Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/BIZYJJPYAFCJLKYOFC5TLNTIJI.JPG)
Diputados reclamaron que la mayoría del financiamiento no iría directo a los pescadores, sino a la institucionalidad. (Albert Marín.)
Los diputados aprobaron este martes, en primer debate, un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $75 millones para financiar un programa de desarrollo sostenible de la pesquería, en manos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
La iniciativa recibió 31 votos afirmativos, mientras que 10 legisladores votaron en contra, bajo el argumento de que no avalarán más empréstitos para el gobierno de Carlos Alvarado.
Los votos negativos fueron de Pablo Abarca, José María Guevara y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Daniel Ulate, de Liberación Nacional (PLN); Wálter Muñoz y Patricia Villegas, de Integración Nacional (PIN); Melvin Núñez, Xiomara Rodríguez y Floria Segreda, de Restauración Nacional (PRN), y el independiente Dragos Dolanescu.
Para su aprobación en segundo debate, el expediente requiere de al menos 38 votos afirmativos, por tratarse de un empréstito internacional.
El expediente 22.366 tiene el objetivo de fortalecer la gobernanza y la administración de los recursos pesqueros, mediante apoyo técnico para evaluar las políticas y opciones regulatorias de vigilancia y administración eficaz de la pesca oceánica y costera.
También, obliga a una revisión del gasto público e institucional del Incopesca, así como a una evaluación del Plan Nacional de Pesca y Acuicultura.
El proyecto busca el fortalecimiento de los sistemas científicos y de información, con enfoque en servicios al usuario, monitoreo y vigilancia, información estadística y conocimiento tradicional.
Por otra parte, la propuesta es que el Incopesca mejore sus métodos para evaluación de poblaciones, el monitoreo de variables biológicas, climáticas y socioeconómicas relacionadas con la pesca, además de producir investigación para anticipar y mitigar impactos climáticos y otra información clave para la administración eficaz de la pesca.
Aunque uno de los componentes de la propuesta es invertir en cadenas de valor pesqueras sostenibles, a través de infraestructura clave con enfoque en pescadores locales y agricultores pesqueros, los diputados Melvin Núñez y María Inés Solís negaron que el crédito vaya a impactar en las comunidades costeras.
Ellos alegaron que una buena parte, cerca del 75% del financiamiento, iría a la institucionalidad.
“El Gobierno solo trae créditos o impuestos. En eso se basa la estrategia del PAC”, reclamó Solís. Añadió que otros diputados lo aprobaron como una muestra de confianza a “un gobierno en el que no se puede confiar”.
Del otro lado, el frenteamplista José María Villalta manifestó que es irresponsable rechazar un financiamiento que destina recursos a las comunidades más olvidadas, como las costeras.
“Haber rechazado un préstamo como este, cuando rara vez destinamos recursos a las comunidades costeras, sería terrible”, dijo.
Añadió que, de todas formas, ese financiamiento le tocará ejecutarlo al próximo gobierno, por lo cual calificó que rechazarlo es un crimen para los pescadores.
