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Una de las leyes aprobadas durante la legislatura 2019-2020 es la que regula el derecho a la huelga. Dicho proyecto lo impulsaron los liberacionistas Yorleny León y Carlos Ricardo Benavides, quien ese año fue el presidente del Congreso. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
La legislatura que transcurrió entre el 1.° de mayo del 2019 y el 30 de abril del 2020 se posicionó como la más productiva que ha tenido el Congreso en los últimos 34 años en cuanto a la promulgación de leyes sustantivas.
Así lo identificó el Programa Estado de la Nación (PEN) en su más reciente informe, el cual incluye un análisis de la productividad legislativa en el segundo año de labores de los legisladores actuales.
El Estado de la Nación clasifica las leyes aprobadas según el impacto que tengan en el desarrollo humano del país, las de mayor incidencia las cataloga como “sustantivas” y las de menor peso como “no sustantivas”.
En el periodo 2019-2020, la Asamblea aprobó 100 leyes que el PEN consideró como sustantivas. De acuerdo con el informe, esa es la cifra más alta de las últimas tres décadas y media.
Las normas significativas para la población significaron un 63% de la producción del Congreso en ese año, en el cual el Directorio lo presidió el liberacionista Carlos Ricardo Benavides.
En el periodo anterior, 2018-2019, bajo la presidencia de Carolina Hidalgo, del PAC, la Asamblea aprobó 36 leyes sustantivas, un 31% de las aprobadas en el primer año de labores de los actuales diputados.
En términos de producción total, el PEN también registró un hecho relevante.
El periodo anterior, el 2019-2020, los diputados aprobaron un total de 159 leyes. En las tres décadas y media previas, la única ocasión en que la cifra fue superior fue en el periodo 2001-2002, cuando se avalaron 178 normativas.
“La legislatura 2019-2020 es el segundo período más productivo en 34 años, con 159 leyes aprobadas en total; por lo que se ubica en un lugar inferior al de la administración Rodríguez Echeverría, pues esta reportó 178 normas en el último año legislativo 2001-2002”, recoge el informe.
En su edición anterior, el estudio del PEN también reconoció la eficiencia de la Asamblea Legislativa al concluir que, en el 2019, Costa Rica no entró en crisis económica ni política porque “el sistema político pudo dar respuestas oportunas” para evitarlo.
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Ese año, se aprobaron 117 leyes y, en la segunda legislatura, la cifra aumentó en 42 proyectos más.
Más leyes sustantivas en año 2019-2020
De 159, 100 fueron sustantivas
“Este comportamiento sugiere un mayor protagonismo del actual Poder Legislativo en la definición de mandatos legales que afectan, de una u otra manera, la evolución del desarrollo humano del país”, dice el Informe del Estado de la Nación, 2020
Los investigadores hacen una advertencia: una alta productividad no necesariamente refleja “calidad, progresividad o pertinencia de las leyes”. Ese es un análisis distinto que el informe no hace.
Entre las leyes “sustantivas” promulgadas antes del impacto de la pandemia de covid-19, el PEN destaca la que reguló el teletrabajo, la que frena los abusos en las huelgas, la educación dual y las que permitieron la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Este es un comportamiento poco usual cuando se contrasta con las tendencias de largo plazo en esta materia, especialmente si se considera que el Directorio legislativo estuvo controlado por las fuerzas opositoras en 2019-2020, y que la actual Asamblea Legislativa es una de las más fragmentadas de las que se tiene registro”, señalan los investigadores.
¿Cómo se alcanzó tan atípica productividad?
La investigación descartó que la alta producción legislativa se explique por una mayor iniciativa en la presentación de proyectos por parte del Poder Ejecutivo. Tampoco fue significativa la aprobación de proyectos iniciados en periodos anteriores. Los diputados no se apartaron del criterio de sus líderes de fracción y la reforma al reglamento legislativo influyó poco.
En cambio, los investigadores ven más factible que la tendencia se deba al debilitamiento de los actores legislativos con capacidad de bloqueo.
“Un veto player (como se les conoce en inglés) es un individuo o un grupo de ellos, cuyo respaldo es indispensable para que se apruebe una ley o una iniciativa”, explica el informe.
Los investigadores señalaron que, cuando el Poder Ejecutivo lo controlaban los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), los principales actores con capacidad de veto fueron bancadas numerosas de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario y Frente Amplio (FA), las cuales mantuvieron posiciones más alejadas del Gobierno.
Ahora, el PAC suma dos administraciones en el rol de oficialismo, el FA tiene mayor afinidad con el Ejecutivo y el Libertario desapareció. Restauración Nacional surgió como posible veto player, con 14 curules.
Sin embargo, dicho potencial se desinfló rápidamente cuando siete diputados se separaron y formaron un bloque independiente, el cual, según el informe, “carece de una línea ideológica definida”.
El segundo factor que sopesa el PEN para explicar la eficiencia en el Congreso, tiene que ver con el contexto en el que a los diputados les tocó legislar.
Tanto el PLN como el PUSC se vieron obligados a evaluar las consecuencias de convertirse en veto players, luego de perder dos elecciones presidenciales consecutivas y con la amenaza permanente de una crisis económica.
“Desde un inicio, la presente administración ha tenido que gobernar en tiempos extraordinarios. En estas circunstancias, los principales partidos han reconocido que el bloqueo y el atoramiento político son parte de una estrategia de perder-perder con altos costos políticos”, apunta el informe.
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Sofía Chinchilla Cerdas
Periodista en la sección de Política. Graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo, en la Universidad de Costa Rica.
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