EscucharEl Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) desechó la idea de construir obras comunales valoradas en $6,5 millones en la ciudadela La Carpio, en La Uruca, San José, a través de una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La noticia fue confirmada este lunes por Wendy Molina Varela, presidenta ejecutiva interina del INVU, durante una entrevista con La Nación.
La decisión fue tomada luego de que la Contraloría General de la República objetara, el pasado 6 de julio, el contrato que el INVU pretendía firmar con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) para la construcción de sistemas de agua potable, residual y pluvial, control de incendios, iluminación, gestión de residuos sólidos y redes eléctricas, entre otros.
Con el propósito de impulsar el acuerdo, el INVU argumentó que UNOPS es una agencia de asistencia humanitaria, lo que permitiría aplicar el artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública, vigente desde noviembre de 2022, que establece los casos que pueden quedar excluidos de la normativa.
No obstante, la Contraloría rechazó la autorización de ese convenio debido a que, según la legislación vigente, UNOPS no ostenta la categoría de ente de ayuda humanitaria, sino de proveedor de servicios.
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Molina admitió que la decisión de no continuar el proyecto con UNOPS aún no ha sido sometida a la aprobación de la Junta Directiva del INVU, pero aseguró que ya conversó sobre el tema con sus integrantes, quienes están de acuerdo en no avanzar en esa dirección.
La jerarca también comunicó que Manuel Morales, director de Vivienda y Asentamientos Humanos y miembro del equipo técnico a cargo de las obras en La Carpio, renunció la semana pasada “por razones personales”. Además, declaró que no llevará a cabo una investigación para determinar quiénes fueron los impulsores de la contratación directa de la agencia de la ONU, ya que prefiere “seguir adelante”.
Morales expresó, a través de un mensaje de texto, que su salida de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos no está relacionada con el contrato INVU-UNOPS. “Dicha renuncia se debió a diferencias intelectuales con algunas decisiones y con el estilo de la actual Administración”.
Este diario le consultó a qué se refería, pero el exfuncionario declinó contestar. También manifestó que no tuvo relación directa con la negociación del convenio con UNOPS.
Las obras en La Carpio por $6,5 millones (más de ¢3.500 millones) implican la intervención de un área total de 591.668 metros cuadrados, donde habitan aproximadamente 5.983 familias. De ese desembolso, UNOPS iba a cobrar el 5% por sus gestiones.
La semana pasada, Martín Arévalo, director de UNOPS en Costa Rica, dijo que los cuestionamientos hechos por la Contraloría se podían resolver. Sin embargo, la presidenta interina del INVU afirmó que ya comunicó a Arévalo su decisión de no seguir adelante con ellos.
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Tiempo perdido
La Carpio, una de las comunidades más necesitadas de San José, tiene más de diez años esperando mejoras comunales a través de un bono colectivo. Desde 2014, el Estado aprobó inversiones en ese lugar, pero varios gobiernos han pasado sin que se concreten.
Varela reconoció que al buscar a UNOPS bajo el argumento de que se le podía aplicar una excepción legal como supuesto organismo de ayuda humanitaria se perdió tiempo clave para el proyecto, en especial por los años que los vecinos tienen aguardando.
Pese a esta situación, Molina descartó iniciar una investigación para determinar responsabilidades administrativas.
Después del revés con UNOPS, la funcionaria garantizó que continuarán con las inversiones en La Carpio, pero optarán por una contratación por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Casa Presidencial
Molina aseveró que al conocer el criterio de la Contraloría General de la República conversó sobre el futuro del contrato con UNOPS con “las jerarquías” de Casa Presidencial.
Al preguntarle con quiénes trató el tema, dudó en responder. Al insistir en la pregunta, contestó que con Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, pero segundos después señaló que fue con Alejandra Vargas, funcionaria del despacho del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
