Los diputados frenaron, el pasado 20 de junio, un proyecto de ley que introduciría una sanción más dura para las empresas constructoras de obras viales que incumplan sus contratos con el Estado.

A través de una moción de retrotracción, los congresistas devolvieron la iniciativa legal al trámite anterior al primer debate, dos meses después de haberlo aprobado con 41 votos en el plenario, el 20 de abril.

La idea es, en principio, mejorar la redacción del proyecto aprobado, a través de una moción de texto sustitutivo que busca detallar los casos específicos en que los contratistas viales serían inhabilitados para contratar por el Estado hasta por 10 años.

En realidad, actualmente la Ley de Contratación Administrativa permite inhabilitar a las personas físicas y jurídicas que incumplan sus contratos con el sector público, por un lapso que va de los 2 a los 10 años.

El proceso actual establece que, según las conductas en que incurran, la inhabilitación les impide contratar con todo el sector público o con la administración específica con la que incumplió.

Además, para imponer una inhabilitación, el contratista tiene que haber recibido un primer apercibimiento por un incumplimiento anterior.

El proyecto de ley, en cambio, introduce un artículo 100 ter en la ley 7494 que establece un proceso de inhabilitación particular para los contratistas que le queden mal al Estado, sin justa causa y sin necesidad de haber recibido un apercibimiento antes.

Ese nuevo proceso implicaría, básicamente, una inhabilitación de entre tres y 10 años para la persona física o jurídica que “sin justa causa, incumplan o cumplan de manera defectuosa con el objeto del contrato o infrinja los programas de trabajo pactados”.

Además, establece que la persona sancionada no podrá participar en procesos de contratación administrativa desarrollados por la administración central, la descentralizada y las municipalidades.

De acuerdo con el diputado Pablo Abarca, expresidente de la Comisión de Económicos del Congreso, desde que el plan se dictaminó, en enero pasado, él había advertido que se debían hacer cambios, ajustes y afinamientos en la redacción del texto.

El socialcristiano alegó que él intentó, antes del primer debate, reiterar una moción que ya en el proceso de comisión había perdido. Adujo que Liberación, principalmente, había optado por ir adelante en la votación.

No obstante, ahora, el proyecto se devolvió a un trámite anterior al primer debate, con el objetivo de cambiarle la redacción.

Una moción construida con aportes conjuntos de Pablo Abarca, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Karine Niño, del Partido Liberación Nacional (PLN), intenta detallar los casos en que se puede inhabilitar empresas que incumplan los contratos estatales.

“Yo estoy satisfecho (con el texto sustitutivo). Hay gente que le incomoda el proyecto, pero creo que se queda corto, yo habría incluido a todas las empresas”, dijo Abarca.

Adujo que, por ejemplo, si alguien es tan irresponsable como para dejar botado el aeropuerto de Quepos, “por supuesto que es una falta grave”. Eso sí, dijo que tiene que haber una medición de la gravedad del incumplimiento, para aplicar la inhabilitación.

Apenas estuvo en circulación esa moción de texto sustitutivo, a los diputados les llegó un documento sin firma, donde se hacen varias observaciones a ese nuevo texto.

El documento, supuestamente anónimo, pide al final que se haga una mesa de negociación con la Cámara de la Construcción. Se les preguntó, tanto a Abarca como a Niño, quién les envió ese documento. Abarca dijo que a él solo se lo dieron, mientras que Niño dijo que varios legisladores se lo enviaron.

Niño sí señaló a “exdiputados” que están actuando, pero sin referir nombres.

Las observaciones y la oposición que plantea ese documento causó que la liberacionista escribiera, en sus redes sociales, varias publicaciones donde denuncia supuestas presiones para quitarle los dientes al proyecto e intereses ocultos por frenar la iniciativa.

La verdiblanca explicó que, actualmente, es casi imposible inhabilitar a una constructora, porque se pide un apercibimiento y, para inhabilitar, tendría que reincidir en el mismo lugar, con el mismo producto y en un plazo de tres años. “Eso no tiene sentido”, dijo.

Añadió que, luego de haberse consultado entre varios diputados la moción de nuevo texto, llegó el documento con las observaciones.

Agregó que, bajo los términos actuales, contratistas que han incumplido aparecen, después, concursando en otros procesos de licitación a pesar de llevar a cuestas incumplimientos graves.

Por el momento, el proyecto no tiene una fecha de discusión fija, pero se encuentra en el cuarto lugar del capítulo de primeros debates de la agenda del plenario legislativo.