EscucharLos diputados aplicaron un frenazo al plan para regular la actividad de los food trucks, este jueves por la mañana, cuando decidieron devolverlo a la etapa previa al primer debate, por dudas planteadas por varios congresistas sobre un presunto exceso de requisitos.
Todo hacía prever que el proyecto del liberacionista Daniel Ulate sería aprobado en segundo debate. No obstante, varios congresistas se levantaron para anunciar su voto negativo.
La primera en lanzar cuestionamientos fue la independiente Paola Vega, quien criticó el hecho de que los dueños de food trucks deban pedir permisos municipales en cada cantón donde pretendan instalarse o la exigencia de que un camión de estos tenga un servicio sanitario.
A Vega la secundaron la también independiente Zoila Volio y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quienes calificaron de ilógico que se apruebe una ley que es prácticamente un reglamento de operación de estos camiones.
En un primer momento, Daniel Ulate intentó aclararle a Vega las dudas que tenía sobre el proyecto, pero al final tuvo que ceder ante los cuestionamientos de otras fracciones.
La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) solicitó dos recesos para tratar de atender los señalamientos de Villalta, a quien se le acercaron el proponente del texto y la jefa verdiblanca, María José Corrales.
Luego de esa conversación, se presentó una moción para aplicar el artículo 148 bis del Reglamento legislativo, lo que se conoce como retrotraer un proyecto al primer debate.
Técnicamente, se devuelve el expediente para que se le puedan presentar mociones de fondo y modificar su contenido, para resolver dudas, lo que obligaría a repetir nuevamente la votación en primer debate.
Entre los requisitos que exigiría la ley a un food truck figuran los permisos de salud y tributarios, así como una serie de aspectos relacionados con la estructura del vehículo.
Además, a los propietarios se les pediría un permiso temporal de la municipalidad donde se coloque el camión de comida, así como una póliza de riesgos del trabajo, inscribir la actividad empresarial ante el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y un permiso para la utilización de gas licuado de petróleo (GLP), salvo cuando no se trate de venta de alimentos.
Los empleados deberán contar, obligatoriamente, con el curso de manipulación de alimentos.
En cuanto a los requisitos estructurales del camión, este debe tener un tanque de almacenamiento de aguas residuales, un tanque de agua potable, un lavamanos portátil para usuarios, una ventana para la venta y una puerta de acceso. A ello se suma ventilación natural por medio de ventanas y rejillas, una cámara de enfriamiento que garantice la cadena de frío de productos perecederos, iluminación interna de 500 lux y, a partir de las 6 p. m., también iluminación externa.
El automotor, remolque, vehículo o unidad de arrastre que se utilice debe ser de una sola pieza, con aislamiento término, señala el proyecto.
La nueva ley también les exige depositar las aguas residuales (lavamanos, fregaderos y piletas de limpieza) en un sistema de tratamiento de aguas residuales que el Ministerio de Salud tendría que aprobar.
Adicionalmente, se les obliga a separar los residuos sólidos generados y clasificarlos según su tipo, para entregarlos a un gestor autorizado por el Ministerio de Salud.
Por otra parte, se exige a los propietarios disponer en el comercio, o mediante un tercero, de servicios sanitarios para los trabajadores y para el público en general.
En el caso de las prohibiciones, se impide arrojar desperdicios de comida o cualquier tipo de basura en la vía pública, disponer de las aguas residuales en el cordón y caño de las calles, o la obstrucción de paso a los transeúntes con sus camiones de comida.
En el caso de los plazos de la licencia comercial para el comercio sobre ruedas, queda en manos del respectivo concejo municipal determinarlos.
