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Una reforma aprobada sobre la Ley de Estupefacientes obliga a profesionales, entre ellos notarios, joyeros y contadores, a reportar lo más rápido posible al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) cuando sospechen que sus clientes estén pagando operaciones con dinero de origen irregular.
Se trata de la modificación aprobada el 10 de mayo en el plenario del Congreso, bajo el expediente legislativo 19.951, que establece una serie de obligaciones para las actividades profesionales no financieras.
El fin es mejorar y aumentar la cantidad de herramientas en contra del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de las armas de destrucción masiva.
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Además de notarios, contadores y comerciantes de metales y piedras preciosas, también caen bajo regulación los casinos, sean físicos o virtuales; los corredores de bienes raíces, los abogados cuando realicen actividades de administración de dineros de sus clientes, los emisores y operadores de tarjetas de crédito; los prestamistas y casas de empeño, así como las organizaciones sin fines de lucro que envíen o reciban dinero desde países catalogados como de riesgo.
Además de la obligación de reportar al ICD toda operación donde podría estar mediando dinero de origen ilícito, los profesionales que desarrollen las actividades mencionadas deberán mantener los registros de sus clientes y exigir de estos información sobre el origen del dinero con que pagan sus operaciones.
De acuerdo con Guillermo Araya, director del ICD, hay una serie de vacíos legales que se cubre con la ley publicada en el diario oficial La Gaceta el mismo día de su aprobación bajo el número de ley 9449.
Entre esos vacíos, estaban los comercios que emiten tarjetas de crédito para sus clientes y las sociedades anónimas de equipos de futbol, por ejemplo.
Otra actividad antes no regulada era la de entidades que ofrecen servicios de canje de dinero, transferencias, administración de fideicomisos, que muchas veces están ligadas a bufetes legales o firmas de prestamistas.
"Hay muchos bufetes que administran propiedades en Guanacaste, reciben dineros para pagos y mantenimiento, además de los pagos por sus servicios, también firmas de contadores que administran fondos de terceros", comentó Araya.
En el caso de la mayoría de las actividades, los profesionales deben registrarse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y sujetarse a las reglas que va a imponer el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Para el caso específico de los notarios, ellos deben someterse a las disposiciones de la Dirección Nacional de Notariado, donde se crea -por esta ley- un Área de Prevención de la Legitimación de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Aparte de las obligaciones relacionadas con información de clientes, de origen de recursos y de alertar sobre dinero sospechoso, la nueva ley establece las multas para los obligados y en algunos casos las endurece, según el incumplimiento.
Si las transacciones iguales o superiores a $10.000 no se reportan en plazo, si no se incluye el registro ante la Sugef o no se presenta el formulario de información a tiempo, las multas irían desde un 5% a un 50% del monto total de la transacción de la que se trate. Eso implica que una multa podría ser multimillonaria, si se trata de una operación bastante cara.
De no cumplir con la obligación de identificar a los clientes o el origen de su dinero, o bien en caso de negarse a la inscripción respectiva, sea ante la Sugef o la Dirección Nacional de Notariado, los sujetos se exponen a multas hasta de ¢42 millones.
Nuevas reglas para notarios
Además de que todos estos profesionales deben mantener un registro de las actividades de sus clientes, en particular los notarios encargados de gestionar la compra y venta de propiedades o de empresas, quedan obligados a solicitar los datos sobre el origen de los recursos con que se paguen dichas operaciones.
Esa información servirá para que los notarios, bajo fe de juramento, puedan establecer cómo se pagaron las transacciones de propiedades.
Hasta la fecha no existe dicha obligación, por lo que se conocen actas notariales en que dichos profesionales simplemente no reportan la forma de pago ni el origen de los recursos, salvo la cantidad y la satisfacción de la gestión entre las partes.
Guillermo Araya está satisfecho con la aprobación de esta legislación, pero lamentó que hayan quedado por fuera de la regulación otras actividades, como los sitios de apuestas domiciliados en Costa Rica, conocidos como sportsbooks, los equipos de fútbol y las empresas organizadoras de eventos, principalmente las de conciertos.
La culpa de que no se incluyera a los sportsbooks en la regulación es del Movimiento Libertario, pues Otto Guevara amenazó con frenar el proyecto en el Congreso, mediante el trámite de 118 mociones, cada una de las cuales le habría permitido hablar hasta 45 minutos en el plenario. Es decir, habría podido ocupar 88 horas.
