38 diputados de cuatro fracciones políticas enviaron a consulta de la Sala Constitucional el proyecto de ley que exige a las sociedades mercantiles establecer una dirección de correo electrónico para que reciban notificaciones relacionadas con procesos administrativos y judiciales.
Esta iniciativa también sanciona a quienes incumplan con registrar dicho e-mail, al impedirles realizar trámites en el Registro Nacional de la Propiedad si no lo establecen.
Los congresistas que firmaron la gestión son de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR), quienes alegan que la propuesta, ya aprobada en primer debate en el plenario de la Asamblea Legislativa, puede violentar el principio de igualdad, el derecho de defensa y el acceso a la justicia.
La consulta que frenó el avance de la iniciativa la lidera el socialcristiano Alejandro Pacheco Castro, quien ya antes de que se aprobara el plan en primer debate había lanzado sus críticas al expediente.
Según Pacheco, la conectividad a telecomunicaciones en el país es muy inestable en zonas rurales, lo que genera una brecha digital para pequeñas y medianas empresas que no tienen fácil acceso a Internet.
“Esto debilita su derecho de defensa, ya que el tiempo para solicitar la revisión de la decisión comunicada corre posterior a la hora en que se registra el ingreso del correo, independientemente de si lo vieron o no en el momento”, expuso.
El congresista, quien es abogado, adujo que se deben mantener las notificaciones personales, “pensando en que muchas empresas son dirigidas por adultos mayores que no tienen un manejo pleno de las nuevas tecnologías”.
El turrialbeño también propuso que se brinden otras garantías de comunicación, como agregar más de un correo electrónico para recibir notificaciones.
Entre los firmantes de la consulta de constitucionalidad por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), además de Pacheco, están Leslye Bojorges, María Marta Carballo, Melina Ajoy, Carlos Felipe García, Vanessa Castro, Horacio Alvarado y Carlos Andrés Robles.
Por el Partido Liberación Nacional (PLN), firman Danny Vargas, Andrea Álvarez, Carolina Delgado, Gilbert Jiménez, Dinorah Barquero, Joaquín Hernández, Monserrat Ruiz, Paulina Ramírez, Óscar Izquierdo, Kattia Rivera, Pedro Rojas, Luis Fernando Mendoza, Alejandra Larios, Francisco Nicolás, Sonia Rojas, Geison Valverde y Katherine Moreira.
Por Nueva República suscriben Fabricio Alvarado, Gloria Navas, Olga Morera, Pablo Sibaja, David Segura, Yonder Salas y Rosalía Brown, mientras que por el Partido Liberal Progresista (PLP) firmaron Eliécer Feinzaig, Kattia Cambronero, Jorge Dengo, Luis Diego Vargas, Johana Obando y Gilberto Campos.
Tal como fue aprobado, el proyecto exige que las sociedades mercantiles acudan al Registro Nacional para incorporar esa dirección de correo para recibir notificaciones, a través de un mecanismo que esa institución debe generar, sin costo alguno para las personas jurídicas, mientras que las nuevas sociedades deben incorporarlo de una vez en sus actas constitutivas.
El proyecto es una modificación del inciso 10, artículo 18 del Código de Comercio. A la vez, se elimina el requisito de inscribir un abogado como agente residente en el país, cuya función era precisamente ser receptor de las notificaciones para la sociedad mercantil.
El proyecto dará al Registro un plazo de seis meses para implementar el requisito mediante un procedimiento sencillo, ágil y sin costo.
Después de esos seis meses, las sociedades mercantiles actuales tendrán un año para inscribir sus respectivas direcciones electrónicas, mediante una solicitud firmada por su representante legal. La petición deberá estar exenta de timbres, derechos registrales, impuestos o cargas.
El expediente original fue propuesto por José María Villalta, del Frente Amplio, junto con nueve congresistas más.