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La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) suspendió de sus labores a tres testigos del caso Barrenador por la supuesta remisión tardía de unos anuarios de costos.
Los funcionarios suspendidos son Gustavo Picado, gerente financiero; Andrey Sánchez, director financiero, y Azyhadde Picado, jefa del Área de Contabilidad de Costos, indicaron fuentes a La Nación. La suspensión, con goce salarial, será por cuatro meses: del 28 de agosto al 28 de diciembre.
Además de los tres testigos, también fue suspendida Adriana Gutiérrez, jefa de la Subárea de Contabilidad de Costos Hospitalarios.
La Nación tuvo acceso al acuerdo confidencial que tomó la Junta Directiva durante la sesión ordinaria 9612, celebrada el 27 de agosto y en el que argumenta una relación de hechos remitida por el auditor interno.
Se argumenta una falta de oportunidad en la remisión de los anuarios de costos de servicios médicos del 2022 y el 2023 por las instancias competentes, como insumo técnico en la elaboración de la valuación actuarial del Seguro de Salud y la presentación del Portafolio Estratégico de Inversiones 2026-2035.
“Además, considerando el grado jerárquico de cada una de las personas implicadas en dicho informe, que van desde jefaturas a cargo de estos procesos contables e incluso con rango de jefes, director y gerente, se torna aún más gravosa la situación de esos incumplimientos de información oportuna y veraz, en el tanto tienen a su cargo personas que siguen sus directrices y mandatos”, dice el cuarto punto del por tanto.
Luego de conocer la relación de hechos, la Junta Directiva impuso medidas cautelares a los jerarcas financieros y contables de la CCSS.
La decisión se produjo solo horas después de que el 27 de agosto la Junta aprobó los estados financieros presentados por el gerente Gustavo Picado, elaborados en el marco del controversial sistema contable REP-SAP.
“Estos informes se presentaron con 13 meses de retraso por problemas con el ERP, sin embargo, por eso no abrieron una investigación en la Auditoría Interna”, dijo una fuente a La Nación.
La aprobación de los estados financieros ocurrió dos días después de que Vianey Hernández, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Caja, revelara, con su micrófono abierto, la intención de rechazar la aprobación de los estados financieros del Seguro de Salud correspondientes a junio de 2025. El jueves ofreció una disculpa.
La Nación consultó a la CCSS sobre las suspensiones y lo que las motivó; sin embargo, se está a la espera de respuesta.
Advertencias sobre el ERP-SAP
En noviembre del 2025, el gerente Gustavo Picado reconoció que, debido a los atrasos generados por el nuevo sistema contable ERP, la institución está incumpliendo con la entrega de información financiera a distintas entidades fiscalizadoras como la Contraloría General de la República (CGR).
Asimismo, en mayo este medio informó de que la Gerencia Financiera solicitaría explicaciones a la Dirección Plan de Innovación, encargada de implementar la plataforma ERP-SAP, por un ajuste billonario en el inventario de medicamentos e insumos, luego de que la Gerencia Financiera detallara que, entre junio y diciembre, se realizaron modificaciones en las cuentas de inventario que, en conjunto, implicaron una baja de ¢1,1 billones.
Testigos del caso Barrenador
Gustavo Picado, Andrey Sánchez y Azyhadde Picado son testigos del Caso Barrenador, investigación judicial relacionada con un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones por año en la adjudicación otorgada por la Junta Directiva de la CCSS para la administración de 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana, a tres cooperativas y una asociación médica, por un plazo de 10 años.
El 22 de junio del 2024, Gustavo Picado expuso ante la sesión extraordinaria 9459 de la Junta Directiva los montos que se estarían pagando de más si los contratos se aceptaban.
“Nosotros revisamos 10 ofertas y encontramos varios elementos que parecen razonablemente útiles para esta discusión”, detalló esa vez Picado.
En enero del 2025, La Nación informó de que Andrey Sánchez, director financiero de la CCSS, relató al Ministerio Público cómo la Dirección Financiera Contable de la Caja Costarricense de Seguro Social expuso a la Junta Directiva y a las gerencias de la institución los sobreprecios detectados en las ofertas.
La exposición del informe técnico se realizó en un taller un mes antes de que los directivos adjudicaran los contratos. No obstante, el contenido de la sesión no fue grabado por disposición de la entonces presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez.
En la misma línea, Azyhadee Picado, jefa del Área de Contabilidad de Costos de la Caja, desmintió en enero del 2025 la autenticidad de un documento utilizado por el gobierno para argumentar que no existe un sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en los contratos adjudicados a cooperativas, para la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis). Se trata del supuesto borrador de un estudio de razonabilidad de precios relacionado al Caso Barrenador.
Esa vez, bajo juramento en la Asamblea Legislativa, Azyhadee Picado declaró que el documento, con fecha del 19 de marzo del 2024, no existe como estudio ni como informe. “El único estudio formal e integral que nosotros desarrollamos es el que está subido en Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas), en la fecha de abril”, respondió la funcionaria esa vez.
Con información de la periodista Arianna Villalobos
