Diputados aclararían requisitos para aplicar cláusula de escape de regla fiscal

Esa propuesta, afirmó el congresista socialcristiano, surge a raíz del informe que la Contraloría General de la República (CGR) emitió en diciembre anterior, el cual señala que el presidente Carlos Alvarado eximió a instituciones del tope de gastos sin justificar los motivos.

El mandatario no justificó puntualmente a los diputados las razones por las que liberó de la norma de contención de gasto al Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

De acuerdo con Abarca, el proyecto de ley establecería una serie de requisitos para poder activar la cláusula de escape fiscal, con el propósito de que el trámite tenga trazabilidad y se establezcan claramente quiénes son los responsables de estas acciones.

“Estamos estableciendo unos requisitos de manera que esos escapes sean controlados y que, obviamente, tenga un procedimiento que deje huella: quién es el responsable, quién es el que autoriza y cómo se repone eso en el tiempo”, manifestó Abarca.

El jefe de la bancada socialcristiana añadió que evalúan hacer una diferencia entre el gasto del Presupuesto Nacional y el gasto generado por algunas otras rentas. “Eso no significa que más bien sea la escapatoria de la regla fiscal, sino que definiría con claridad cuándo es que es indispensable para controlar el gasto corriente y de presupuesto, y en otras que se puede ser flexible, porque no tiene consecuencia con lo que pretende la herramienta”.

“Este proyecto está centrado en la válvula de escape, pero la forma correcta de hacer un análisis de cuáles instituciones requieren de una flexibilización es ver cuánto dinero gastaron y cuánto dinero tienen ahí disponible”, agregó.

Cláusula de escape en pandemia

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La regla fiscal es un mecanismo de control de gasto establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 2018. La norma le impone un techo a las erogaciones de acuerdo con la situación fiscal del país. Actualmente, el país está en el escenario más estricto, pues la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB).

Para el 2021, el tope de crecimiento de gasto fue de un 4,13% con respecto al año trasanterior. Sin embargo, la reforma fiscal previó una válvula de escape que se aplica en caso de emergencias nacionales declaradas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

En agosto pasado, el presidente Alvarado y el ministro de Hacienda Elian Villegas, autorizaron la aplicación de la cláusula de escape para el CNP por casi ¢43.000 millones, sin explicarle las razones al Congreso, lo que generó molestia entre los diputados de los partidos de oposición.

También se autorizó la misma excepción para el MEP por ¢41.500 millones y al INA por ¢20.000 millones. Adicionalmente, para el ejercicio presupuestario 2022, se contempla otra cláusula para el INA con el fin de ampliar la cobertura y servicios para reforzar la empleabilidad de las personas.

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En abril de 2021, el gobierno comunicó la aplicación de ese mismo beneficio al Ministerio de Salud, por un monto de ¢40.500 millones. En este caso sí había una clara relación con la emergencia por covid-19, pues los fondos iban destinados a la compra de vacunas.

La investigación de la CGR determinó que los oficios donde el Poder Ejecutivo comunicó a la Asamblea Legislativa la aplicación de cláusula de escape, no especifican el sustento técnico ni jurídico desarrollado por la CNE y el Ministerio de Hacienda.

Al respecto, Alvarado manifestó que discrepa “absolutamente” de la opinión de la Contraloría” y anunció que así se lo expresarán al órgano contralor.

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