Silvia Artavia. 23 enero
Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales rechazaron aumentar, de 65% a 75%, el cobro máximo de contribución solidaria a las pensiones muy altas. Foto: Silvia Artavia.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales rechazaron aumentar, de 65% a 75%, el cobro máximo de contribución solidaria a las pensiones muy altas. Foto: Silvia Artavia.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales rechazaron una moción que pretende subir del 25% al 45% el porcentaje a partir del cual se empieza a cobrar la contribución especial solidaria establecida actualmente por ley.

El aporte solidario es un importe para las jubilaciones muy altas en solidaridad con el resto de la ciudadanía, que no ostenta una pensión de lujo.

Según la más reciente reforma a las jubilaciones de lujo, aprobada en noviembre de 2019, hoy, a estas pensiones se les cobra entre un 25% y un 75% de contribución especial solidaria.

Este martes, en la Comisión de Asuntos Sociales, donde se discute una segunda reforma a estas jubilaciones, la liberacionista Yorleny León presentó una moción para empezar a cobrar esa imposición a partir del 45%, de manera que se puedan captar más recursos mediante ese importe. No obstante, la propuesta fue rechazada por los miembros de ese foro.

De siete diputados presentes al momento de la votación, cinco se manifestaron en contra y solo dos a favor. Estos últimos votos fueron de León y de Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN).

Xiomara Rodríguez, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, alegó que la moción tiene un error de redacción y, por lo tanto, la rechazaron.

Rodríguez, quien es diputada por el partido Restauración Nacional (PRN), dijo que primero deben analizar bien la propuesta, para evitar que tenga carácter “confiscatorio”.

Hoy, con todos los rebajos de ley, la normativa no permite tasar las pensiones en más de un 55%. Lo que quiere evitar la legisladora restauracionista es que, al incrementar el porcentaje de contribución solidaria, se rebase el recorte máximo autorizado legalmente para estas pensiones.

La iniciativa de León, de empezar a cobrar contribución solidaria desde el 45%, estaba incluida en el texto base del proyecto de ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones (expediente 21.345), que discute actualmente dicha comisión.

No obstante, el 19 de diciembre, en el dictamen afirmativo que le dieron al proyecto los miembros de ese foro, decidieron que el porcentaje desde el cual se empezaría a cobrar la contribución solidaria se quedaría en 25%.

Los diputados reafirmaron su posición este miércoles, al rechazar la propuesta de la verdiblanca.

Sin embargo, León asegura que no se dará por vencida. “Tenemos todavía dos oportunidades más para cambiar este escenario. Una sería el segundo día de mociones 137, que se estará habilitando en los próximos días. El otro espacio que tenemos es reiterar mociones en el plenario y tratar de generar los votos (a favor de la moción), pero desde el plenario”, comentó la liberacionista.

Esta semana se abrió el primer período para hacer cambios de fondo, vía artículo 137 del Reglamento legislativo, al expediente 21.345.

En ese momento se presentaron siete mociones, las cuales fueron discutidas este martes en la Comisión de Asuntos Sociales. Dentro de ese grupo estaba la propuesta de León que rechazaron los legisladores.

El proyecto de ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones fue presentado, en el 2018, por el entonces diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, hoy ministro de la Presidencia.

Esta iniciativa tiene como principal propósito cerrar los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional administrados por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo, los cuales le cuestan más de ¢700.000 millones anuales a los contribuyentes.

El objetivo es pasar a esos jubilados al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y que todos se pensionen con las condiciones de este sistema universal.

Según cálculos de la DNP, de aprobarse el proyecto de ley tal y como estaba propuesto inicialmente, el país se ahorraría ¢115.000 millones en nueve años.

Sin embargo, esa economía ya no será la misma, refutó León.

Según la diputada León, con los cambios que ha tenido el proyecto, solo se percibiría un ahorro de ¢70.000 millones en nueve años.

Aprobada derogatoria de régimen ‘de inamovilidad’

De las otras seis mociones discutidas por los diputados este miércoles, tres fueron aprobadas y otras tres, rechazadas.

