Política

Ivonne Acuña devuelve hasta placas de diputada, pero sin renunciar al cargo

Este martes, a las 8 p. m., la diputada independiente Ivonne Acuña envió un correo electrónico a la Presidencia de la Asamblea Legislativa y a la Dirección Ejecutiva, en el que se comprometió a devolver hasta las dos placas de carro que la identifican como legisladora, pero sin aclarar si renuncia a la curul por las siete semanas que restan del periodo parlamentario.

En el correo, expone que también devolverá la tarjeta de combustible, el teléfono, la computadora portátil y el dispositivo de ingreso al edificio legislativo, así como el dinero recibido por gasolina. Añade que reducirá el personal de su oficina en los próximos días.

Incluso, comunicó que renuncia a toda remuneración como congresista a partir del 1.º de marzo, luego de que había afirmado públicamente que también devolvería el salario que le depositaron por el mes de febrero, que no laboró.

Así lo dio a conocer este miércoles Noticias Columbia. La congresista no se presenta a labores desde diciembre, cuando salió del país rumbo a Estados Unidos, donde aún se encuentra.

En la respuesta que le remitió la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, le aclaró a Acuña que las devoluciones las tiene que resolver la administración.

Además, la presidenta del Congreso le preguntó a la independiente si está renunciando a la diputación. Más tarde, Acuña le respondió, nuevamente por correo electrónico, que en ningún momento dijo que renunciaría y que, si lo hace, no se lo comunicaría a ella, sino directamente al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El pasado 9 de febrero, La Nación publicó que Acuña seguía recibiendo salario, pese a llevar -en ese momento- dos meses fuera del Congreso y del país. El jueves 10 de marzo, este medio publicó, además, que en un solo día, la congresista consumió ¢3,2 millones en el combustible que la Asamblea les asigna a los legisladores como una ayuda técnica para sus labores parlamentarias.

El año pasado, entre junio y setiembre, la independiente había acumulado permisos para ausentarse del Congreso por 63 días, periodo durante el cual salió del país, con goce de salario.

Adicionalmente, pidió un permiso de ausencia del 14 al 23 de diciembre del 2021, bajo un mecanismo permisivo para los diputados, que les deja cobrar salario con solo presentar una carta que dice que se ausenta “por motivos de salud”.

Ivonne Acuña salió el 11 de diciembre con rumbo a Estados Unidos y, desde entonces, no ha regresado, pero cobró salario casi completo en diciembre, enero y febrero.

Entre diciembre y febrero, la diputada recibió en remuneraciones, pero no asistió en ningún momento, y alegó que se encuentra en Estados Unidos, con asistencia médica, en medio de una crisis de una enfermedad crónica que padece desde hace 10 años.

Este martes, el Directorio legislativo reformó el Reglamento de ausencias de diputados, vigente desde 1993, que les ha permitido a los congresistas ausentarse constantemente sin presentar comprobantes médicos y sin que se les obligue a presentar una incapacidad, cuando se deba a padecimientos de salud.

Ahora, están obligados a cumplir con el Reglamento de Incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sobre la situación de Ivonne Acuña, Silvia Hernández respondió que, si el plenario no cuenta con sus 57 miembros, es obligación de la presidencia legislativa informarlo al TSE, como sucedió en el caso de la renuncia de María Inés Solís, en febrero, y del fallecimiento de Rodolfo Peña, en julio del año pasado.

“En este caso, como no había claridad y para que no quedara después ese proceso inconcluso, se le consultó, pero doña Ivonne, de forma reciente, aclaró que ella se mantendrá en sus funciones constitucionales como legisladora, entiendo por su respuesta, hasta el 30 de abril, como el resto de los diputados”, indicó.

Hernández apuntó que, si tomara Acuña una valoración distinta, tendría que informarlo a la Asamblea.

La legisladora enfatizó que la presidenta del Congreso no es la máxima jerarca de los diputados y cada uno tiene un “mandato y un juramento constitucional que implica deberes y responsabilidades, pero ese mandato es a través de una elección”.

“La única o único que puede tomar una decisión es el diputado o diputada, de manera que no puede nadie, ni esta presidencia, señalar nada distinto, más que la obligación de tener absoluta claridad de si la diputada continúa ejerciendo sus funciones constitucionales o no”, apuntó Hernández.

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