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El 8 de junio, Esquivel asistió a la tercera convocatoria para la realización de la audiencia preliminar del caso 18-000085-033-PE, no obstante, la misma no se pudo realizar porque su abogado, Guido Núñez, se ausentó. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal.
La Defensa Pública asumirá la representación de Abelino Esquivel en la acusación que enfrenta el exdiputado por, presuntamente, haber realizado cobros a tres asesores legislativos.
El Poder Judicial confirmó, la mañana de este miércoles, la separación del abogado privado que lo defendía, debido a que se ausentó el día que debía realizarse la audiencia preliminar del caso.
Esquivel está acusado de cuatro delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito desde setiembre del año pasado. No obstante, no se ha definido si el exdiputado deberá afrontar un juicio por esos cargos debido a que el Tribunal Penal de Hacienda no ha logrado realizar la audiencia preliminar del caso.
En esa etapa, un juez escucha la acusación de la Fiscalía y recibe las pruebas que aporta cada parte; luego, decide si eleva el caso a juicio. En principio, dicha audiencia debió realizarse la última semana de mayo, pero se pospuso en varias ocasiones.
La tercera fecha que se fijó para concretarla fue el 8 de junio, pero ese día tampoco se realizó, debido a que no se presentó el abogado Guido Núñez, quien llevaba la defensa de Esquivel.
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Ese mismo día, el juez resolvió la separación de Núñez, quien apeló la resolución.
La decisión del juzgador quedó en firme este miércoles a las 9.11 a. m. Como consecuencia, la Defensa Pública asumirá el caso, según informó la oficina de prensa del Poder Judicial en un comunicado.
En el expediente 18-000085-033-PE, también figuran como imputadas la esposa de Esquivel, Xinia Cortés, así como Wray Esquivel, hermana del exlegislador.
Según el Ministerio Público, ambas salieron beneficiadas con los cobros que el excongresista de Renovación Costarricense habría hecho a los excolaboradores Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez, quienes trabajaron en el despacho de Esquivel.
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De acuerdo con el Ministerio Público, el exdiputado los obligó a entregarle a él una parte de sus salarios, durante varios meses del 2017 y hasta abril del 2018, sin que les explicaran mayores razones.
Esquivel asegura que usó ese dinero para el partido. Sin embargo, según la acusación del Ministerio Público y una investigación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), no existe rastro de ese dinero en las cuentas de Renovación Costarricense.
Además, la Procuraduría de la Ética Pública, apersonada en esta causa, encontró suficientes elementos para denunciar a Esquivel por este caso.
Ahora, el Tribunal Penal de Hacienda procederá a fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar.
Si el juez decide llevar el caso a juicio, Esquivel tendrá que hacerles frente, simultáneamente, a dos causas en los juzgados.
La primera se confirmó el 27 de marzo, cuando la misma instancia judicial ordenó la apertura del debate oral para juzgar a Esquivel por tráfico de influencias.
Según la Fiscalía, el político cometió dicho delito cuando, aparentemente, buscó al exministro de Justicia, Marco Feoli, con el objetivo de sacar de la cárcel a un pastor condenado por violación agravada en perjuicio de una menor de edad con retardo mental.
