Diputados rechazan veto de Rodrigo Chaves y resellan ley del 911

De esta manera, el plan se convertirá en ley de la República pese a la oposición del mandatario. El mecanismo exige un mínimo de 38 votos en el plenario para enviar a publicar la norma en el diario oficial La Gaceta.

A favor del resello votaron 44 diputados y en contra, nueve. Los nueve votos negativos provinieron de la fracción del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), incluyendo a María Marta Padilla, quien la semana pasada estaba a favor del resello y lloró en el plenario al término de un zafarrancho por ese tema.

Por el contrario, todos los partidos de oposición rechazaron el veto de Chaves y confirmaron la ley.

El socialcristiano Alejandro Pacheco enfatizó que no se podía esperar a que el mandatario presentara otro proyecto o le buscara otra solución al 911. “Por eso esta Asamblea, con una mayoría contundente, procedió a resellar para que sea ley de la República”, dijo.

Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó el veto presidencial como un “acto insensible” y dijo que las emergencias vividas en las últimas semanas llaman al Congreso a defender con firmeza el servicio de emergencias.

“Hoy mandamos un mensaje de solidaridad a una institución tan importante para el país y para los costarricenses. Seguiremos luchando por lo justo, aun cuando el presidente y su fracción se opongan”, dijo.

Las razones de Chaves

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La regla fiscal es un mecanismo que le impone un tope al crecimiento del gasto público. Este techo depende del nivel de endeudamiento del país y del ritmo de crecimiento económico.

El 911 había argumentado que podría entrar en cierre técnico si la regla le impedía utilizar la totalidad de los ingresos provenientes del 0,75% que pagan los usuarios de telecomunicaciones, como un recargo en las facturas de telecomunicaciones, para este servicio de emergencias.

A finales de agosto, los diputados aprobaron en definitiva el proyecto de exclusión del 911 de la regla fiscal.

No obstante, el 27 de setiembre, el presidente Chaves vetó la ley. Alegó que no se opone a eximir al 911, sino que aboga por la aprobación de un proyecto de ley para reformar en términos generales la regla fiscal.

Bajo el argumento de que es mejor un cambio integral que avalar excepciones aisladas, el mandatario planteó un proyecto que permitiría al Gobierno Central elevar en ¢140.000 millones el gasto en servicios, salarios y transferencias, en el 2023.

Ese texto excluiría los intereses de la deuda pública y el gasto de capital (obras y equipamiento) de la regla fiscal, lo que abriría más espacio para el resto de rubros a la hora de aplicar el tope al crecimiento del gasto público.

Dicha iniciativa, además, excluiría de la regla a instituciones con ingresos ajenos al Presupuesto Nacional, como el Consejo Nacional de Producción (CNP), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).

No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se opuso a este proyecto de ley.

Ante ello, los diputados quedaron a la espera de recomendaciones técnicas del FMI sobre la regla fiscal.

El último resello

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En la historia reciente, no se registraba un resello a un veto presidencial desde noviembre del 2015. En esa ocasión, la Asamblea rechazó un veto parcial que había emitido la expresidenta Laura Chinchilla contra el decreto legislativo 8975, Ley para la atención de las personas con enfermedad celiaca, y ordenó el resello de la iniciativa.

El veto de Chinchilla se había dado en agosto del 2011, contra una ley de la exdiputada socialcristiana Gloria Bejarano Almada. En aquella ocasión, el Gobierno argumentó que tenía artículos contradictorios, desproporcionados y duplicados.

También, consideró que las obligaciones de registro iban a implicar nuevos gastos injustificados y también mayores costos para empresas productoras de alimentos y medicinas, por la necesidad de etiquetar productos.