Por una abrumadora mayoría, los diputados ratificaron el informe de la Comisión de Gasto Público que recomienda la inhabilitación del expresidente Luis Guillermo Solís para ejercer cargos públicos por cuatro años.

Luego de una discusión que se extendió por poco más de cuatro horas, 40 legisladores votaron a favor de las recomendaciones que lanzó la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público en abril.

En contra, votaron 9 congresistas, básicamente miembros del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes negaron que el caso conocido popularmente como “hueco presupuestario” se trate de un caso de robo o sustracción de fondos públicos.

Básicamente, los diputados insisten en la responsabilidad del exmandatario y de Helio Fallas, ex vicepresidente y exministro de Hacienda, por no haber presupuestado los ¢600.000 millones necesarios para pagar bonos de deuda pública durante el 2018, lo que generó un hueco en el presupuesto.

Según el informe del foro investigador, firmado por ocho de sus nueve miembros, Solís ocultó adrede el tamaño real de la deuda del momento, a pocos meses de las elecciones que finalmente ganó el candidato del partido de gobierno, Carlos Alvarado.

Aparte de solicitar la inhabilitación para Solís, los parlamentarios le piden al Ministerio Público que investigue una posible comisión de delitos por parte de siete funcionarios públicos, particularmente del Ministerio de Hacienda.

Los congresistas suponen que se incurrió en incumplimientos civiles y penales, por lo que piden a Emilia Navas que proceda con las pesquisas necesarias.

Para ello, precisamente, enviarán el informe legislativo aprobado en el plenario del Congreso.

Paola Vega, quien suscribe el informe de minoría, aseguró que ella también enviará su propia versión de la investigación a las oficinas de la Fiscalía, para que se tomen en cuenta sus conclusiones.

En abril, luego de una investigación de casi nueve meses, los legisladores de oposición, principalmente, afirmaron que podrían recaer sanciones civiles y penales sobre el propio Luis Guillermo Solís.

Además, señalaron a Fallas y a Marta Cubillo, actual tesorera nacional y ex viceministra hacendaria; así como a Marjorie Morera, exdirectora de Presupuesto Nacional; Julio Espinoza, exdirector de Crédito Público, y Melvin Quirós, actual director de Crédito Público.

Entre las conclusiones de los congresistas del foro sobre Gasto Público, consideran que también Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, podría haber incurrido en faltas civiles, por pagar hasta ¢400.000 millones de vencimientos de deuda sin contar con la autorización requerida del Congreso.

Aparte de ese monto, también el gobierno de Solís, antes de su cierre, había pagado ¢188.000 millones en vencimientos de deuda sin contar con las debidas autorizaciones legislativas en el Presupuesto Nacional 2018.

Así lo aseguran los ocho firmantes del informe de Gasto Público con los resultados de la investigación del hueco presupuestario: Yorleny León, Luis Fernando Chacón y Franggi Nicolás, del PLN; Pedro Muñoz, del PUSC; Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional; Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), el independiente Erick Rodríguez Steller y Jonathan Prendas, del bloque independiente fabricista.

Intenciones electorales de Solís

Para la mayoría de los diputados, básicamente las intenciones que tuvo Solís para ocultar el tamaño real de la deuda eran de índole electoral.

Así lo expusieron esta tarde en el plenario del Congreso el fabricista Jonathan Prendas, quien presidió la Comisión de Gasto Público durante la investigación legislativa, y los liberacionistas Yorleni León, Franggi Nicolás y Luis Fernando Chacón.

“Nueva República es contundente en señalar a Luis Guillermo Solís y su equipo económico. Las responsabilidades tienen que sentarse en sede judicial”, dijo el congresista.

Para León, además, el expresidente habría hecho declaraciones falsas, al sustentar que el Presupuesto 2018 tenía aval de la Contraloría, pues la verdiblanca insistió en que el ente contralor simplemente certifica los ingresos previstos.

“Es mucho después que la Contraloría emite un informe técnico sobre el Presupuesto, donde viene a improbarlo. La Contraloría es clara y contundente en que no avala ese Presupuesto y dice que tiene serias debilidades sobre la razonabilidad de las cifras y la calidad de la información”, dijo la diputada.

De acuerdo con León, el “hueco presupuestario” es una confabulación política sin precedentes, porque enfatizó que “se manipularon los datos frente a un año electoral”.

Su compañera de bancada, Franggi Nicolás, redirigió sus ataques hacia la administración de Carlos Alvarado, porque aseguró que continuó con la ilegalidad, hizo pagos sin permiso de los diputados y “se quedó callado como lo hizo su antecesor”.

Los oficialistas Paola Vega, Víctor Morales Mora y Welmer Ramos insistieron una y otra vez en que no hubo dolo, y que no se trata de un caso de robo ni sustracción de fondos públicos.

Con un grito en medio plenario, Pablo Abarca, de la Unidad Social Cristiana, aceptó que no hubiera ladrones en la escena del caso, “pero sí inútiles”, sentenció.

El argumento de Helio Fallas, de que no sabía nada sobre esos faltantes presupuestarios, no tiene creyentes en muchas de las curules.

Mientras tanto, en el PAC sí le toman nota y señalan a la Dirección de Crédito Público y sus jerarcas, como responsables del hueco en el plan de gastos del 2018.

“Aquí nadie se robó dinero, lo que llaman hueco fiscal o faltante presupuestario es pago de deuda sin autorización de la Asamblea, no plata que alguien se robara”, dijo Paola Vega.

Si bien reconoció que el pago fue ilegal, reiteró que no lo ve como un robo, ni dolo, ni mala fe. De hecho, aprovechó su discurso para pedir que otros casos de investigaciones parlamentarias, como Yanber, Soresco, Hidrotárcoles se discutan también en el plenario.