EscucharEl ministro de Hacienda, Elian Villegas, se enfrascó en una nueva discusión con la Contraloría General de la República (CGR) por la regla fiscal del año 2023, la cual será aplicada por el próximo presidente de la República.
¿El motivo? La Contraloría interpreta que el tope del crecimiento del presupuesto del año entrante, estimado en 2,56%, aplica tanto para el gasto corriente, lo que incluye salarios, transferencias e intereses, como para el gasto de capital, que contempla obras públicas y equipamiento.
En cambio, Hacienda señala que la regla fiscal aplica sobre el gasto total, es decir, contemplando la suma de gasto corriente y gasto de capital. De esa manera, afirmó Villegas, el próximo gobierno tendrá margen para bajar gasto corriente y aumentar inversión capital por encima del 2,56%, o bien, bajar inversión capital y aumentar gasto corriente, por ejemplo, para incrementar transferencias. Lo importante, insistió, es el que el gasto total no supere el 2,56%.
El pulso comenzó el 11 de marzo anterior, cuando la Contraloría ordenó al ministro de Hacienda, Elian Villegas, girar instrucciones internas, en un plazo de tres días hábiles, para que se comuniquen los lineamientos de la regla fiscal para el ejercicio económico 2023 “estableciendo el mismo límite de crecimiento tanto para el gasto total como para el gasto corriente”.
Hacienda presentó una solicitud de revocatoria contra dicha orden el 16 de marzo. Villegas argumenta que la CGR hace una interpretación errada de la legislación y que dejaría al próximo gobierno atado para atender las necesidades o los escenarios que se puedan presentar.
“La ley no establece esa situación, la ley habla del gasto total. Entonces, nosotros lo que le estamos diciendo es que el planteamiento de ellos no es legalmente correcto porque, si la ley no establece una distinción, no puede un operador venir a establecer esa distinción.
“Al final es un tema de distintas circunstancias y lo que no quisiéramos nosotros es dejar al próximo gobierno limitado con algo que no proviene de la ley y ese es el punto que le estamos discutiendo a la Contraloría”, insistió Villegas.
La regla fiscal es un mecanismo de control del crecimiento del gasto público que se aplica cuando se dispara la deuda pública. Actualmente, el país está en el escenario más estricto, pues el endeudamiento supera el 60% del producto interno bruto (PIB).
El articulado de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas señala: “d) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal”.
En ese escenario, se aplican otras extraordinarias de contención de gastos como el congelamiento de salarios públicos. Además, el Gobierno no puede préstamos excepto si se trata de paliativos para la deuda pública o financiamiento de gastos gastos de capital. Asimismo, el Poder Ejecutivo queda impedido de efectuar rescates financieros, salvo aprobación del Congreso.
En setiembre de 2021, el órgano contralor señaló que el Presupuesto de la República de este año incumple la regla fiscal. Pese a que señaló que el gasto total no sobrepasa el tope de 1,79% establecido para este año, la cuenta de gasto corriente sí estaba por encima de ese límite. Desde ese momento existe el pulso entre Hacienda y la Contraloría por la interpretación de la norma.
“El proyecto de Presupuesto de la República para el año 2022 cumple a nivel de formulación con la regla fiscal en cuanto al gasto total (gasto corriente más gasto de capital), pues ese gasto (total) estaría creciendo un 1,79%; sin embargo, no cumple a nivel de formulación con dicha regla en cuanto al gasto corriente, que estaría creciendo en un 2,23%”, señaló entonces la Contraloría.
LEA MÁS: Presupuesto 2022 incumple regla fiscal en gasto corriente, reitera Contraloría
En criterio del órgano contralor, el gasto corriente no puede ser superior, independientemente que el gasto total (corriente más capital) respete el límite de crecimiento. “Se trata de una regla de gasto, que fue diseñada para que a medida que la deuda con respecto al PIB aumente, la restricción de crecimiento de gasto corriente sea mayor, y, en su escenario más gravosos, los mismo límites apliquen tanto para el gasto corriente como para el gasto total”.
La oficina de prensa de la Contraloría indicó a La Nación, que aún no ingresa a la institución la solicitud de revocatoria por parte del ministro de Hacienda.
