EscucharLa Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda acordaron que, en la negociación de la deuda del Estado con la CCSS, se dará prioridad a la forma de honrar el impago de las cuotas estatales al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Este enfoque busca facilitar la concreción de un acuerdo para cubrir el pago de pensiones, independientemente de las discusiones que queden pendientes sobre la deuda más significativa, relacionada con el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).
La Auditoría de la CCSS calculó la deuda del Estado en ¢3,3 billones, para agosto de 2023. Hacienda no reconoce esta cifra y exige un análisis exhaustivo de los cobros para verificar si son reales, especialmente en el Seguro de Salud.
En contraste, la morosidad con el IVM se estima que alcanzará los ¢600.000 millones al finalizar el 2023, como resultado del incumplimiento en el pago de las cuotas estatales que el Gobierno está obligado a pagar para contribuir al financiamiento de las pensiones de los asegurados asalariados, independientes y voluntarios.
La CCSS propuso a Hacienda priorizar la deuda del IVM, por considerarla “un tema más manejable y fácil de conciliar que la deuda con el sector Salud”, según había explicado el gerente de pensiones, Jaime Barrantes.
“Efectivamente, el proceso de conciliación conlleva el SEM y el IVM, pero ambas entidades acordaron priorizar lo correspondiente al IVM”, indicó la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda, ante una consulta de La Nación.
La CCSS estima que este año tendría que tomar dinero del capital de la reserva para cubrir un faltante de ¢51.000 millones en los recursos necesarios para pagar las pensiones en curso.
Registros bajo análisis
En las últimas semanas, la CCSS se ha abocado a trasladar a Hacienda los registros por los servicios que cobra al Estado; se trata de millones de datos, correspondientes al periodo 2015-2018.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, condicionó la firma de un acuerdo a la ejecución de un análisis exhaustivo de esta información, pese a que ya existe un informe que ambas instituciones suscribieron en marzo del 2022.
El documento, suscrito por los anteriores jerarcas de la CCSS y el Ministerio de Hacienda, contiene un total de 227.842.814 registros, de los mismos tres años que están actualmente en discusión.
Un 10,69% de lo total de los datos consignados en ese documento, fueron cuestionados por el Poder Ejecutivo, en la pasada administración, de acuerdo con el auditor interno de la CCSS, Ólger Sánchez.
Sin embargo, para el ministro Acosta, es necesario hacer esta revisión, porque, en su criterio, los 180 programas informáticos con los que cuenta la CCSS “no dan datos fidedignos”.
La Nación consultó a Hacienda si los registros analizados también son necesarios para el proceso de diálogo vinculado con el IVM o si se solicitó a la CCSS otro tipo de documentación; no obstante, al cierre de este artículo no se había recibido respuesta.
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La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, lideran las negociaciones sobre la deuda del Estado a los seguros de Salud y de Pensiones. Foto. Archivo LN
Intercambio de información con contratiempos
El traslado de la información necesaria para avanzar en las negociaciones, también ha enfrentado contratiempos, según reconocieron tanto la CCSS como Hacienda.
“En el proceso de revisión de los registros que sustentan los cobros que hace la CCSS por concepto del IVM al Estado, se evidenció que la información suministrada no cumplía con el formato pactado entre el Ministerio de Hacienda y la CCSS, aspecto que se le comunicó a la entidad de salud”, indicó la oficina de prensa de Hacienda.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, reconoció esta situación durante la sesión de Junta Directiva número 9381, del pasado 2 de noviembre.
“Incluso tuve que reunirme el martes en la noche (el 31 de octubre), con funcionarios institucionales, porque, después de que le había dicho a don Nogui (Acosta) que ya toda la información solicitada la tenían ellos, resulta que mandamos los archivos mal”, declaró Esquivel.
Una vez que Hacienda cuente con toda la información, “de manera completa y en los formatos acordados por ambas instituciones”, procederá a analizarla y corroborarla. El tiempo que tome efectuar esta verificación, dependerá de la cantidad de los registros.
Al concluir con la evaluación de los datos, Hacienda procedería a realizar los cálculos del monto a pagar.
Marta Acosta cuestiona sistemas de la CCSS
Marta Acosta, durante la sesión de Junta Directiva de inicios de noviembre, cuestionó la eficiencia institucional para el traslado de los datos y abogó por un sistema informático más ágil, que le permita a la CCSS remitir a Hacienda, mes a mes, el diseño con el costeo respectivo para ese periodo.
Abogó por una interoperabilidad que permita a Hacienda verificar, en una semana, si lo que cobra la CCSS es correcto, para no tener que esperar cuatro o cinco años acumulando miles de datos.
Lo ideal, según la jerarca, es que Hacienda cuente con las debidas autorizaciones, sin arriesgar datos sensibles, para que fiscalice los mismos datos que hoy se están solicitando para la validación de los montos que se están cobrando.
“Estamos logrando llegar pronto a una decisión final, pero las piedras que hemos encontrado no son sencillas y esto de los sistemas, que cada quien tiene el suyo, a pesar de que somos un solo Estado, a veces no ayuda en esa transparencia de datos”, concluyó.
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