Los diputados aprobaron de nuevo en primer debate, este lunes, el proyecto de ley de generación distribuida, iniciativa que permitirá a las empresas y personas producir su propia electricidad y colocar los excedentes de energía en la red nacional, para tener créditos en sus recibos eléctricos.
Este proyecto ya había sido aprobado en primer debate el 12 de octubre. Sin embargo, un acuerdo entre legisladores devolvió el expediente a la etapa anterior, para hacerle algunos cambios de último minuto.
Uno de los ajustes consistió en prohibir que los generadores privados de electricidad que le venden o vendían energía al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) entren en el esquema de generación distribuida.
Estas son las compañías que nacieron para dedicarse exclusivamente a la venta de energía. Paulatinamente, el ICE ha dejado de comprarles electricidad a estas firmas conforme expiran sus contratos. Para el 2025, serán 14 las instalaciones de capital privado que dejarán de venderle a la entidad estatal.
Mientras la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope) alega que el ICE renuncia a energía barata y de fuentes renovables, como el agua, el Instituto sostiene que no existen razones técnicas ni económicas para postergar los contratos.
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La liberacionista Paola Valladares, proponente del expediente legislativo, afirmó que los generadores privados producen a gran escala y que el sistema de generación distribuida es principalmente para autoconsumo. En su criterio, el plan no es una apertura del mercado, porque no se trata de que los generadores privados le vendan a nuevos consumidores, sino que los consumidores puedan autoabastecerse.
Erick Rojas, vicepresidente de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, afirmó que, sin el cambio hecho para dejar por fuera la generación distribuida virtual, el proyecto era una “forma velada de abrir el mercado eléctrico nacional para que unas pocas empresas privadas pudieran generar y comercializar energía eléctrica sin tener una concesión para ello”.
Esta cámara agrupa las distribuidoras Coneléctricas, Coopesantos, Coopeguanacaste, Coopelesca, Coopealfaroruiz, ESPH y Jasec.
La diputada Valladares agregó que, en el último proceso de ajuste, también le quitaron a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) la potestad de definir la potencia máxima que tendría el sistema de generación distribuida y se la asignaron al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Además, se debía adecuar la definición de “autoconsumo” a la que está vigente actualmente en el decreto que regula esta materia y se introdujeron la definición de “servicio de interés general”, para darle base a los artículos donde se habla de ese tipo de servicio.
Este lunes, votaron a favor los 40 legisladores presente en el plenario. La generación distribuida únicamente será permitida a través de fuentes renovables, como sol o viento.
También, se establece la figura del generador únicamente para autoconsumo, sin venta de excedentes, en cuyo caso la persona o empresa deberá cumplir con todos los estándares en su equipamiento de generación y la normativa legal aprobada. A ellos se les obligaría a emitir una declaración jurada donde se comprometan al cumplimiento de esas condiciones.
Actualmente, la generación distribuida está regulada a través de un decreto ejecutivo y un reglamento del Minae, que seguirán vigentes hasta tanto no se apruebe definitivamente la ley y su nueva reglamentación, incluso para los consumidores que firmen contratos de generación distribuida antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa.
Uno de los principales objetivos del proyecto es eliminar el tope del 15% que actualmente establece la iniciativa para los generadores de autoconsumo, con lo que se abre la posibilidad de que los distribuidores de cada circuito puedan definir qué porcentaje de energía pueden producir los clientes.
Valladares celebró que la iniciativa se aprobara tras dos años de negociaciones con instituciones públicas y privadas, así como con otras fracciones legislativas.
“Este proyecto viene a hacer historia, pero lo más importante, a contribuir a la tan necesitada y urgente reactivación económica del país”, manifestó la liberacionista, quien añadió que la ley aprobada democratiza la producción eléctrica y crea condiciones para que los consumidores generen un alto porcentaje de su propia demanda.
Antes de la votación en el primer debate, hubo un encontronazo, particularmente entre la independiente Paola Vega y el socialcristiano Erwen Masís, pero que antes también había implicado a Valladares.
Masís criticó los acuerdos entre Vega y Valladares, diciendo que no era una negociación política, sino que la persona que había liderado esa negociación había vendido el proyecto y puso el plenario “a merced de los dos diputados del Frente Amplio”, haciendo referencia a José María Villalta y Vega, y que eso había “despellejado” el proyecto.
Esas críticas del rojiazul habían generado que la liberacionista lo acusara de misógino y machista, puesto que era ella quien había negociado directamente con Vega y Villalta, con el acuerdo de las demás bancadas.
Este lunes, Vega le reclamó también a Masís y le pidió respeto, porque ella nunca lo había tildado a él de lo que supuestamente lo califican en corrillos legislativos: “el diputado número 11, bueno ahora número 10, del Partido Acción Ciudadana”.