El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pidió a la empresa encargada de la ampliación del tramo entre Cañas y Limonal, en la carretera Interamericana Norte, modificar el diseño de la obra para agilizar los trabajos.

En ese sector, las expropiaciones han sido una de las principales razones de atraso, por lo que el MOPT solicitó a la compañía Azvi ajustar el trazado al derecho de vía existente.

Según el ingeniero a cargo de la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura del Transporte (PIT), Tomás Figueroa, esa medida permitió reducir de 161 a 59 los terrenos necesarios para la ampliación a cuatro carriles de esos 21 kilómetros de vía.

El ingeniero explicó que, ante las dificultades con las expropiaciones, a la empresa se le aprobó una segunda prórroga de cuatro meses en el plazo para finalizar el proyecto.

Inicialmente, el proyecto tenía como fecha de entrega setiembre de este año. Luego, el plazo se corrió a enero del 2021, y ahora será hasta abril del 2021 cuando la obra deba ser concluida.

De acuerdo con datos de la Unidad Ejecutora, a diciembre el avance ejecutado del proyecto era de un 16,37%, lo que significa un atraso de 6,5% conforme a lo programado (considerando la ampliación del plazo aprobada).

El ajuste en los diseños que presentó la empresa ya fue revisado y aprobado por el Ministerio, pero aún debe ser firmado. Según Figueroa, dependen de unos documentos que debe entregar la constructora para ratificar el cambio.

Añadió que la modificación podría representar una baja en el costo de la obra.

Un informe técnico de la Auditoría General del MOPT, presentado en noviembre del año pasado, detalló que de las 161 expropiaciones originales requeridas para el proyecto, el contratista solo tenía cuatro inmuebles a su nombre, a setiembre.

“Con el fin de tener acceso a las propiedades lo antes posible, se está utilizando la figura de ‘entrada en posesión voluntaria’, la cual consiste en un documento de buena fe entre las partes”, mismo que no garantiza su permanencia en el tiempo, por lo cual genera un riesgo para la Administración”, detalla el documento.

Bajo esa modalidad se tenían 44 predios, sin embargo también se indica que se han dado casos en los que los propietarios luego desestiman esos acuerdos de buena fe.

En su informe, la Auditoría también señala que durante la visita realizada el año anterior se observó una “gran cantidad” de postes y tendido eléctrico pendientes de ser removidos.

Sin embargo, Figueroa afirmó que esa condición tuvo un avance “importante” durante el mes de diciembre, tras lograr un acuerdo con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para movilizar los postes críticos.

El ingeniero explicó que los atrasos en la relocalización de servicios están ligados a las expropiaciones, ya que si a los extremos quedan zonas sin expropiar no hay dónde ubicar esos servicios.

Asimismo, el documento señala que el avance en la tala de árboles también depende del proceso de expropiación, debido a que no se puede ingresar a las propiedades privadas.

“Se está avanzando en el inventario forestal y los permisos de tala de árboles”, cita el texto.

El contrato por $89,8 millones incluye la reconstrucción de la calzada existente a dos carriles por sentido, la construcción de un intercambio en Limonal y la demolición de los puentes actuales.

También contempla la construcción de cinco pasos nuevos de cuatro carriles cada uno (río Desjarretado, Lajas, Higuerón, San Miguel y Javillos), así como otros dos puentes nuevos de tres carriles cada uno.

En cuanto al tramo de 50 kilómetros entre Barranca y Limonal, que también forma parte de la carretera Interamericana norte, quedaría adjudicado el próximo mes.

En diciembre pasado, el MOPT realizó la apertura de ofertas para esta nueva licitación que además incluye la ampliación de los 3 kilómetros de la vía conocida como La Angostura, entre El Roble y Barrio El Carmen en Puntarenas.

Este proceso se inició en julio del año pasado, luego de que el Ministerio anulara el trámite licitatorio que para entonces estaba llevando, dado que las múltiples apelaciones de las empresas interesadas estaban encareciendo el proyecto.

En esa ocasión, la obra se había dividido en dos secciones (Barranca- San Gerardo y San Gerardo -Limonal).

Para ambos trayectos el costo se estimaba en $200 millones, pero solo en uno de esos tramos el costo ya se había elevado en unos $30 millones al tener que adjudicar la siguiente oferta en orden de precio, cada vez que una quedaba fuera.

Los recursos para estas obras, al igual que la ya finalizada entre Cañas y Liberia, provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).