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Los diputados de la Comisión Investigadora del Financiamiento de los Partidos Políticos aprobaron, la noche del jueves, una moción para convocar en audiencia a los representantes de la agencia de publicidad Madison Revolution S. A.
Se trata de la empresa que demandó por la vía civil al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y al Partido Progreso Social Democrático (PPSD) bajo el argumento de que no le pagaron $113.495 (¢69 millones) por trabajos de propaganda confeccionados para la campaña electoral del 2022.
La agencia alega que personeros designados por el partido le encargaron los productos publicitarios que impulsaron la imagen de Chaves y candidatos a diputado, pero le ordenaron facturar los gastos nombre de la sociedad ATA Trust Company, administradora del fideicomiso Costa Rica Próspera que habría manejado un fondo paralelo para el financiamiento de la campaña, al margen de los controles electorales.
La moción para llamar a Madisson fue presentada por el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio. Se convoca en audiencia a Javier Mora Rivas, José Pablo Chaves Martínez y Adriana Barrantes Sibaja, todos de la agencia Madison Revolution.
La intención es que ellos se refieran al contrato firmado entre la empresa y el PPSD para la campaña electoral 2022.
La demanda civil empezó su trámite el 1.º de febrero y, según la agencia, obedece a trabajos no cancelados, a pesar de que fueron debidamente aprobados y aprovechados por el partido y por el entonces candidato presidencial, según había dado a conocer La Nación.
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Madison Revolution se encargó de toda la producción de los anuncios de Rodrigo Chaves, que se grabaron en el Estadio Nacional y que se pautaron en los canales 6 y 7 durante la transmisión de partidos eliminatorios de la selección mayor de fútbol, en setiembre del 2021. Incluso, cubrió el pago de maquillistas y el servicio de alimentación para la grabación.
También, produjo vallas publicitarias, sesiones fotográficas con Chaves, Cisneros y otros candidatos a diputado y pagó publicidad en redes sociales, principalmente en Facebook y Google. En cuenta, están las vallas en que aparecían de espaldas figuras políticas como el expresidente de la República Carlos Alvarado y el excandidato del PLN, José María Figueres.
Además de Chaves y el PPSD, fueron demandados la diputada Pilar Cisneros, el empresario Jack Loeb y la sociedad anónima ATA Trust Company.
Loeb fue uno de los principales financistas de la campaña de Chaves y ATA Trust fue la empresa que manejó el fideicomiso Costa Rica Próspera, que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunció, ante la Fiscalía, bajo la sospecha de que operó como una estructura paralela de financiamiento electoral.
A Rodrigo Chaves y a Pilar Cisneros se les incluyó en la demanda porque, según Madison, “tuvieron participación activa en la contratación”, sobre todo la diputada, “en el manejo y aprobación de propuestas de trabajo”, dijo el abogado de Madison, David Dumani, en marzo pasado.
A Jack Loeb y a ATA Trust se les reclama el monto no pagado más los intereses, dijo Dumani en aquel momento. De hecho, las facturas que emitió Madison por los trabajos hechos para la campaña de Chaves estaban a nombre de Loeb, tal como lo habían solicitado los entonces candidatos.
De acuerdo con Madison, solo se le hizo un adelanto de $20.091 y otro de ¢5,2 millones para pagar la pauta en los canales 6 y 7. Los pagos recibidos, según David Dumani, salieron de cuentas bancarias relacionadas con ATA Trust y el empresario Jack Loeb.
Ariel Robles explicó que la intención es conocer los criterios de los voceros de dicha empresa, pues consideran que tuvo un rol muy importante dentro de la campaña electoral del PPSD y buscan esclarecer lo que sucedió.
