EscucharOcho meses después de la tragedia que marcó sus vidas, dos de las sobrevivientes del fatal accidente en el cerro Cambronero dicen sentirse olvidadas por las autoridades del Gobierno y es por eso que, junto con otras víctimas y familiares de fallecidos, acudirán a la vía judicial para reclamar justicia.
Jovita Zúñiga y Aurora Lara tienen aún muy presentes los minutos de terror que vivieron la tarde del 17 de setiembre de 2022. Aquel sábado, el autobús en el que viajaban de San José hacia Bolsón de Santa Cruz, Guanacaste, cayó a un guindo tras ser golpeado por un árbol que se desprendió debido a las fuertes lluvias que afectaban esa zona de montaña, en la carretera Interamericana Norte.
Los meses siguientes han estado llenos de dolorosas recuperaciones, traumas psicológicos y una dura realidad económica. Ambas adultas mayores reclamaron el abandono y la casi nula atención que han recibido en seguimiento a sus heridas.
En el caso de doña Aurora, quien laboraba en servicios domésticos, desde el accidente no ha podido trabajar, pues quedó muy afectada de una rodilla y de un golpe en la cabeza.
“Me pegué en una piedra, entonces el ojo en una esquina me lo tuvieron que coser y me cosieron la cabeza; me operaron el tobillo... pero era para que muriéramos todos en este accidente, yo quedé a 80 metros y con 74 años hay quienes me dicen que cómo pude salir, fue fatal”, narró la mujer este viernes.
Según dijo, hasta ahora comienza a recibir rehabilitación en el Hospital San Juan de Dios.
Doña Aurora afirmó que cada vez que pone un pie en la grada de un autobús para acudir a las citas, revive el día que abordó la unidad de la empresa Alfaro para dirigirse a Guanacaste a ver a sus hijos.
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Un relato similar compartió Jovita Züñiga, quien el día del percance viajaba junto a su hermano y su hijo a visitar a su mamá, quien vive en Guanacaste.
La mujer, de 63 años, trabaja como conserje en una empresa privada, pero estuvo incapacitada durante cinco meses producto de los golpes que sufrió.
“Hasta ahora no hemos recibido ayuda de nada, siento que nos echaron como en el baúl de los recuerdos; ni siquiera pudimos recuperar las cosas que llevábamos, plata, medicinas, todo eso se perdió”, lamentó la mujer, vecina de Alajuelita, en San José.
La mujer contó que producto de la incapacidad pasó muchas necesidades, pues su trabajo es importante para llevar sustento a su hogar.
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“Ahorita, estoy prácticamente discapacitada de mi brazo derecho que se desmontó y me quebró la clavícula, y el ojo izquierdo se me está reduciendo, porque ahí me llevé un golpe muy fuerte, la pierna se me partió y aquí tengo una herida en la rodilla”, describió.
Pese a las múltiples heridas, doña Jovita declaró que la cita para comenzar terapias de rehabilitación se la pusieron para finales de setiembre.
Demanda en proceso
El abogado Boris Molina aseguró que están cerca de interponer una denuncia penal en contra del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, como responsable de esa cartera, así como contra el representante de la empresa de buses Alfaro.
Según dijo, el proceso se ha tardado porque han enfrentado muchos obstáculos para la recolección de pruebas.
En la acción participan los familiares de ocho de los nueve fallecidos y 17 sobrevivientes que resultaron heridos.
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De acuerdo con el abogado, muchas de las familias han enfrentado meses difíciles, no solo por el hecho traumático, sino también por el impacto económico que significó perder la capacidad de aportar ingresos a sus hogares, de manera temporal o permanente. En varios casos, fue la cabeza del hogar la que perdió la vida en la tragedia.
El abogado agregó que el Gobierno “les cerró las puertas”, pese a que en un inicio se procuró un acercamiento con algunas de las autoridades; una situación similar ocurrió con la representación de la empresa autobusera.
Una semana después de la tragedia en la que perdieron la vida nueve personas, la Fiscalía de San Ramón confirmó que abrió una causa penal para determinar las causas del accidente y determinar eventuales responsables. Hasta ahora no se han brindado avances o detalles de esa pesquisa.
En octubre del 2022, apenas un mes después de la tragedia, el ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad, Alexis Montoya, quien tuvo a cargo la sección del cerro de Cambronero hasta semanas antes de que ocurriera la tragedia, reconoció que el deslizamiento que empujó un bus y una moto a un guindo, ocasionando la muerte de nueve personas, no era imprevisible.
Según su opinión, por haber sido usuario de la ruta durante más de ocho años, las condiciones de la carretera y el clima que imperaba podían hacer prever que ocurriera un deslizamiento. Sin embargo, agregó que lo incierto era saber dónde y cuándo podría ocurrir una desgracia.
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