EscucharEl ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, bajó el tono al anuncio que hizo semanas atrás cuando dio casi por un hecho que terminaría el contrato de fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) y buscaría otro mecanismo para ampliar la carretera San José-San Ramón.
Lo hizo durante su comparecencia, este jueves, ante la comisión legislativa de la provincia de Alajuela, a la que fue llamado a explicar cuáles son los planes para continuar con ese proyecto actualmente en manos del Fideicomiso Ruta Uno, del BCR.
“No se quiere retrasar la obra, lo que se quiere es jalarle las riendas (al Fideicomiso) y que se ajusten las cosas, pero si ellos no quieren hacer eso entonces el plan B es que ellos terminen la fase preoperativa, sacar todas las expropiaciones, seguir con todo tal y cual, y no sé si la figura de concesión será la adecuada, pero en paralelo buscar otra figura para hacer las cosas. Yo no quiero afectar la obra, pero el finiquito fue el jalonazo de riendas para que ellos reaccionen y estén dispuestos a negociar”, aseveró el jerarca.
Antes de responder las consultas de los legisladores, Amador expuso una vez más los altos costos que, a su criterio, implican mantener la unidad administradora del proyecto, es decir, Fideicomiso Ruta Uno.
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Además, sostuvo que la “mayor resistencia” para renegociar el proyecto ha venido de esa unidad, pues, según dijo, el gerente del BCR sí ha manifestado su anuencia a negociar las condiciones.
El jerarca también reconoció que finiquitar de forma unilateral el contrato, podría implicar el pago de indemnizaciones para el Estado.
“Si hacemos un finiquito sí hay implicaciones económicas, si hago una adenda no, si yo hago una adenda, la adenda puede ser una adenda donde hay plazos, penalizaciones etc., también puede ser donde se acorta el objeto contractual y se deja terminar una fase pero ingreso con otra figura de asociación público privada, otro fideicomiso a hacer la siguiente etapa”, explicó.
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También insistió en que esa es la razón por la que considera que se dio un “golpe en la mesa” para que los representantes del banco se sienten a negociar.
De no llegar a un acuerdo con el BCR, el plan del Gobierno sería que esa unidad termine las obras impostergables que son las consideradas dentro de la fase preoperativa y las expropiaciones.
BCR culpa a Conavi por atrasos
Precisamente, la directora de la unidad ejecutora de Fideicomiso, Hadda Muñoz, compareció ante los diputados previo a Amador.
Ella declaró que más bien es la unidad ejecutora que tiene el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para este mismo proyecto, la responsable de la lentitud con que avanzan las llamadas obras impostergables u OBIS, que son previas a la ampliación del tramo principal.
Según Muñoz, esa unidad no ha aprobado estudios necesarios para completar las mejoras de las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo, con lo cual se dejan de percibir unos ¢76 millones al mes.
De acuerdo con la directora, a pesar de que se hicieron los diseños cumpliendo lo indicado en los estudios de factibilidad y que estos fueron aprobados por el Consejo de Administración del Conavi, la unidad ejecutora mantiene diferencias de criterio sobre el ancho de carriles y espaldones.
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Muñoz criticó que, pese a la orden del ministro de avalar esos diseños, la unidad ejecutora pidió una prórroga para dar el visto bueno en agosto y así realizar consultas al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
Además, aunque desde el año pasado se cuenta con un financiamiento de $50 millones para las obras en los intercambios de el Coyol, Grecia, Naranjo, San Ramón y el puente Juan Pablo II, la unidad ejecutora dentro del Conavi no ha definido el mecanismo para la ejecución de esos recursos.
Otro de los atrasos achacados por el Fideicomiso a la Administración tiene que ver con las expropiaciones, las cuales dependen de la consecución de un financiamiento por $45 millones, el cual según Muñoz no se ha podido llevar adelante debido a la incertidumbre ante el anuncio del eventual finiquito del contrato con el BCR.
En el turno del jerarca, quien se hizo acompañar del gerente de la unidad ejecutora del Conavi, Pablo Camacho, aseguró que la aprobación se ha retrasado debido a que los diseños presentados tienen deficiencias de seguridad vial y de calidad de las obras.
“Los atrasos que se han dado es porque el Banco de Costa Rica ha entregado información incompleta y no ajustada a la normativa”, sostuvo Camacho.
Al término de la sesión, los congresistas acordaron volver a llamar a los representantes del Fideicomiso para aclarar varias de las acusaciones realizadas por el jerarca del MOPT.
De acuerdo con los estudios de factibilidad elaborados por el Fideicomiso Ruta 1, la ampliación de la carretera de 60 km entre San José y San Ramón tendría un costo de $740 millones, de los cuales $110 millones serían considerados como aporte estatal, pues es lo que se está invirtiendo en las llamadas obras impostergables, entre las que se incluye la ampliación de puentes e intercambios a lo largo de la vía.
Ese monto sería financiado mediante el pago de peajes, cuyas tarifas fueron estimadas en ¢3.600 de ida y vuelta.
