Las dudas y cuestionamientos sobre Ciudad Gobierno, una de las principales promesas de la administración Chaves Robles, no se limitan a la Contraloría General de la República. La semana anterior, cuatro sindicatos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) solicitaron detener los planes de desalojo de oficinas y traslado de personal ante la incertidumbre que rodea al proyecto.
La idea del Gobierno es demoler las instalaciones del MOPT, ubicadas en Plaza González Víquez, San José, y varias edificaciones contiguas para dar espacio a un complejo de 21 edificios que albergará ministerios y otras entidades estatales.
Las obras serían financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un estimado de $450 millones y, cuando esté listo, el Estado pagaría un alquiler mensual hasta cancelar el costo de los inmuebles.
Sin embargo, el pasado 22 de agosto, Marta Acosta, contralora General de la República, aseguró que la figura con la que el Gobierno pretende financiar el proyecto conlleva endeudamiento internacional, por lo que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

Además, La Nación publicó, este miércoles 6 de setiembre, un reportaje en el que exponen otras advertencias de la Contraloría, como que la obra debe sacarse a concurso por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). También, el órgano fiscalizador criticó que no existe un expediente que permita identificar y conocer “los análisis que dan sustento a las decisiones técnicas y jurídicas tomadas hasta el momento”.
En su escrito, los sindicatos del MOPT mencionan los argumentos de la Contraloría y piden detener cualquier plan de desalojo o traslado para no crear incertidumbre entre los funcionarios.
La Nación envió, este jueves, un correo electrónico a Alicia Paz, asesora de comunicación de Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, en el que se le consulta si ya se le dio respuesta a los sindicatos, y detalles sobre el traslado de personal y planes de desalojo o demolición, pero al cierre de esta información no ha respondido las interrogantes.
“Ahora es un proyecto carente de futuro”, manifestaron los sindicatos en su nota, firmada el pasado 28 de agosto por Héctor Arce Cavallini, José Antonio Vives Fernández, Rafael Navarro Hernández y Mario Fernández Camacho, líderes sindicales del MOPT.
Arce declaró, en una entrevista con este diario, que no están en contra del proyecto Ciudad Gobierno, pero sí están en desacuerdo en la forma que se pretende sacar adelante la iniciativa.
El dirigente agregó que no conocen si el Estado cuenta con estudios técnicos que sustenten la construcción, no les han comunicado adónde los trasladarían de manera provisional mientras se levantan los nuevos edificios y tampoco les suministraron una hoja de ruta del proyecto.
Otro escollo que enfrenta Ciudad Gobierno es el recurso de amparo presentado por un grupo de egresados del Liceo de Costa Rica que se oponen a ceder, de forma gratuita, un terreno que le pertenece al centro educativo.