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Los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, el Quinto Presupuesto Extraordinario de la República para el 2021, que introduce ¢26.000 millones para terminar obras de infraestructura de centros educativos.
Se trata de varias instituciones que quedaron inconclusas o desfinanciadas, dentro del fideicomiso educativo MEP-Banco Nacional, algunas de ellas desmanteladas por vándalos.
La iniciativa tuvo el apoyo de 39 legisladores y solamente uno votó en contra: Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Los centros educativos financiados son la Escuela Azul, en Turrialba; escuela La Hermosa, de Pérez Zeledón; el liceo rural Santa Rosa, en Oreamuno; la unidad pedagógica Sotero González, en Desamparados; el colegio técnico profesional (CTP) de Santa Lucía, en Paraíso; el CTP 27 de abril, de Santa Cruz; y el CTP de Hojancha, en Guanacaste.
Del monto dedicado a los centros educativos, la Sotero González recibiría ¢5.502 millones y la Azul un total de ¢4.393 millones, tal como les dijo la ministra de Educación, Giselle Cruz, a los diputados la semana pasada.
Esos dos centros educativos fueron desmantelados por delincuentes, debido al abandono en que habían quedado.
Por otra parte, el presupuesto extraordinario incluye ¢30.000 millones para el pago de la deuda estatal con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y ¢7.400 millones para aumentar la cobertura del programa Empléate, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, enfocado en mejorar la empleabilidad en el país.
El expediente aprobado dedica otros ¢7.400 millones para un mayor financiamiento de pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja, destinado a personas de escasos recursos, así como ¢5.000 millones para la red de cuido.
Una partida de ¢3.000 millones será destinada como apoyo a la reactivación del turismo, sector fuertemente golpeado por los efectos económicos de la pandemia de la covid-19, y ¢2.400 millones para el financiamiento de becas post secundaria.
Los legisladores también aprobaron ¢1.500 millones para financiar la continuidad del servicio de trenes del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), ¢1.300 millones para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), ¢1.000 millones para las asociaciones de desarrollo comunal y ¢910 millones para el sector agropecuario.
“Este proyecto es otra artimaña del Poder Ejecutivo. Mezcla cosas buenas con cosas malas, para obligarnos a votar este presupuesto afirmativamente. No estoy dispuesto a dejarme chantajear por el Ejecutivo”, dijo Muñoz antes de votar en contra.
El socialcristiano aseguró que el Gobierno pone a los estudiantes y al sector educativo como “carne de cañón” y forzarnos a aprobar cosas “que no deberíamos estar aprobando”.
Muñoz recordó que, en la Comisión de Hacendarios, cuando recibieron al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, para que hablara sobre ese presupuesto, dijo que no estaba en capacidad de defender los recursos para el Incofer.
Agregó que, cuando el Incofer compareció, reveló datos muy graves: “Actualmente, más del 75% de la tarifa de los trenes es subsidio; en ningún lugar del mundo se estila que el subsidio para transporte ferroviario sea de esa magnitud”.
“Ese subsidio lo pagamos todos, los de Puntarenas, San Carlos, Guanacaste y Limón, para un puñado de personas que utilizan el ferrocarril. Pero es más grave, ese cálculo no contempla todos los costos reales de operación”, alegó.