Una de las propuestas que recibió luz verde por parte de los congresistas la promovió Catalina Montero, del PAC.

La propuesta cierra un régimen de pensiones especial que beneficia a 720 personas pertenecientes al régimen llamado Comunicaciones-Excepciones, que agrupa a personal de los antiguos servicios de Correos, Telégrafos, Teléfonos y Radios Nacionales.

Es un sistema que forma parte de los regímenes no contributivos con cargo al Presupuesto Nacional, también administrados por la DNP.

Según esa instancia, en el 2019, dicho sistema representó un costo de más de ¢2.700 millones.

El fin de ese régimen se incorpora al capítulo de derogatorias del expediente 21.345, el artículo 4 de la Ley de Inamovilidad del Personal de Telecomunicaciones.

Ese numeral establece que “en razón de la automatización y mecanización de los servicios, o el traspaso a otra empresa o institución”, los trabajadores que tengan entre 20 y 25 años de servicio, tienen derecho de pensionarse con el 80% del promedio de los salarios de los últimos 12 meses; en tanto, quienes tengan más de 25 años de labores, pueden jubilarse con el 100% de ese promedio.

“En ambos casos, estas pensiones se concederán por medio de la ley Nº 4 del 23 de setiembre de 1940 y sus reformas, con todos los beneficios contenidos en ella”, dicta la ley.

Aunque el expediente 21.345 propone cerrar todos los regímenes no contributivos a cargo de la DNP, dentro de los cuales se encuentra Comunicaciones-Excepciones, resulta necesario reiterar el cierre de este sistema en específico.

Así opinó Luis Paulino Mora, director nacional de Pensiones, quien dijo a La Nación que considera pertinente reafirmar, con una moción, la caducidad de ese régimen, para evitar que los beneficiarios quieran echar mano de portillos de la ley más adelante.

Cotización obligatoria y topes

Otra de las mociones aprobadas este miércoles fue una del único diputado del Frente Amplio, José María Villalta. Esta propone cobrar la cotización obligatoria a 7.930 jubilados de los regímenes de Gobierno con cargo al Presupuesto Nacional administrados por la DNP.

Hoy, la ley exonera a quienes reciben menos de ¢575.400 mensuales, es decir, menos de dos veces el salario base más bajo pagado en la administración pública.

El proyecto de ley proponía eliminar esa exención y cobrarles un 9% de cotización a esos beneficiarios. Con ello, el Estado se ahorraría ¢2.645 millones anuales, según la DNP.

Sin embargo, con la moción aprobada este miércoles, se les cobrará un 2%.

La tercera moción aprobada la presentaron varios diputados. El texto consistió en la reiteración del cierre de los regímenes no contributivos de la DNP, pero dejando por fuera el de Expresidentes, pues se trata de un asunto que se abordará en un proyecto de ley por aparte, argumentaron los miembros de la comisión.

Las otras tres mociones rechazadas por los diputados fueron otra de Yorleny León, otra de Villalta y una de Rodolfo Pena, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La propuesta de la liberacionista fue cambiar el tope a las pensiones de lujo basándose en 23 veces la línea de pobreza urbana establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), y no en la fórmula de ocho veces el salario base más bajo pagado en la administración pública, como se hace actualmente.

Aunque la conversión de ambas metodologías da como resultado un monto parecido (la primera, ¢2,5 millones; la segunda, ¢2,3 millones), León insiste en que es más seguro fijar los topes de las pensiones por línea de pobreza.

Así, comentó, se evitaría que alguna entidad decida aumentar su salario mínimo y, con esto, que incremente el tope automáticamente.

La moción de Villalta rechazada proponía el cobro de cotización obligatoria, del 4%, a los pensionados de Gobierno. No obstante, la desecharon porque aprobaron una misma propuesta del diputado, pero con un porcentaje menor, del 2%.

La moción de Peña, que buscaba la derogatoria de los regímenes de Expresidentes, tampoco la aprobaron, pues la incluirán en la iniciativa sobre ese asunto en particular que preparan por aparte.