"Fue una de las condiciones que Otto Guevara puso para quitar 118 mociones y aprobar el plan en primer debate; si no, no se habría logrado aprobar. Se quitó esa actividad sin debilitar el estándar", comentó el director del ICD.
El libertario fue, de hecho, uno de los dos legisladores que votó en contra de la iniciativa antilavado, la semana pasada, en segundo debate. La otra fue Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
"Mi hipótesis es que estamos yendo más allá de lo que pide el grupo de acción financiera GAFI. Siento que se está aprovechando esta coyuntura para que nosotros le demos más y más poder al ICD, más y más poder al Conassif, a Sugef, sobre una gran cantidad de actividades donde están, por ejemplo, las actividades de los abogados y de los notarios", dijo Guevara ese día, en el plenario.
Los estándares normativos para regular en legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo son fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ante cuyos evaluadores Costa Rica presentó los avances en reformas legales y otra normativa, el mismo día que se aprobaba esta reforma en el Congreso.
Cumplir con esta legislación es parte de los requisitos para que el país no se considere una jurisdicción no cooperante en el combate al lavado de activos y el terrorismo, según han indicado el ICD y la Presidencia de la República.
Además de reportar operaciones sospechosas, registrar y verificar la identidad de sus clientes, así como el origen de sus recursos, los obligados por esta ley también deben inscribirse ante la Sugef y establecer controles sobre cierto tipo de clientes en particular: personas expuestas políticamente (presidente, vicepresidentes, ministros, diputados, presidentes de instituciones, jerarcas de entes públicos y sus familiares directos).
Además, deben establecerse controles sobre nuevas tecnologías, productos o prácticas comerciales, para identificar fácilmente las que podrían ser sospechosas de riesgo, así como los posibles beneficiarios indirectos de las operaciones, aparte de controles sobre sucursales y filiales que operen en el extranjero.
¿Qué son operaciones sospechosas?
Consultado sobre los parámetros que deben seguir los profesionales regulados para determinar cuáles operaciones son sospechosas, el director del ICD indicó que está en manos del Conassif y de la Dirección Nacional de Notariado emitir los reglamentos respectivos para fijar los parámetros específicos para cada actividad.
Esto se debe a que hay una gran diferencia entre las diferentes actividades profesionales no financieras, pues no se dan los mismos flujos de dinero en casinos o casas de empeño que en la compra y venta de bienes raíces o las transacciones sobre sociedades anónimas.
"Dentro de esas regulaciones, no se puede regular todo el universo que hay, porque no existe la capacidad instalada, además de que no todo genera riesgo. Con cada sujeto hay determinados riesgos y se debe especificar cuáles se van a regular", comentó Araya.
A manera de ejemplo, indicó que sería recomendable para un bufete reportar operaciones iguales o superiores a $100.000, a la vez si los recursos proceden de jurisdicciones riesgosas, como México, Colombia, Canadá, Bahamas o Panamá, entre otros.
Por otra parte, en cuanto a operaciones inmobiliarias, hay muchas que tienen trazabilidad, sobre todo cuando se realizan por el sistema financiero nacional.
Repunte del dinero ilícito
El ICD ha advertido de un repunte de casos de legitimación de capitales en los últimos años y cita el más sonado: el del ucraniano Arthur Budovsky, quien desde aquí montó Liberty Reserve, la mayor operación de lavado en toda la historia.
En el caso de Budovsky, en nuestro país se le decomisaron $24 millones en dinero y otros bienes, además de autos de lujo. Todo esto está bajo control del Instituto Costarricense sobre Drogas, actualmente.
Guillermo Araya añadió que durante los últimos cinco años se han decomisado $1,1 millones entre aeropuertos y fronteras de dinero no declarado, en lo que se conoce como transporte hormiga.
En su recuento, el director del ICD también mencionó el caso del expresidente de Perú, Alejandro Toledo, quien se presume que domicilió en Costa Rica $6,5 millones, que las autoridades judiciales peruanas solicitaron inmobilizar bajo la sospecha de que podrían provenir de negocios ilícitos. Ese dinero actualmente está retenido, por orden judicial, en el Scotiabank.
Las casas de empeño no estaban consideradas originalmente dentro de la iniciativa, pero fue una petición que hizo la liberacionista Maureen Clarke, cuando era jefa de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), bajo el criterio de que regularlas ayude a mejorar la lucha contra lo que el ICD cataloga como microcrimen.
