Patricia Recio. 23 enero
Leonor Antillón (izq), Bernal Gamboa y Shirley Jara son los abogados que representan a los demandantes. Fotografía José Cordero
Leonor Antillón (izq), Bernal Gamboa y Shirley Jara son los abogados que representan a los demandantes. Fotografía José Cordero

El juicio contra el Estado y la empresa que opera la carretera San José-Caldera deberá esperar hasta el lunes. El inicio del debate estaba previsto para este jueves, pero un problema en la conformación del tribunal lo dejó en suspenso.

Este proceso ante los tribunales contencioso administrativos se origina en una demanda presentada hace ocho años por vecinos y organizaciones que cuestionaron los peajes que cobra la concesionaria por el uso de la ruta y las condiciones de seguridad de la vía.

Por esta razón, dirigieron su reclamo contra el Estado, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Contraloría General de la República (CGR), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), así como la concesionaria Autopistas del Sol (hoy Globalvia).

Aunque la espera lleva mucho tiempo, cuando las partes llegaron al debate, se informó de que una de las juezas integrantes del Tribunal estaba de vacaciones, y quien la sustituye solo estaría unos días, razón por la cual el proceso correría riesgo.

Tras una larga discusión sobre la conveniencia o no de trasladar el inicio del juicio, acordaron que finalmente comenzaría el lunes, cuando haya regresado a labores la jueza miembro del Tribunal.

Por supuesto, la decisión causó descontento entre los demandantes.

“La última audiencia por este proceso fue en el 2016, y ya casi tenemos cuatro años de esperar por estas audiencias. Estos cuatro años han sido de ventaja para el concesionario y para el Gobierno, que no han hecho mucho caso.

"Vea la cantidad de abogados que trae, el pueblo es el que paga, no solo solo los peajes, sino también los abogados... y todavía no tenemos ni los controles ni la corrección de las anomalías que hicieron, ni siquiera las promesas de remediar los fundos que dejaron enclavados o maltratados”, manifestó Leonor Antillón, abogada de los quejosos.

También Bernal Gamboa, otro abogado de los demandantes criticó el proceso.

“Todo esto se vuelve complejo para todos, ya la Procuraduría y Autopistas de Sol dijeron ‘traemos testigos del extranjeros no los podemos mover’, a nosotros si nos imponen el movimiento (...) Una vez que ya los jueces estaban convocados aquí tenían que empezar y mantenerse, pero el Poder Judicial le da prioridad al tema de los nombramientos por encima de la continuidad de los casos”, afirmó.

Según Gamboa, ellos tienen citados unos 10 testigos, entre ellos expertos en ingeniería.

Para la procuradora Grettel Rodríguez, quien defiende los intereses del Estado, será el Tribunal el que deba realizar los acomodos para llevar a cabo las audiencias, aunque no considera que haya gran impacto.

Rodríguez dijo que es un juicio muy grande pues toca temas económicos, de ingeniería y de valoración.

“Para el Estado las nulidades que se están alegando no existen, el contrato está apegado a lo que la normativa jurídica regulaba en ese momento”, añadió.

En tanto, la representación de la concesionaria se manifestó en favor de que la jueza que asuma el caso se mantengan durante todo el debate. Sobre el fondo de los reclamos, declinó pronunciarse.

Uno de los principales reclamos de los vecinos tiene que ver con las tarifas de peaje que deben pagar. Fotografía José Cordero
Uno de los principales reclamos de los vecinos tiene que ver con las tarifas de peaje que deben pagar. Fotografía José Cordero
Las quejas

Como demandantes participan la Asociación Rescate de Valores Patrióticos y la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), cuyos representantes alegan que la vía no cumple con medidas de seguridad, además reclaman el costo de los peajes.

Entre otros aspectos, los vecinos cuestionan a la Aresep porque aseguran que no se ha realizado una valoración adecuada.

Además, consideran que la carretera no cumple con el parámetro de calidad del asfalto, ya que inicialmente el segmento Ciudad Colón-Orotina se construiría con concreto hidráulico, pero se colocó concreto asfáltico.

Otro punto crítico son los taludes, pues afirma que no se trabajaron como estaba previsto en el proyecto y que otras obras, como el paso peatonal del oficentro Forum, se eliminó del primer balance y se incorporó posteriormente por el doble de precio.

Las peticiones de los demandantes van desde la imposición de multas por incumplimientos del concesionario, hasta que se valore finiquitar la concesión.

Según la procuradora Grettel Rodríguez. se trata de reclamos muy amplios que abordan temas económicos, de ingeniería y de valoración.

“Para el Estado, las nulidades que se están alegando, no existen, y el contrato está apegado a la normativa”, dijo.

La carretera entre San José y Caldera fue inaugurada en enero del 2010.

Su construcción se dio mediante un contrato de concesión con la empresa Autopistas del Sol (ahora Globalvia), la cual tiene a cargo la administración y mantenimiento del trayecto de 76 km hasta el 2033.

Este miércoles el Gobierno firmó una carta de entendimiento para dar el banderazo de salida al proceso de ampliación de la vía, con lo cual se prolongaría el contrato de concesión por al menos 15 años más a partir de que venza el acuerdo vigente.

A la fecha, según reconoció el secretario nacional de Concesiones, José Manuel Sáenz, cuando se ha consumido 40% del plazo de la concesión actual, la empresa ya ha recuperado el 55% de su inversión por conceptos de peajes.

La empresa invirtió $336 millones en la construcción de la carretera.

La estimación es que el costo de la nueva obra rondaría los $600 millones, por lo que el Gobierno ya advirtió de que, necesariamente, los peajes deberán aumentar.