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El Estado tendrá que pagar unos $9 millones de más en el préstamo para la ampliación de la ruta 32 debido a las diferencias en el tipo de cambio.
Dicho financiamiento por $395 millones fue otorgado al país por el Eximbank de China en yuanes ($100 millones) y dólares ($295 millones), por lo que la Contraloría General de la República ya había advertido que existía un riesgo por el aumento en el precio del dólar.
La semana anterior, en una comparecencia en el Congreso, la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, dijo a los diputados que ese riesgo, que fue señalado cuando se estaba por aprobar el proyecto de ley para el préstamo, ya se materializó y representa hasta ahora $9 millones de más (¢5.562 millones).
Sus declaraciones constan en una participación que se extendió durante dos sesiones (martes y jueves), en la comisión especial creada para investigar supuestos hechos de corrupción en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
La contralora hizo alusión a este tema durante la presentación en la que criticó la falta de planificación que afecta a este y otros proyectos y que queda en evidencia cuando se presentan casos con este problema de riesgo cambiario, la mala gestión de expropiaciones y otras tareas que se traducen en atrasos y sobrecostos.
Acosta pidió a los diputados que cuando el ente contralor exprese este tipo de pronunciamientos se atiendan.
La funcionaria recalcó que, en el caso del crédito para la ampliación de la ruta 32, el criterio que se emitió fue muy importante porque se detectaron ciertas deficiencias en cuanto al tema de razonabilidad de precios y de riesgo cambiario.
“Y bueno se aprobó la ley y hoy lo estamos viendo materializado con $9 millones de más, grandes problemas con expropiaciones. Entonces, en ese sentido, por lo menos que se escuche”, solicitó la contralora.
En un documento del Ministerio de Hacienda, denominado “Preguntas y respuestas sobre el proyecto ‘Diseño, rehabilitación y ampliación de la ruta nacional N°32 sección cruce ruta N°4-Limón’”, que aún aparece disponible en el sitio web de esa cartera, se indicaba que con respecto al tema cambiario se debía analizar si era favorable transformar la deuda a dólares.
“Lo que se debe considerar es si es necesaria una cobertura cambiaria y transformar esta deuda en yuanes chinos a dólares. Se debe analizar el costo-beneficio de realizar este tipo de cobertura y hacer lo que mejor le resulte a Costa Rica desde el punto de vista de gestión óptima de deuda.
“Es por esto que el Gobierno monitoreará la operación constantemente y realizará la cobertura si así lo considerara necesario, tomando en cuenta el riesgo que implica tener esa exposición en yuanes chinos contra el costo de transformar la deuda en dólares”, señala.
Asimismo, defendía en ese momento, que como la operación en yuanes sería equivalente a $100 millones, esto representaba menos del 1% de la composición de deuda del Gobierno.
“Con base en las proyecciones de tipo cambio US$/yuan, se espera que esta relación se mantenga relativamente estable alrededor de 6 yuanes/US$, por lo que a priori no parece haber un riesgo elevado de tipo de cambio”, concluye ese documento.
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La Contraloría había señalado en dos criterios presentados en el 2013 y 2014 (cuando se discutía el proyecto), que temas como el riesgo cambiario, la valoración de la tasa de interés y la contratación a suma alzada generaban incertidumbre, sin embargo la semana anterior Acosta recordó a los diputados que dichas advertencias no fueron consideradas.
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En esos criterios, el ente también pedía al Ejecutivo “sustentar” la selección de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), así como las condiciones de la contratación.
Para ese momento, CHEC ya había resultado salpicada por escándalos en otros países, algunos relativos al supuesto incumplimiento de obras.
Actualmente el proyecto de ampliación enfrenta no solo atrasos en su ejecución, sino que mantienen al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la empresa china enfrentados por temas que no quedaron claros en el contrato, como la construcción de los pasos de fauna y la responsabilidad de rehabilitar los puentes existentes que incluso podrían llevarse a un arbitraje internacional.
Además se ha señalado que el proyecto inició con estudios de tráfico obsoletos y que se realizan obras con diseños que podrían afectar la vida útil de la carretera, también por falta de estudios técnicos.
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En tanto, la empresa ha señalado dificultades para avanzar por falta de expropiaciones y al principio enfrentó atrasos en la obtención de permisos ambientales.
Actualmente el proyecto que incluye la ampliación de los 107 km entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón tiene menos del 50% y se han otorgado dos prórrogas, por lo que su fecha de finalización se trasladó a mayo del 2022.
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Pese a eso, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, anunció el mes anterior que solicitarían una adenda al banco chino, con lo que el contrato de ejecución también se prorrogaría unos dos años para completar las obras adicionales.
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