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Antonio Ortega, Rocío Alfaro y Ariel Robles, del Frente Amplio, están entre los firmantes de la consulta facultativa. Foto: Asamblea Legislativa.
Diez diputados de dos fracciones legislativas frenaron el segundo debate de la ley para reducir de diez a cuatro años las deudas de los trabajadores independientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El trámite quedó frenado después de que estos legisladores presentaron una consulta facultativa en la Sala Constitucional sobre el proyecto.
Se trata de los seis legisladores del Frente Amplio: Jonathan Acuña, Sofía Guillén, Ariel Robles, Priscilla Vindas, Antonio Ortega y Rocío Alfaro, así como cuatro de Liberación Nacional (PLN): Pedro Rojas, Rosaura Méndez, Dinorah Barquero y Gilberth Jiménez.
El segundo debate estaba previsto para este jueves. La ley establece que la Sala Constitucional tiene 30 días para responder las consultas facultativas de los diputados.
El proyecto consultado reduce el plazo para declarar prescritas las deudas de trabajadores independientes con la Caja, con el objetivo de aumentar la formalización de los trabajadores con el seguro social.
Si bien el plan fue aprobado de forma unánime, con 48 votos, el Frente Amplio había alegado dudas sobre la constitucionalidad del plan.
La iniciativa define trabajador independiente como toda persona física que ejecuta trabajo sin subordinación, que ejerce el control de sus actividades y toma las decisiones de una unidad económica por cuenta propia, tanto si trabaja solo como en colaboración con otros independientes.
La ley aprobada establece que la CCSS puede cobrar a los independientes cuotas sociales e imponer sanciones, como multas e intereses, siempre que no hayan pasado más de cuatro años desde que se originó la obligación.
En su transitorio segundo, la iniciativa establece un periodo de 24 meses para que se inscriban los trabajadores independientes que hoy no están formalizados, si quieren acceder al beneficio. Estas son personas que ya laboran, pero no han pagado sus cuotas.
A los trabajadores que no se inscriban en ese plazo, se les aplicará un periodo de prescripción de diez años.
El plazo de cuatro años sí se mantendrá para quienes hoy están formalizados y para las personas que vayan entrando al mercado laboral en condición de independientes.
También, se obliga a la Caja a hacer una campaña informativa para que los trabajadores informales se inscriban.
¿Qué consultaron los diputados?
Los firmantes preguntaron a la Sala si el proyecto puede implicar una violación al principio de cobertura universal de la seguridad social. Alegan que la redacción hace pensar que, si alguien no se inscribe en la CCSS, tendría obligaciones mucho más allá de los 10 años.
“Consideramos que esa consecuencia puede ser contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como al principio de cobertura universal recogido en el artículo 177 de la Constitución Política, pues quien no logre inscribirse en el plazo dicho quedaría condenado a una situación de cobro desproporcionado por muchos años hacia atrás”, cuestionaron los diputados.
Adicionalmente, los consultantes señalan una eventual violación a la autonomía constitucional de la CCSS, bajo el argumento de que el transitorio I impone limitaciones a su administración y autogobierno.
El artículo referido establece un plazo para que la Caja realice ajustes administrativos en cuanto a la administración y gobierno de los seguros correspondientes al trabajador independiente.
En criterio de los diez congresistas, el grado de autonomía de la Caja le otorga la facultad de realizar sus competencias y atribuciones, conferidas legal o constitucionalmente.
PUSC: ‘Les dan la espalda a trabajadores independientes’
La gestión de frenteamplistas y liberacionistas no le cayó nada bien al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), agrupación proponente de la iniciativa, tanto así que afirmaron que los consultantes “les dan la espalda a los trabajadores independientes”.
La Unidad lamentó que la gestión hubiera frenado la votación en segundo debate, máxime que la votación quedará para el próximo año.
“Esto representa que miles de trabajadores independientes todavía no puedan ponerse al día con la CCSS, salir de la informalidad, y que tengan que pasar más tiempo sin acceder a seguridad social y a servicios de salud”, reclamó la jefa del PUSC, Daniela Rojas.
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