El exgerente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Pablo Cob Saborío, consiguió que se anulara una sanción en su contra impuesta por la Contraloría General de la República, la cual lo inhabilitaba para ocupar cargos públicos por un plazo de dos años.

Cob, de 71 años, objetó el castigo ante los tribunales contencioso administrativos, que el 28 de octubre fallaron a su favor.

Mediante sentencia 104-2019-I, el Tribunal Contencioso acogió parcialmente la demanda, lo que dejó sin efectos la resolución R-DC-097-2017 del 17 de diciembre del 2017 dictada por la Contralora General de la República.

El ente contralor atribuyó a Cob el incumplimiento de sus funciones al frente de la CNFL pues, al no informar ni Consejo Directivo de la entidad ni al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de los riesgos de baja rentabilidad e incremento de costos del Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior, en San Ramón de Alajuela.

Del mismo modo, se declaró nula la resolución número 8690-2017 del 31 de julio del 2017 emitida por el Órgano Director del procedimiento administrativo contra Cob que se tramitó bajo el número de expediente CGR-PA-2016008076.

“Estamos muy contentos por esa resolución, sabemos que no está en firme y que los demandados irán a casación pero estamos conscientes de que es un fallo sólido y con análisis detallado de las objeciones que hicimos y planteamos”, declaró la mañana de este martes, Gloria Valerín, representante legal de Cob.

Por su parte, por medio de la oficina prensa, la División Jurídica de la Contraloría confirmó que “interpondrá los recursos pertinentes contra la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.”.

En el fallo, las juezas Claudia Bolaños Salazar, Amy Miranda Alvarado y Laura Gómez Chacón concluyeron que, analizados todos los estudios de factibilidad del proyecto, en la resolución sancionatoria contra Cob no existía mérito para atribuirle responsabilidad.

Según el fallo, el Consejo de Administración de la CNFL sí recibió asesoría e información sobre los costos y rentabilidad del proyecto hidroeléctrico Balsa Inferior por parte de Cob y de las direcciones técnicas de la CNFL.

De acuerdo con la prueba documental y testimonial recabada, indican las juezas, no hay responsabilidad administrativa por lo cual, las conclusiones tanto en el procedimiento administrativo de la Contraloría General de la República como en el juicio oral y público, “son erradas, contradictorias e incluso, ayunas de todo razonamiento lógico, ya que se alejan de las reglas de la valoración de la prueba conforme a la sana crítica, la experiencia y la lógica”.

En las sentencia, las juezas también condenaron a la CGR al pago de las costas procesales y personales, las cuales se liquidarán en la etapa de ejecución de sentencia.

La sentencia refiere que diversos documentos y testimonios en el proceso revelaron “la complejidad de proyecto, a incidencias previsibles e imprevisibles que ocurrieron cuando el Instituto Costarricense de Electricidad inició con las obras subterráneas".

El escrito agrega que, eventos naturales, encarecieron el proyecto lo cual trajo “una afectación directa e inmediata en el porcentaje de rentabilidad”.

Según el fallo, el Órgano Director de la CGR que decidió imponer la sanción partió de la premisa de que el hecho de autorizar el financiamiento de la obra, pese a conocerse el aumento en sus costos, no tiene como elemento integrante y consecuencia lógica un cambio en la rentabilidad del proyecto.

Para las juezas, fue “incorrecta e insostenible” la premisa de la cual partió ese órgano director “conforme a las reglas de la lógica”.

“Atribuir que el actor no informó de los riesgos no es cierto a la luz del expediente administrativo y declaraciones vertidas y citadas líneas atrás. Las declaraciones tanto en sede administrativa como judicial, son contundentes en sostener que el Consejo de Administración sí fue asesorado e informado de los costos y por lógica consecuencia, de la afectación que esto conllevaba en la rentabilidad del proyecto”, señala la sentencia.

Para Valerín, con estas consideraciones de las juzgadores, quedó demostrado que la prueba fue mal valorada.

"Esto fue una persecución de las más groseras que he visto en mi vida pública. Esto dañó la honra y prestigio a Don Pablo”, dijo la abogada.

Valerín confirmó que el Tribunal ordenó el pago de ¢10 millones a Cob por daño moral y ordenó a la CGR a publicar integralmente la sentencia en el diario oficial La Gaceta.

Para marzo del 2018, tres años después de que se concluyera la construcción del proyecto Balsa Inferior, esta impactaba las finanzas de la CNFL, al punto de que tuvo que acudir al respaldo del ICE para hacerle frente a una deuda de ¢15.000 millones con inversionistas.

El crédito del Instituto le permitió cancelar una emisión de bonos de deuda colocados en el 2010 para construir la hidroeléctrica.

Una investigación solicitada por el Consejo de Administración de la Compañía en 2016, determinó que el proyecto se realizó con una “pésima gestión” de la entidad durante la etapa de obras, lo que provocó que su costo final se cuadruplicara.

La inversión pasó de $94 millones al iniciarse el proyecto en el 2008, a $361 millones en marzo del 2015 cuando terminaron los trabajos.