Esteban Oviedo. 1 noviembre, 2019
Las resoluciones judiciales versa sobre pensiones del Magisterio, las cuales son tramitadas por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema). Fotografia: Graciela Solis
Las resoluciones judiciales versa sobre pensiones del Magisterio, las cuales son tramitadas por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema). Fotografia: Graciela Solis

El Gobierno y la Procuraduría General de la República lograron que dos pensionados de lujo del Magisterio Nacional paguen de nuevo la contribución especial solidaria que se habían eximido de pagar por años.

Este aporte especial es una deducción creada por los diputados en 1991, en solidaridad con el resto de la sociedad, para las pensiones con montos muy altos.

No obstante, unos 340 jubilados de lujo del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional (educadores) se eximieron de pagar la contribución mediante fallos judiciales.

La administración de Carlos Alvarado decidió presentar procesos de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por medio de la Procuraduría, con el fin de reactivar el cobro de los aportes.

Este jueves 31 de octubre, el Tribunal comunicó a la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) las primeras dos sentencias en firme, las cuales revierten la exoneración “indebida” que disfrutaron dos pensionados de lujo que reciben ¢4 millones y ¢4,1 millones, informó la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte.

“A partir de esta sentencia, estas personas deberán pagar la correspondiente contribución solidaria de acuerdo con el monto de sus pensiones”, explicó la oficina gubernamental.

En el Magisterio, el aporte solidario lo pagan los jubilados con montos superiores a los ¢3,9 millones. Se trata de un cobro escalonado que oscila entre un 25% y un 75%, conforme más alta sea el monto mensual.

Para una pensión de ¢10 millones del Magisterio, por ejemplo, la deducción es de ¢2,8 millones.

Un proyecto de ley de la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, pretende que la contribución se cobre a todas las jubilaciones de Gobierno y Magisterio a partir de los ¢2,2 millones y a las del Poder Judicial, desde ¢2,6 millones.

De esa manera, se podría gravar unas 3.500 pensiones de lujo adicionales.

La Superintendencia de Pensiones (Supén) estima que, con esa reforma, el Gobierno se ahorraría unos ¢10.000 millones anuales que alcanzarían para dar 10.000 pensiones no contributivas a adultos mayores en pobreza.

106 casos más

Según un informe de la Procuraduría General de la República, citado por la DNP, están en proceso 106 casos más de lesividad, de los cuales 31 están siendo notificados, nueve en espera de audiencia de apelación y 44 en espera de fecha de audiencia preliminar.

Asimismo, un caso está en apelación ante Sala Primera, 16 esperan la realización de la primera audiencia, dos van a audiencia de conciliación solicitada por los afectados y tres en espera de dictado de sentencia.

Hasta el momento, el Estado no ha perdido ningún caso.

“Es un primer paso que en definitiva, como Gobierno de la República, celebramos por la trascendencia que implica”, dijo la ministra de Trabajo.