EscucharLos diputados aprobaron una reforma a la Ley de Aduanas la tarde de este martes. La iniciativa permitiría a la Dirección General de Aduanas cerrar por 15 días naturales, previo procedimiento sancionatorio, los negocios que mantengan inventarios de mercancías para venta, distribución o comercialización, sin contar con los documentos aduaneros de respaldo.
La multa para esas empresas sería equivalente al valor aduanero de dichas mercancías, siempre y cuando el acto no constituya un delito de contrabando.
Se trata de una iniciativa que forma parte de la agenda acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Hacienda, Elian Villegas, detalló que la propuesta se ajusta a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
Entre las herramientas que daría a la Administración Aduanera están el uso de dispositivos tecnológicos de última generación para controlar el ingreso y salida de mercancías del país.
También, se elimina el requisito de presentación de la declaración aduanera o documento de salida de mercancías exportadas.
Asimismo, se facilita el pago diferido de los impuestos aduaneros, o sea, la posibilidad de pagar los tributos después de ingresar las mercancías al territorio, cuando se trate de importación de materias primas y bienes de capital.
Además, se crea la posibilidad de autocorregir la declaración única aduanera (DUA) y se consolida, dentro del plan aprobado, la figura de operador económico autorizado.
El expediente votado en primer debate implementa el uso de intercambio de información aduanera entre los usuarios y la Administración, para que las gestiones se puedan realizar por medios electrónicos, mediante el uso de firma digital o tecnologías similares.
La nueva ley permite hacer importaciones temporales de mercancías con contratos de arrendamiento y opción de compra, e incluye medidas para que el sector importador pueda hacer declaraciones simplificadas y acumuladas.
Villegas enfatizó que esto permitirá mayor rapidez en los trámites aduaneros y que sea a mucho menor costo.
“En términos sencillos, es una herramienta que permitirá luchar de forma más sencilla y fuerte, con el apoyo de mayor tecnología y, por tanto, más efectivo y barato, en la lucha contra el contrabando”, aseguró el ministro.
También, consideró que eso beneficiará la recaudación fiscal y conllevará un comercio más justo para los consumidores y los trabajadores del comercio, “que van a encontrar en la competencia posiciones más acordes con el precio de los productos que pagan los productos”.
El oficialista Enrique Sánchez explicó los cambios que se hicieron al proyecto en el plenario, minutos antes de que fuera aprobado en primer debate.
Específicamente, detalló que en la Comisión de Económicos se había creado un sistema de puntos para auxiliares aduaneros, de acceso público, donde estos funcionarios estarían expuestos, así como sus faltas. Ese sistema se eliminó.
El problema, comentó, es que hacer eso público, el puntaje de los agentes aduaneros y cómo les afectaban las faltas, es contrario al principio de confidencialidad tributaria, según advirtió la Procuraduría General de la República (PGR).
La otra modificación que la de incluir el término “deberá” en el artículo donde se establece que la Administración Aduanera cerrará empresas cuando esté en firme una sentencia o un proceso por incumplimientos legales.
Sánchez dijo que, en comisión, se había puesto el término “podrá” lo que debaja cierta libertad a la Administración para no cerrar empresas pese a sus incumplimientos ya comprobados y sentenciados.
Sánchez y Pablo Abarca, del PUSC, sostuvieron un pulso sobre una moción del socialcristiano que pretendía mantener el término “bulto” en el artículo 81 de la Ley General de Aduanas, que se refiere a mercancías sobrantes o faltantes a la hora de la descarga.
Según Sánchez, “bulto” es un término impreciso que puede ir desde una mochila hasta una tarima de cajas con mochilas, por lo que no se podía usar un término sobre mercancía sobrante o faltante que permita ocultar contrabandos.
Abarca defiende que actualmente hay subjetividad en los funcionarios de aduanas encargados de los despachos y que su moción buscaba eliminar esa discrecionalidad.
“La moción delimitaba la definición de bultos o mercancías faltantes y sobrantes, de manera que se apegan a la realidad del comercio internacional”, indicó.
