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Los diputados aprobaron en primer debate, este miércoles, un proyecto de ley que permitirá que las personas planteen procesos de cobro judicial, ante los Tribunales de Justicia, con base en facturas electrónicas.
La iniciativa, de la liberacionista María José Corrales, modifica el artículo 460 del Código de Comercio (ley 3284) para añadir la posibilidad de fundamentar los procesos judiciales en documentos electrónicos.
El plan fue aprobado por 43 legisladores, en su trámite de primer debate.
La redacción actual de ese artículo dice literalmente: “La factura será título ejecutivo contra el comprador por la suma en descubierto, si está firmada por este, por su mandatario o por su encargado, debidamente autorizado por escrito y siempre que se le agregue timbre fiscal en el acto de presentarla al cobro judicial. El valor del timbre será el que correspondería a un pagaré y se cargará al deudor como gastos de cobro. La suma consignada en una factura comercial, se presume cierta y las firmas que la cubren, auténticas”.
Con la reforma planteada por Corrales, se introdujo un tercer párrafo en ese artículo, que dice: “También será título ejecutivo la factura electrónica, es decir, que conste en documento digital, siempre y cuando cuente con la firma digital del comprador o su mandatario debidamente autorizado”.
Para el caso del timbre fiscal que corresponda a la factura, la iniciativa aprobada dice que “deberá agregarse a la copia impresa de la factura digital que se aportará a la demanda junto con el respaldo digital de la original”.
De acuerdo con Corrales, se trata de una ley que busca facilitarle la vida al ciudadano y al microempresario, para reactivar la economía.
La verdiblanca explicó que mantener la norma original, que solo permite plantear procesos de cobro con base en facturas en físico, es un contrasentido enorme, “en momentos en que el país rige la factura electrónica”.
Cuando plantó el expediente 21.364, Corrales enfatizó las bondades de que el mundo se enrumbe hacia la digitalización de los procesos, y criticó desde su propuesta que se evite, evada y contrarreste los procesos de digitalización, como un retroceso en la dinámica innovadora de los procesos de tramitación.
La diputada dijo que el proyecto procura eliminar la barrera se ha venido manteniendo en los juzgados civiles, que hasta el momento no aceptan las facturas electrónicas los procesos de cobro judicial, pese a la obligación de Hacienda de emitir ese tipo de comprobantes.
Argumentó que quienes buscan recuperar dinero por la vía judicial se han encontrado con la “negativa por parte de los juzgadores”, dijo la congresista en la exposición de motivos del proyecto.
Esa barrera se mantenía pese a la normativa que plantea que los documentos digitales y los físicos tienen la misma validez, lo cual no se ha venido aplicando en juzgados civiles de cobro judicial, en tribunales civiles ni en la Sala Primera de la Corte Suprema.
Estos juzgados han exigido, por vía jurisprudencial, que en el Código de Comercio se diga, literalmente, que los documentos digitales tienen validez como títulos ejecutivos.
Como prueba de eso, Corrales apuntó sentencias que han venido rechazando la factura electrónica como título ejecutivo, bajo el argumento de los juzgadores de que “no constituye documentos idóneos para el reclamo de obligaciones dineraria a través de procesos monitorios de cobro”.
Sin embargo, la verdiblanca enfatizó que la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos señala que ese tipo de comprobantes tienen “fuerza probatoria en las mismas condiciones que los documentos físicos”.
