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El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) recuperó en un año la mitad de los ¢6.242 millones en créditos morosos que pretendía perdonar por medio de una ley que promovió ante la Asamblea Legislativa en el 2021, con el argumento de que los deudores habían sido afectados por la pandemia.
En marzo del año pasado, 39 diputados –y solo uno en contra– aprobaron condonar 2.705 operaciones de crédito a productores y el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, decidió en marzo firmar la ley que permitiría, por ejemplo, que una persona no pagara hasta siete préstamos o que una entidad como Fundación Proagroin evitara afrontar 14 deudas o que otras 182 sociedades dejaran de cancelar dos o tres.
El revés para la ley vino el 5 de julio, cuando la Sala IV ordenó suspender su aplicación mientras evalúa una acción de inconstitucionalidad presentada en junio por la contralora general de la República, Marta Acosta. La Contraloría cuestionó la ley pues detectó que el 82% del monto a perdonar (¢5.515 millones) no está ligado a problemas de pago por la pandemia. “Se está usando la figura de condonación para perdonar deudas, devolver bienes y dar por finalizados procesos judiciales”, explicó Iván Quesada, gerente asociado de la División Jurídica de la Contraloría.
Esa suspensión temporal de la ley, mientras la Sala IV estudia la acción de la Contraloría, permitió al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) cobrar o adjudicar fincas por casi ¢2.972 millones (48% del total a perdonar) que, de haber estado vigente la legislación, hubiese perdido sin que mediaran razones técnicas suficientes, según el criterio de la Contraloría y de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con datos de la institución, de los ¢6.242 millones que sumaban las 2.705 operaciones de créditos sujetas a la condonación, quedan por recuperar ¢3.270 millones por 2.408 créditos.
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Reclamo de propiedades en garantía, cancelación de deudas o el pago de cuotas, son algunas razones que explican la reducción del saldo que le permite al SBD tener más recursos para dar préstamos a micro y pequeños productores, principalmente.
El monto se recuperó por medio de procesos judiciales que terminaron en la adjudicación de tres fincas: dos de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Industrial y de Servicios Múltiples del Sur (Surcoop) y otra de Cooperativa San Juan de la zona norte.
Ambos créditos son parte del programa de Reconversión Productiva, cuyos beneficiarios fueron incluidos, pese a que las deudas datan desde hace años.
La Ley de Apoyo a Beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, 9966, fue presentada por el Gobierno y el SBD en mayo del 2020 como una medida para ayudar a los beneficiarios de varios programas de créditos que acumulaban deudas por años, sin que se justificaran pérdidas por la pandemia, tal como se alegó en el proyecto de ley.
Una investigación de La Nación con datos que están en el expediente legislativo reveló que 1,5% de los créditos que serían perdonados, concentran el 62% del monto total de las deudas. Dicho de otra forma: a un pequeño grupo de 41 operaciones se le perdonarían ¢3.893 millones, mientras que a un enorme grupo de 2.664 préstamos se les dispensaría del pago de ¢2.349 millones.
Estas inconsistencias llevaron a la contralora, Marta Acosta, a presentar la acción de inconstitucionalidad. Miguel Aguiar, director ejecutivo del SBD sostuvo que desde el 5 de julio, cuando la Sala IV suspendió la aplicación de la ley, el SBD continuó con la gestión de cobro de esas deudas, a la espera de lo que definan los magistrados constitucionales.
Detalle de los pagos
En un año, el SBD logró recuperar deudas que no había podido cobrar por años o que nunca habían sido amortizadas, como el caso de Surcoop, cuya deuda fue saldada con dos fincas que respaldaban dos operaciones. La misma situación se dio con Cooperativa San Juan. Ambas operaciones suman ¢2.780 millones.
Estos deudores fueron parte del programa de Reconversión Productiva que acumulaba casi ¢3.000 en deudas activas, es decir, con posibilidad de cobro. El SBD no facilitó el detalle individualizado del monto de estos procesos.
Por otro lado, del programa Proagroin, cuya deuda sumaba ¢840 millones, se lograron cobrar casi ¢140 millones.
Además, en este impasse, el SBD incluso pudo cobrar ¢26 millones de deudas que eran muy difíciles de recuperar, clasificadas como insolutas, que en cantidad de operaciones son mayoría, aunque no es proporcional el monto.
Mientras esto ocurre, la Sala todavía tiene en estudio la acción de inconstitucional, para lo cual no hay tiempo definido de resolución. Han objetado este recurso, ocho beneficiarios, en su mayoría productores de arroz, también incluidos en los programas por condonar.
Marta Acosta insistió en la relevancia de este reclamo, al considera la CGR que la ley es desproporcional e irracional, además de inconexa al favorecer a deudores que no han pagado sus créditos por causas ajenas a la crisis por covid 19.
