EscucharEl acuerdo de las seis bancadas legislativas con el Gobierno, para autorizar la colocación de $5.000 millones en eurobonos en los próximos tres años, incluye la aprobación de dos proyectos de ley con incidencia en las finanzas públicas.
Uno es el proyecto para que las instituciones públicas depositen su dinero en el Banco Central (expediente 22.661) y el otro es para abrir a inversionistas extranjeros el mercado de la deuda pública (expediente 22.893).
El primero de estos textos es una iniciativa de la Contraloría General de la República para reducir la presión sobre las finanzas del Gobierno, mediante un mejor manejo de la liquidez de las instituciones.
Ambos proyectos ya fueron dictaminados afirmativamente en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y, según el acuerdo alcanzado a las 10:47 p. m. del lunes, deberán quedar aprobados en plenario en el mes de diciembre, una vez que se incorporen las observaciones correspondientes.
En la negociación, participaron los ministros de Hacienda y Presidencia, Nogui Acosta y Natalia Díaz, junto a los nueve diputados de la Comisión de Asuntos Económicos. Los jerarcas abogaron por incluir estos dos proyectos en el pacto.
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Ahorros por centralizar la liquidez
El expediente 22.661 ordenaría a las instituciones estatales trasladar de forma gradual, en un plazo de cinco años, su dinero desde los bancos públicos comerciales hacia el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Una vez que esto ocurra, deberán hacer sus giros mediante una plataforma electrónica administrada por la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.
Esa gestión evitaría que las entidades reciban transferencias del Gobierno Central y acumulen dinero sin gastar para, luego, prestar recursos al propio Gobierno mediante la compra de bonos de deuda pública, por los que ganan intereses.
El nuevo sistema le permitiría a Hacienda administrar una reserva de liquidez acorde con las necesidades de las instituciones, para afrontar escenarios de tensión, incluidos la pérdida o deterioro de fuentes de ingresos.
De acuerdo con la Contraloría, al eliminarse la dispersión actual de recursos, el nuevo esquema le ahorraría al Estado un 1% del producto interno bruto (PIB) anual por la reducción del pago de intereses, costos operativos y comisiones bancarias.
Este plan fue dictaminado el 20 de setiembre en Hacendarios y aún le quedan dos etapas de ajuste e comisión. El acuerdo dice que sería aprobado en primer debate a más tardar el 8 de diciembre y en segundo debate el 20 de diciembre.
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Eliminación de doble impuesto a extranjeros
El segundo expediente impulsado por el Gobierno eliminarían el doble impuesto de renta que hoy pagan los compradores extranjeros de bonos de deuda interna de Costa Rica.
El tributo que se eliminaría es el 15% por el envío de remesas cuando trasladen sus ganancias desde Costa Rica hacia sus países de origen. De ese modo los inversores extranjeros solo quedaría pagando 15% de impuesto de renta por los rendimientos pagados por el Estado, como lo hacen los nacionales.
La doble tasa actual impide que más inversores foráneos participen del mercado de la deuda interna del Gobierno, dijo Mauricio Arroyo Rivera, director de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, en la Comisión de Hacendarios.
Ese tipo de inversión nunca ha superado el 6% de la cartera de la deuda interna y, en los últimos años, ese porcentaje se ha reducido. En junio de 2021, el monto de la deuda interna en posesión de inversionistas no residentes era de ¢461.128 millones, lo cual representa un 2% del monto de ese endeudamiento, dice la justificación del texto.
Al equiparar la cancha entre compradores nacionales y extranjeros, se pretende dinamizar la competencia, generar mayor liquidez del mercado y reducir las tasas de interés, indicó Arroyo.
Abrir el mercado de la deuda interna dejaría más recursos para los préstamos privados, al no ser absorbidos en su mayoría por el Gobierno.
El texto se dictaminó el 26 de octubre y tiene pendiente dos etapas de revisión con mociones. Durante el dictamen, los diputados excluyeron del texto artículos que apuntaban a una reforma del mercado secundario de valores de deuda.
El acuerdo plantea que el plan sea aprobado en primer debate a más tardar el 8 de diciembre y en segundo debate el 15 de diciembre.
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Ley marco de deuda pública
Una tercera iniciativa sería presentada en la comisión de Económicos en enero próximo. Se trataría de una ley marco de deuda pública, pero el acuerdo no contempla plazo para su aprobación.
La Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia General de Valores (Sugeval) han abogado ante los diputados por una legislación general que aglutine en un mismo marco normativo, en vez de uno fragmentado, la estrategia del endeudamiento público para permitir un manejo adecuado, así como para lograr transparencia y reducción de costos.
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Al consultársele si los $5.000 millones que se aprobarían en eurobonos son suficientes, dado que el Poder Ejecutivo había solicitado $6.000 millones, Nogui Acosta dijo que se acordó un monto políticamente viable.
Acosta resaltó al mismo tiempo que los dos proyectos que se aprobarían en diciembre permitirán un mejor manejo de la deuda pública.
“El acuerdo es suficiente para poder hacer una gestión responsable de la deuda”, justificó el ministro de Hacienda.
De los eurobonos, el Gobierno podrá colocar $3.000 millones en el 2023 y los $2.000 millones restantes en los dos años siguientes. A cambio, el Gobierno deberá colocar escáneres en aduanas e informar a los diputados sobre los avances del programa Hacienda Digital.
En el 2023 sería colocados escáneres en Paso Canoas, frontera con Panamá, y en el puerto administrado por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) en Limón. En el 2024, se instalarían en la aduana de Peñas Blancas, frontera con Nicaragua.
El plan no incluye colocación de estos dispositivos en las aduanas que están en terminales en concesión, como los ubicados en la Terminal de Contenedores de Moín, Limón, y el aeropuerto Juan Santamaría.
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Los $5.000 millones constituirán el mayor monto de eurobonos que los diputados autoricen a una administración.
En 24 años, siete presidentes han recurrido a la figura de los eurobonos a fin de conseguir dinero para financiar las necesidades del país con tasas de interés menores a las que cobran los acreedores locales. En total se han colocado $7.450 millones, siendo la administración de Laura Chinchilla la que ha colocó más, con $3.000 millones.
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