Los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobaron una moción, este miércoles, para permitir a las empresas productoras de cannabis medicinal instalarse en el régimen de zonas francas.
El ajuste fue introducido en el proyecto de ley 21.388, el cual regularía en el país la industria del cannabis medicinal o de fines terapéuticos, así como la industria del cáñamo. La moción para atraer estas empresas a las zonas francas fue impulsada por el liberacionista Roberto Thompson.
En este régimen, las empresas están exentas de impuestos en los procesos de importación de mercancías, importación de vehículos, compras locales de bienes o servicios, así como exportación. Igualmente, tienen periodos de diez años exentos de impuestos al traspaso de bienes inmuebles y patentes municipales.
Igualmente, no deben pagar tributo a las remesas ni impuesto sobre las utilidades, así como tampoco cualquier otra base imponible en relación con ganancias brutas o netas ni dividendos de los accionistas.
La moción de Thompson, eso sí, no exime a las empresas de la industria del cannabis de pagar un impuesto específico de un 1% sobre las utilidades que se crearía con esta ley.
El cannabis es una especie vegetal de la familia cannabácea, capaz de producir cannabinoides. El cannabis no psicoactivo se conoce como cáñamo, pues tiene bajo contenido de THC y no tiene propiedades psicoactivas, mientras que el psicoactivo tiene altos niveles de THC y se conoce comúnmente como marihuana.
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En cuanto a la entrega de licencias para el cultivo y producción de cannabis medicinal o con fines terapéuticos, los diputados no solo aseguraron su entrega para personas jurídicas, sino también para personas físicas.
Además, los congresistas acordaron que un 30% de las licencias será para medianos y pequeños productores, con el fin de asegurar una apertura del nuevo mercado para emprendedores, además de inversionistas nacionales y extranjeros.
Entre los medianos y pequeños productores, se consideran las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), organizaciones agropecuarias, centros agrícolas cantonales, asociaciones de pequeños y medianos productores, cooperativas agrícolas y de autogestión, así como asociaciones de desarrollo indígenas.
Según la presidenta de la Comisión de Ambiente, la independiente Paola Vega, el proyecto tiene buenas opciones políticas de avanzar en el plenario durante el mes de octubre, puesto que se invirtió mucho tiempo en allanarle el camino en el trámite de la comisión que ella preside.
“Es un texto muy equilibrado, donde se ha realizado la mejor negociación posible”, explicó la congresista.
No obstante, la diputada Mileyde Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN), dijo que a su fracción no se le tomó en cuenta en la negociación y sus mociones no fueron aprobadas.
La restauracionista dijo que no queda satisfecha con la versión construida en Ambiente, principalmente porque su fracción se opone al artículo 25 del proyecto, donde se autoriza el autoconsumo de cannabis para fines medicinales en personas físicas.
Según la restauracionista, no tiene sentido autorizar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a brindar tratamientos con cannabis medicinal y, a la vez, permitir a las personas producirlo y utilizarlo para el autoconsumo.
“No se fija un presupuesto para la vigilancia en las casas de habitación, para las personas que puedan tener esas plantas. ¿Por qué permitir a las personas tener plantas con THC (tetrahidrocanabinol) en sus casas?”, dijo Alvarado.
Agregó que su partido está a favor del cáñamo industrial, pero que no le queda satisfacción por el control, la fiscalización y la vigilancia en la iniciativa legal.
Con el fin de asegurar el autoconsumo, el proyecto autoriza a la CCSS, o al centro de salud respectivo, para que emita un carné al paciente tratado con cannabis medicinal o para fines terapéuticos. A la vez, se incluyó una frase que faculta a todos los cuerpos de policía para realizar decomisos de productos de cannabis y cáñamo no autorizado, aparte de los cuerpos que ya tenían esa posibilidad.
Los integrantes de la Comisión de Ambiente aprobaron los ajustes dentro de la etapa final de mociones de fondo según el artículo 137 del Reglamento legislativo, donde tramitaron un paquete de 88 propuestas de modificaciones al proyecto de ley.
En cuanto al trámite parlamentario, el proyecto regresará al plenario y, cuando los congresistas así lo decidan, entrará en la etapa de mociones de reiteración, donde los diputados pueden proponer mociones que se hayan desechado anteriormente, en la Comisión de Ambiente. Una vez terminado ese trámite, se podrá hacer la discusión por el fondo y la votación en dos debates.
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