La propuesta de arreglo de seis de 26 imputados en la causa por las supuestas irregularidades en la construcción de la llamada trocha fronteriza dejó en suspenso la audiencia preliminar que debía comenzar a este lunes.

Se trata del planteamiento de soluciones alternas al juicio, mediante la cual los implicados intentan evitar un debate y una eventual condena.

“Estas soluciones tienen que ser conocidas por tres instituciones para valorar estas propuestas”, explicó el abogado defensor Rafael Gairaud, quien admitió que su representado es uno de los proponentes.

Por esta razón, para que la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República conozcan esas posibles salidas, la audiencia se suspendió a las 9: 30 a. m.

Paola Madriz, representante de la Procuraduría confirmó que se analizará la posibilidad de la salida alterna que hicieron seis imputados y seis demandados civiles.

En su caso, añadió, verá si la propuesta satisface las pretensiones de la Procuraduría, que reclama ¢650 millones por daño material y cerca de ¢900 millones por daño social.

Como representante del Ministerio Público figura la fiscala Milena Brenes.

La nueva fecha para la audiencia quedó pactada para el próximo jueves 10 de octubre a las 8:30 a. m.

Testigo de la corona

José Miguel Villalobos, quien representa a seis implicados, entre ellos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi, afirmó que el Ministerio Público ya le había indicado en una reunión previa que se pretende una pena de prisión “relativamente alta para todos" en referencia a sus clientes.

“Nosotros como estimamos que no existe ningún delito, preferimos no aceptar ninguna negociación que implique prisión para mis representados, por lo tanto, en el caso de mis clientes, no hay arreglo”, dijo.

El abogado sospecha que en este caso hay un testigo de la corona, pues uno de los empresarios investigados habría firmado un criterio de oportunidad.

Villalobos representa a Miguel Ramírez, Manuel Serrano, Geovanny Baralis, Alexánder Mesén y la esposa de este último, Marta Eugenia Morera.

Según Villalobos, el caso no debe llegar a juicio y de hacerlo esperará una absolutoria, pues considera que no hubo delitos y que la trocha se completó.

Siete años después

Imputados, defensores, y demás partes se encontraron esta mañana en Tribunales de Goicoechea donde se realizaría la audiencia preliminar siete años y cuatro meses después de la primera denuncia, en mayo de 2012, cuando la entonces presidenta Laura Chinchilla reveló aparentes anomalías en el manejo de fondos para la carretera paralela al río San Juan, bautizada también como ruta 1856.

Estaba previsto que se prolongara hasta enero.

En esta fase del proceso, el juez deberá determinar si hay causa suficiente para ir a juicio, no se reciben testimonios ni declaraciones, sino que solo se da lectura a la pieza acusatoria de la Fiscalía, a la querella de la Contraloría y a la acción civil de la Procuraduría, luego se le da la palabra a la defensa. No es una discusión.

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En la causa que se tramita bajo el expediente 12-000053-0621-PE figuran 26 acusados. Entre ellos hay funcionarios o exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), 18 empresarios contratados para las obras, dos mujeres, esposas de empresarios, y tres particulares.

A ellos se les relaciona con el supuesto manejo irregular del dinero para construir la carretera que desde 2010 se declaró como obra de emergencia por razones de seguridad, debido a la invasión por parte de un grupo de militares nicaragüenses a la fronteriza isla Calero.

Civilmente el número de presuntos responsables sube a 51, entre personas físicas y jurídicas, a quienes la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, reclamará ¢1.600 millones.

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El proyecto de 160 km nunca se completó.

Según investigaciones, hubo presuntos acuerdos entre funcionarios y contratistas para sustraer recursos públicos; supuestamente había facturas que señalaban que la misma maquinaria se usaba en lugares distintos ya sea por uno solo o por distintos proveedores del servicio; así como supuesto uso de maquinaria que nunca habría ingresado al país según registros de Aduana.