Diputados limitan rebaja del marchamo 2022

Para el 2021, los diputados disminuyeron a la mitad el impuesto para los autos valorados en menos de ¢7 millones y planeaban hacer lo mismo para el próximo año.

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Por ejemplo, sin ninguna rebaja, el tributo para un auto de ¢6 millones es de ¢170.000 y, con la rebaja del año pasado, el monto disminuyó a ¢85.000. Ahora, con el texto sustitutivo, el impuesto quedaría en ¢143.700.

En términos porcentuales, la reducción pasaría de un 50% a un 21% para este vehículo.

El dueño de un carro de ¢9 millones pagaría ¢242.700 en vez de ¢278.000, es decir, un 13% menos.

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Lo que el nuevo proyecto haría, para el marchamo del 2022, es reducir las tarifas progresivas que la ley establece actualmente para gravar un vehículo. Conforme más bajo sea el valor del carro, mayor es la disminución porcentual.

La versión inicial del proyecto establecía que a los carros con valores inferiores a ¢7 millones se les descontaría un 50% del impuesto. Luego, a los que están entre ¢7 millones a ¢10 millones se les reduciría un 25% y a los que oscilan entre ¢10 millones y ¢15 millones, el 15%.

Sin embargo, la Contraloría General de la República advirtió a los diputados de que el proyecto constituye un riesgo para la recuperación de los ingresos públicos. Solo el ajuste aprobado el año pasado le quitó al Gobierno ¢60.000 millones, el 0,16% del producto interno bruto (PIB).

El proyecto de rebaja del marchamo goza de una dispensa de todo trámite, para agilizar su aprobación. El plenario legislativo conoció esta tarde las 12 mociones de fondo que se le han presentado al proyecto, de las cuales evacuó 11, incluido este texto sustitutivo que se aprobó con 31 votos a favor y 9 en contra.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, estimó que la nueva propuesta reducirá de ¢60.000 millones a ¢30.000 millones la afectación sobre los ingresos del Gobierno.

Esa moción fue propuesta por María José Corrales, jefa de bancada Liberación Nacional (PLN); Pablo Heriberto Abarca, vocero de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Jonathan prendas, coordinador el bloque Nueva República, y la restauracionista Mileyde Alvarado.

Sin entrar en detalles, Prendas explicó que el texto sustitutivo buscaría beneficiar más a los vehículos de menor valor.

Este lunes, en la votación, se opusieron al ajuste ocho legisladores del PAC y el independiente Dragos Dolanescu, impulsor de la rebaja inicial similar a la del año pasado.

Antes de que se votara la moción 11 del expediente 22.519, el oficialista Enrique Sánchez había intentado que se aprobaran otras mociones de fondo, para que las personas físicas estuvieran obligadas a presentar una declaración jurada sobre su afectación en los ingresos, para acceder al beneficio de la reducción en el pago del impuesto a la propiedad de los vehículos.

Su idea era que las personas tuvieran que demostrar una disminución en los ingresos de al menos un 50%, suspensión del contrato laboral o reducción de la jornada laboral. Para las empresas, se les intentaba pedir una declaración jurada sobre disminución de sus ingresos en al menos un 50%.

Sánchez también intentó que se eliminara de este beneficio a todos los funcionarios públicos y que, para eso, los beneficiarios firmaran una declaración jurada indicando que no tienen ningún cargo público.

La reducción para el 2022 solo excluiría a los jerarcas de las instituciones y a los diputados.

Disminuirían ingresos fiscales

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Por su parte, la jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, encaró a las fracciones de la oposición, por igualmente aprobar una propuesta que reduciría de alguna forma los ingresos del Estado.

“Se siguen generando exoneraciones también para propietarios de vehículos de valores muy elevados. No tenemos claridad sobre cuál base se establecieron estos tramos, porque ni siquiera ha salido la actualización de los valores que hace el Ministerio de Hacienda”, comentó la vocera oficialista.

Guido apuntó que la preocupación de fondo es que ya en el Presupuesto Nacional se ven las secuelas de no haber hecho esfuerzos en materia de ingresos, pues solo se ha enfocado en contención y reducción del gasto.

“Esa decisión de reducir ingresos, sea del tamaño que sea, se traduce en una capacidad menor del Estado de atender retos en infraestructura y servicios (...). Hay gente que se puede comprar un Maserati mañana y de regalito de Navidad de los diputados va a recibir un rebajito en el pago del marchamo”, dijo.

Agregó que es necesario entender que no es justo tratar como afectados y como gente sin posibilidad de aportar al Estado a los que sí tienen esa capacidad. “Al final, la gente más desfavorecida es la que va a sufrir las consecuencias, cuando use un servicio público, como el autobús, por las calles destruidas del país o no tenga posibilidad de recibir todos los insumos del Estado. ¿Es esto responsable?”, criticó.