambio? El fin es detener el crecimiento exponencial del gasto público, pues el cálculo porcentual provoca que cada año, conforme suben los salarios base, también suben los incentivos.

En la Caja, existen diversos incentivos porcentuales aparte de las anualidades y la dedicación exclusiva, que son los más comunes en el Estado. Por ejemplo, existen los siguientes pluses:

-Consulta externa: 22%

-Carrera hospitalaria: 22%

-Carrera administrativa: 22%

-Incentivo de zona rural: hasta 24%

-Asignación de vivienda por laborar lejos de la residencia: 21%

-Bonificación adicional: 17%

(El artículo "Cuatro gobiernos inflaron beneficios a médicos en acuerdo con sindicatos" relata cómo los políticos crearon los incentivos cedieron una y otra vez a las presiones de los sindicatos)

Volvamos al asunto actual.

¿Qué dice la reforma fiscal sobre el pago de incentivos? El artículo 50, en el capítulo de empleo público, dice que el incentivo por anualidad debe migrar a un monto nominal fijo para cada escala salarial, mientras que el 54 dice así:

"Artículo 54- Conversión de incentivos a montos nominales fijos. Cualquier otro incentivo o compensación existente que a la entrada en vigencia de esta ley esté expresado en términos porcentuales, su cálculo a futuro será un monto nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a enero de 2018".

Un ejemplo:

Para entender la diferencia, es más fácil ver un ejemplo. Pongamos el caso de un médico que empezó a trabajar en 1999 y que recibe dos de los incentivos de la CCSS: anualidad (5,5%) y carrera hospitalaria (22%).

Supongamos, además, que ingresó con un salario base de ¢500.000, el cual crece a un ritmo promedio del 3% anual.

Entonces, cada vez que el salario base aumentaba, también se incrementaban los incentivos. En el segundo año, recibiría su primera anualidad por ¢28.325. Sin embargo, para el año 2018, el salario base habría subido a ¢876.000 y cada anualidad habría aumentado a ¢48.221 por cada año laborado.

Para ese momento, el funcionario tendría 19 anualidades, por lo que se le pagarían ¢916.206 por anualidades. En cuanto a la carrera hospitalaria, el plus del 22% habría subido de ¢110.000 a ¢192.885.

Así, la fórmula salarial sería la siguiente:

¢876.000 (salario base) + ¢916.206 (anualidades) + ¢192.885 (carrera hospitalaria) = ¢1.985.845.

Eso es lo pasado, que queda intocable y protegido con la reforma fiscal, ahora veamos lo futuro.

Con la interpretación del gobierno, los montos ganados por anualidades y carrera hospitalaria hasta diciembre del 2018 deben permanecer invariables, en adelante, dentro del salario del funcionario.

Así, aunque el salario base siga subiendo, el pago por carrera hospitalaria seguirá en ¢192.885 y las 19 anualidades ganadas seguirán en ¢916.206 como componentes del salario.

En tanto, las nuevas anualidades se reconocerán como un monto nominal fijo a partir de un primer cálculo, el cual corresponde a un 1,94% del salario base del 2018, es decir, ¢17.009 para nuestro ejemplo. De esa manera, por cada nuevo año laborado, este empleado recibirá otros ¢17.009.

Por su parte, con la interpretación de los sindicatos, los incentivos seguirían creciendo y creciendo porcentualmente y, adicionalmente, los gremios reclaman que se les siga pagando el 5,5% establecido en la Ley de Incentivos Médicos, en vez del 1,94%. Sobre ese asunto, la CCSS decidió consultar al Servicio Civil y, hasta la fecha, sigue pagando el 5,5%.

En resumen, veamos dos versiones de cómo quedaría el mismo salario de nuestro ejemplo en el 2025 con ambas interpretaciones.

Con la interpretación de los sindicatos:

¢1.078.295 (salario base)

+ ¢1.541.962 (anualidades)

+ ¢237.225 (carrera hospitalaria)

= ¢2.857.483
Con la interpretación del gobierno:

¢1.078.295 (salario base)

+ ¢1.035.269 (anualidades)

+ ¢192.885 (carrera hospitalaria)

= ¢2.306.451

La CCSS es la institución con la mayor cantidad de salarios millonarios del país. Allí, 417 funcionarios gana más de ¢4 millones, según un análisis de La Nación. La reforma fiscal congela esos salarios por dos años y, por cierto, parte del acuerdo con los sindicatos es que los ingresos por horas extra no pueden ser tomados en cuenta para esos casos.

Alvarado no sabía

Luego de que el presidente ejecutivo Román Macaya firmó el acuerdo, las autoridades del gobierno cayeron en la cuenta de que era la “torta” era grande, al tiempo que otras instituciones hacían consultas en el mismo sentido.

El mandatario Carlos Alvarado incluso dijo que él no supo de antemano que ese documento iba a ser firmado.

Entonces, el 22 de mayo, el presidente Alvarado firmó un decreto, junto con las ministras de Hacienda y Planificación, Rocío Aguilar y Pilar Garrido, en el que reiteran y aclaran que las anualidades ganadas y demás incentivos se deben transformar en un monto nominal fijo.

A partir de allí, las autoridades de la Caja se alinearon al decreto y lo comunicaron a los sindicatos.

Incluso, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, les propuso a los gremios un transitorio de 17 meses antes de aplicar los cambios. No obstante, los sindicatos se retiraron de la mesa y amenazan con medidas de presión.

(Video) Sindicatos de CCSS rechazan propuesta de Gobierno

La CCSS, además, tiene un problema informático que le impide aplicar los cambios en un corto plazo. La entidad aún no ha dicho cuánto tiempo le tomaría hacerlos.

¿Tendría sentido una huelga en el tanto no se le ha quitado ni se le quitará un colón a los salarios actuales de los funcionarios de la CCSS y tampoco se han ajustado las futuras anualidades? Siguen recibiendo hasta un 5,5% por año laborado.

El presidente Alvarado, por su parte, dijo que la ley se tiene que cumplir, pues para eso fue creada, pero admite que la Caja necesita tiempo para implementar los cambios.

La reforma fiscal supuso un ajuste de impuestos general y la oposición política que la aceptó lo hizo porque el proyecto incluía importantes componentes para ponerle freno al gasto público. Sería doloroso ver que el gobierno le ceda a ciertos grupos de presión, mientras todos debemos pagar este costoso Estado.