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Después de ser detenidos e indagados judicialmente por figurar como investigados en el Caso Cochinilla, dos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se acogieron a su pensión.
Se trata de Eliécer Rivera Campos, de 56 años, quien laboraba en el área de Ejecución Presupuestaria, y de Carmen Madrigal Rímola (61), quien se desempeñaba como directora de la Proveeduría Institucional.
El expediente judicial del caso señala tanto a Rivera como Madrigal por supuesta recepción de dádivas por parte de empresas constructoras, a cambio de darles un trato preferencial en contratos de obra pública.
Los presuntos sobornos, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), incluyeron desde dinero en efectivo en el caso de Rivera, hasta paseos a la playa y el pago de una deuda con el Ministerio de Hacienda, a favor de Madrigal, quien también integraba la Comisión de Adjudicación del Conavi.
Con la jubilación, ambos funcionarios evitan una suspensión de cuatro meses sin goce de salario, y los procedimientos administrativos abiertos en su contra, cuyo desenlace pudo haber sido el despido sin responsabilidad patronal.
Rivera Campos se pensionará a los 56 años, con un beneficio de ¢1,8 millones mensuales del régimen con cargo al Presupuesto Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Madrigal Rímola lo haría a los 61 años, con una jubilación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuyo monto no ha sido calculado.
Él se acogió a su pensión el 18 de junio, tres días después de que el OIJ lo arrestara como sospechoso de, presuntamente, haber participado en actos de corrupción relacionados con la adjudicación de obras viales.
Ella comunicó su retiro el 1.° de agosto, una semana después de que el MOPT anunciara que los 13 empleados del Conavi involucrados en el caso no recibirán su salario mientras estén suspendidos por orden judicial.
El Departamento de Recursos Humanos del Conavi confirmó la jubilación de ambos, así como la CCSS y el Ministerio de Trabajo.
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Funcionarios de larga data
La Dirección Nacional de Pensiones indicó que a Eliécer Rivera Campos se le asignó un beneficio de ¢1,8 millones al mes, luego de verificar que adquirió el derecho a retirarse desde agosto del 2020. En su trabajo devengaba un sueldo de ¢2,2 millones.
Según los archivos del Conavi, él trabajó en la institución durante 21 años, desde el 2000, cuando laboraba en mantenimiento de peajes. Desde entonces, escaló múltiples posiciones hasta llegar al rango de Profesional de Servicio Civil 3, en el área de Ejecución Presupuestaria.
Sobre Carmen Madrigal Rímola, la Gerencia de Pensiones de la Caja informó que su solicitud está en trámite en la Sucursal de Alajuela y, hasta el 10 de agosto, no se había aprobado ni denegado el beneficio.
Ella aparece vinculada al Conavi desde marzo del 2016, en la misma plaza de jefatura que mantuvo hasta que comunicó su retiro. El Conavi informó que percibía un sueldo de ¢1,7 millones mensuales.
La Caja no precisó a cuánto ascendería su jubilación; sin embargo, en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) los beneficios tienen un tope de ¢1,6 millones.
Simón Angulo, abogado defensor de Madrigal Rímola, calificó como “arbitraria” la decisión del MOPT de no pagarle el salario a los investigados y, alegó que su clienta se jubila porque es su derecho.
Agregó que la nueva condición de ella no cambia en nada su situación judicial. No obstante, sí reconoció que en la parte administrativa, para el Conavi, ya no habría interés en seguir un proceso contra su representada, ya que deja de ser servidora pública.
La Nación también contactó al abogado Jonathan López, representante de Rivera, pero al cierre de este artículo, no se logró conversar con él.
Dinero en efectivo y paseos a la playa
Según el expediente judicial del Caso Cochinilla, Eliécer Rivera habría recibido dinero en efectivo en al menos cuatro ocasiones, a cambio de gestionar el pago expedito de facturas de la constructora MECO .
Por ejemplo, el OIJ detectó que entre noviembre y diciembre del 2019, representantes de la empresa le entregaron ¢200.000 con tal de que apresurara el pago de dos líneas en cobro.
En otras tres ocasiones, se habría repartido montos de ¢608.000, ¢520.000 y ¢175.000 con otros funcionarios del Conavi.
Madrigal Rímola, por su parte, figura como una de las personas que más dádivas habría recibido, con al menos diez sobornos entre noviembre del 2019 y julio del 2020.
Con un representante de la Constructora Herrera, según palabras suyas que cita el informe judicial, mantenía una relación de “hijo” y “madre”. En apariencia, él le dio varios millones de colones en efectivo e incluso le habría ayudado con el pago de una deuda con el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con el expediente judicial, la directora de Proveeduría también se habría beneficiado con almuerzos y gastos de consumo en bares, con el patrocinio de la constructora MECO. También con paseos a Puerto Viejo, San Carlos y Jacó financiados por la Constructora Herrera y la empresa Diccoc, dice el expediente.
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Investigados tienen más de una década de servicio
En el Caso Cochinilla figuran como investigadas otras 12 personas, quienes laboran todavía para el Conavi y el MOPT.
Cada uno de esos funcionarios ha trabajado para dichas instituciones, en promedio, 11 años.
Individualmente, la mayoría tiene más de diez años en alguna de las dos instituciones o, en ambas.
Rivera Campos era el más longevo de todos, con 21 años de servicio, según los registros suministrados por el Conavi ante una solicitud de La Nación.
Le siguen dos investigados de apellidos Vega y May, quienes laboran en Ejecución Presupuestaria e Ingeniería de Proyectos, respectivamente. Ambos trabajan para el Conavi desde hace 18 años.
Quien tiene menos de trabajar para la institución es una abogada de apellido Chaves, quien está asignada en la Unidad Ejecutora del Puente Binacional en Sixaola, desde el 2018.
