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Aunque solamente hace falta una lectura en el plenario de la reforma constitucional que antepone el equilibrio financiero a la autonomía de las instituciones, las dudas crecientes de los diputados frenaron el avance de la iniciativa.
Esas dudas hicieron que las fracciones ahora se replanteen el apoyo al plan y, más bien, quieran optar por archivarlo. Por lo pronto, el Gobierno anunció, a través de la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, que sacaría el plan de la agenda parlamentaria.
Se trata del expediente 22.266, que modificaría el artículo 176 de la Constitución Política, para que “prevalezca el principio de equilibrio financiero sobre las autonomías constitucionalmente garantizadas”.
Este jueves, durante la reunión de los jefes de las fracciones legislativas, y luego de que Cisneros informó de que el Poder Ejecutivo sacaría el plan de la agenda, los partidos mostraron sus amplias dudas sobre el objetivo y la verdadera necesidad del plan, pero sobre todo por lo errónea que califican su redacción.
Se supone que el proyecto buscaba evitar la creación de nuevas cargas al Presupuesto Nacional sin que se verifique la disponibilidad de recursos, pero básicamente su objetivo es que las instituciones autónomas se tengan que ajustar a la regla fiscal, en particular municipalidades y entidades como las universidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, aseguró que, si bien ella no ha visto el plan en profundidad, sus asesores le afirmaron que “técnicamente está muy malo”.
“Entonces, tal vez el camino sea desecharlo de una vez y rechazarlo. Lo pongo sobre la mesa por si hay alguna fracción que quiera discutir al respecto”, afirmó.
Uno de los problemas del proyecto es que, si bien busca amarrar las autonomías de instituciones a la regla fiscal desde el principio constitucional, elimina reformas ya aprobadas en ese mismo artículo, como el principio de plurianualidad de los presupuestos.
Jonathan Acuña, jefe del Frente Amplio, afirmó que la propuesta de reforma seguramente se basó en una versión anterior del artículo 176 de la Constitución, que no contenía ese principio de plurianualidad, y que ese es un gran error, pues entonces al aprobar el proyecto, se eliminaría una modificación incluida hace pocos años.
Acuña coincidió con el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, en cuanto a que la exposición de motivos es muy débil en la justificación del proyecto. “Si el Ejecutivo lo retira, me parece bien, porque tenemos chance a agosto para formar criterio”, dijo el jerarca del Congreso.
“No es un asunto menor, sino la modificación en la forma en que se estructura la institucionalidad. Yo preferiría no retirar el proyecto y votar la admisibilidad en contra”, acotó el frenteamplista.
El jefe del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, aseguró que hacer prevalecer el principio de equilibrio financiero sobre las autonomías es muy importante, pero reconoció que el proyecto está “pésimamente mal redactado”.
“Si hubiera consenso de cómo hacer esa reforma, podríamos ir hacia delante, y evitar que elimine la plurianualidad, porque sería un retroceso. Si nos apegamos al principio del proyecto y devolvemos el artículo de la plurianualidad, podría ser subsanable”, apuntó Feinzaig.
Al final, la decisión del Ejecutivo fue sacar el plan del camino, por lo que las fracciones deberán tomar la decisión en agosto, cuando tomen el control de la agenda.
Cuando el plenario le da tercera lectura a una propuesta de reforma constitucional, eso implica que, de inmediato, se debe poner a votación si se admite o no el proyecto para su estudio. Si se admite, se remite a una comisión con un plazo corto, para que rinda un informe. Si no, se archiva de inmediato.
