EscucharEl exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, defendió este jueves en el Congreso la decisión que tomó en el anterior gobierno de frenar la construcción de la carretera a San Carlos y no extenderle el contrato a la empresa que estaba a cargo del proyecto.
Durante una comparecencia ante la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, Méndez aseguró que no había claridad sobre el diseño, el cronograma de trabajo, la atención de problemas geológicos en puentes, la solución de pasos por humedales y la fuente de financiamiento para concluir las obras.
“Desde el punto de vista técnico, ni siquiera se tenía la certeza de que la carretera podía ser transitada por donde se construía”, aseveró el exjerarca.
Señaló que, ante esa gestión tan ineficaz e ineficiente, la Contraloría General de la República había advertido al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que no le solicitara más autorizaciones para continuar hasta que la Administración no pudiera garantizar el cumplimiento de las condiciones descritas en la orden de inicio de noviembre del 2017.
En aquella ocasión se habían establecido una serie de requisitos tales como estudios previos para la elaboración de diseños pendientes, atención a temas ambientales, adquisición de terrenos, especificaciones técnicas y planos.
“Me ocupé, en los primeros días de mi gestión, de visitar esa obra esencial para el desarrollo nacional, conocí con detalle las dificultades que les describí y tomé la primer decisión importante al respecto: encontrar la vía legal y administrativa para parar la ejecución de las obras y poner orden en el proyecto”, declaró Méndez.
Misión imposible
La carretera a San Carlos, con una extensión aproximada de 44 kilómetros, comenzó a ser construida desde 2005 y no ha podido ser finalizada por múltiples tropiezos. Desde 2008, año en que la empresa constructora Sánchez Carvajal asumió los trabajos, se realizaron varias extensiones de contrato con el objetivo de terminar la vía.
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Sin embargo, el proyecto se convirtió casi en una misión imposible, ya que con el paso de los años se descubrieron nuevos obstáculos. Por ejemplo, en el puente sobre el río Laguna, a mitad de la construcción, se hallaron problemas geológicos que impidieron su levantamiento.
Méndez Mata calificó ese puente como un “monumento a la impericia”. Incluso, manifestó que el experto brasileño contratado en el Gobierno anterior para diagnosticar si se podía continuar, dijo, en referencia al puente, “que a los muertos se les llora, no se les da respiración artificial”.
“Decir, en esta oportunidad, que se paró el proyecto es fácil, son circunstancias políticas diferentes a las que viví cuando tomé la decisión, pues la presión de las comunidades y las organizaciones que promovían la continuación del proyecto, en medio de aquel desorden, era inmensa (...).
“No culpo a las comunidades, ellas luchan por la obra, pero cuando uno asume una responsabilidad como ministro de Estado, debe actuar con firmeza en procura del interés nacional, que es también el de ellos. Por lo que, en lugar de ceder a la presión del momento, les hablé con la verdad y expliqué, de todas las formas posibles, que había que poner las decisiones técnicas por delante de las políticas”, agregó.
Hasta 2018, el Estado había invertido $300 millones en los 29 kilómetros del tramo central (Sifón-La Abundancia); la cifra es cinco veces mayor al presupuesto original. En 2005, cuando Costa Rica era presidida por Abel Pacheco de la Espriella, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) estimó que $60 millones serían suficientes para la ruta.
Desde entonces, pasaron 17 años y ninguno de los cuatro presidentes posteriores a Pacheco pudo cortar la cinta de inauguración y posar para la fotografía de estreno de la obra.
Sobre ese punto, Méndez aseguró sentirse “consternado” ante la falta de preguntas y cuestionamientos a los jerarcas de gobiernos pasados. Además, subrayó que fue durante su gestión que se denunció, ante el Ministerio Público, presuntas irregularidades en la ejecución de esa carretera.
“Me consterna que esta Comisión esté centrando sus esfuerzos en investigar hechos que nosotros mismos denunciamos y no en indagar por qué las cuatro administraciones anteriores a la nuestra no hicieron nada al respecto, siendo que, desde 2010, la empresa Cacisa, en su condición de supervisora, advirtió que existía un aparente sobrepago por movimientos de tierra por 3,5 millones de metros cúbicos”, concluyó el exministro.
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Varios legisladores, entre ellos Francisco Nicolás Alvarado, del Partido Liberación Nacional (PLN), criticaron al exministro, pues consideraron que intenta evadir su responsabilidad política.
Según el exministro, además de acabar con el contrato con Sánchez Carvajal, consiguieron financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para hacer los estudios técnicos que faltaban, realizaron los estudios geológicos pendientes y se contrató una consultora que está elaborando los estudios de pre-ingeniería y factibilidad.
Este miércoles, durante una entrevista con Radio Santa Clara, Luis Amador Jiménez, actual ministro del MOPT, dijo que tendrán que instalar un peaje para financiar los $300 millones o $400 millones que hacen falta para completar la carretera.
“Ya le hicimos las propuestas a don Rodrigo (Chaves), sobre las diferentes opciones, él va a tener que decidir cómo la quiere hacer, pero la carretera va porque va y don Rodrigo lo dijo claramente, si la carretera no sale antes de que termine mi Gobierno van a rodar cabezas (...).
“Inclusive, si me pide la renuncia en una hoja en blanco, yo se la doy para que la ejecute en el momento que sea necesario”, comentó Amador.
