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El presidente de la República, Carlos Alvarado, coincidió con los diputados en calificar de “una barbaridad” el cierre de la sede central del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por parte de la Dirección General de Tributación, dos días antes de que el PUSC celebrara asambleas provinciales.
El cierre se produjo el pasado viernes 3 de setiembre.
La declaración presidencial fue emitida este martes a las 6:44 p. m., tres horas después de que 36 legisladores aprobaron una moción en la que exigen a Alvarado y a sus ministros abstenerse de atentar contra la libertad electoral.
En el pronunciamiento de Zapote, de 41 segundos, el ministro de Comunicación, Agustín Castro, dijo que el mandatario fue categórico en rechazar la actuación de los funcionarios de Tributación en relación con el PUSC, o con cualquier otro partido.
“El presidente señaló, con toda claridad, que era una barbaridad lo que se había hecho, porque considera que, en el sistema democrático, debe evitarse cualquier acto que parezca interferir con los procesos electorales de los partidos.
“Esa es la posición del Gobierno de la República, manifiesta desde ayer (lunes), y que los diputados y diputadas ya conocen con toda claridad”, dijo Castro en un video difundido por la Casa Presidencial.
En el pronunciamiento legislativo, al que solo se opusieron nueve integrantes del Partido Acción Ciudadana (PAC), también se le pide al ministro de Hacienda, Elian Villegas, ordenar una investigación interna en Tributación y reportar los resultados al Congreso.
El viernes pasado, la Dirección General de Tributación cerró la sede del PUSC, en el barrio Tournón, por un cobro tributario.
Contra el acto no solo se pronunció el PUSC, sino que también lo hicieron Liberación Nacional y Restauración Nacional.
El jefe de la Unidad, el diputado Pablo Heriberto Abarca, dijo que la moción aprobada en el plenario busca enviar un mensaje directo al Gobierno, para que lo sucedido no quede como un hecho aislado.
El cierre ordenado fue por cinco días.
El PUSC alega que la acción se debe a una retención vencida del 2016 por un impuesto pagado con dos días de retraso, correspondiente a la remuneración de un consultor internacional contratado para una campaña.
Según Tributación, el cierre obedece a un cobro de de ¢8,3 millones por incumplimiento de seis retenciones del impuesto de renta de los periodos 2014 y 2016.
Un monto por ¢723.900 data de enero de 2014 y un segundo por ¢7,5 millones de marzo del mismo año. Ambos equivalen al 98% de la aparente deuda.
Los ¢95.510 restantes serían de cuatro fechas del 2016.
[ Diputados exigen a Carlos Alvarado abstenerse de atentar contra libertad electoral ]
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