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La ampliación de la carretera de 77 km entre San José y Caldera, para llevarla a tramos con hasta tres carriles en cada sentido, tendría un costo de $646 millones que asumiría Globalvia, empresa concesionaria de esa carretera que conecta el centro del país con Puntarenas y Guanacaste.
Sin embargo, para evitar que esa alta inversión privada dispare el costo de los peajes, el Estado tendría que aportar al menos, $150 millones y hasta $200 millones, declaró José Manuel Saénz, secretario del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Esa entidad tiene entre manos el futuro de la expansión de esa vía, de un carril en cada sentido, por la cual transitan, en promedio, 1,5 millones de vehículos por mes. Desde 2014, con cuatro años de operación, comenzó a presentar congestionamiento.
El CNC dice que la intención es duplicar la capacidad de la ruta 27, pero sin aumentar excesivamente las tarifas. Actualmente, a lo largo de las cuatro estaciones de cobro, un vehículo liviano paga un total de ¢2.470 por sentido.
La estimación del aporte estatal la dio el CNC luego de conocer el modelo financiero para el proyecto, presentado a mediados de abril por la concesionaria Globalvia.
De acuerdo con José Manuel Saénz, el informe contempla distintos escenarios de costos de materiales e inversiones requeridas, así como los montos necesarios para costear las mejoras.
Afirmó que si bien el plan es duplicar la carretera, bajo ninguna circunstancia se puede pensar en duplicar los peajes. Los escenarios se darían a conocer más adelante cuando se tenga mayor claridad sobre las posibilidades de aporte estatal y se afinen otros detalles de la propuesta.
“Se está duplicando la carretera, el costo, a como lo puso el concesionario, es el doble de lo que costó la construcción originalmente –que no contemplaba los puentes mayores–. Es un monto muy alto y lo tenemos que acomodar en 15 años adicionales de concesión. Son fórmulas financieras, no es que se hace un cálculo de regla de tres. Entonces, vamos a duplicar la carretera, pero no vamos a duplicar el peaje, eso téngalo por seguro”, afirmó.
Los cálculos realizados por el CNC es que para lograr peajes “socialmente aceptables” se requiere ese aporte que oscila de $150 millones a $200 millones.
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Una de las opciones que la Administración podría valorar es diluir este pago en aportes anuales durante el plazo restante de la concesión.
Esa alternativa no ha sido descartada y dependerá, adelantó el secretario del CNC, del escenario que mejor convenga al Estado.
“Tengo que contratar un experto que me revise el modelo financiero que me entregaron. Hay escenarios que uno los corre con supuestos y pareciera que no es tan grave. El Gobierno tiene que tomar una decisión de cuánto sería la tarifa máxima que estamos dispuestos a sostener y de ahí en adelante es aporte estatal”, agregó.
En marzo, Sáenz declaró que la propuesta de $646 millones presentada por la firma española tiene “oportunidad a la baja”.
Financiamiento
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, declaró a La Nación que han conversado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Casa Presidencial y los ministerios de Hacienda y Planificación sobre las necesidades que tendrán los proyectos de concesión próximos a desarrollarse, tales como la ampliación de la ruta 27 y la vía a Cartago.
Aunque afirmó que hay anuencia del BCIE para financiar esos aportes estatales, aún no se han definido los montos.
“Yo creo que el detalle se va a precisar cuando tengamos un resultado más fino del estudio financiero y la negociación que se lleve adelante con el concesionario. Es un poco temprano, porque ciertamente hay que tomar en consideración que ya se paga un peaje. Cualquier monto adicional puede tener su impacto y hay que buscar una tarifa socialmente manejable”, ratificó.
Pese a que desde meses atrás se ha insistido en el poco margen que tiene el país para acceder a nuevos créditos, Méndez Mata dijo que sí hay disposición de asumir financiamiento para estos proyectos, siempre sujeto a las posibilidades.
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“Hemos hablado (con el BCIE) para tener la ventana abierta en esa eventualidad y de ahí dependerá en su momento de las características de las condiciones de nuestra economía”, explicó.
El ministro alega que aún es muy pronto para comenzar la socialización del proyecto, pues la idea no es salir a “asustar” a la gente o causar expectativas.
Eso significa que detalles como los eventuales montos en las tarifas de peaje, se mantendrán en reserva, por ahora.
Por etapas
El secretario de Concesiones adelantó que evalúan la posibilidad de ejecutar de manera simultánea o al menos sobrepuestas dos de las tres etapas del proyecto. Esto significa que la construcción de la segunda fase podría iniciarse antes de terminar la primera.
La idea sería llevar la vía desde La Sabana hasta Pozón y dejar de último el trayecto entre Pozón y Caldera, pues, según dijo, en este sector aún deben resolver expropiaciones cuyos procesos ni siquiera se han iniciado.
El desarrollo simultáneo de esas dos etapas también dependerá de la respuesta de Hacienda en relación con el aporte estatal.
Otra de las situaciones que analizan en el CNC es que se procurará que los aumentos en los peajes se den conforme se vayan recibiendo y poniendo en operación los tramos ampliados.
Saénz adelantó que luego de recibir y revisar la información suministrada por Globalvia iniciarán una fase de negociación de cláusulas contractuales.
El proyecto planteado por la concesionaria contempla tres secciones.
La primera va del Gimnasio Nacional a la intersección de Siquiares. Ahí las obras incluyen la construcción de un paso a desnivel en el kilómetro cero para descargar el tráfico de la ruta 27, directamente sobre la avenida 10 de San José.
La vía se ampliaría a cuatro carriles por sentido entre el intercambio de la Circunvalación y el peaje de Escazú, incluyendo el puente sobre el río Tiribí.
Desde el ingreso a Multiplaza y hasta el peaje de San Rafael la carretera contaría con tres carriles por sentido y se construiría un nuevo intercambio en el acceso a Santa Ana y la radial Lindora.
La segunda etapa en intervenir va de Siquiares a Balsa de Atenas y se ampliaría a dos carriles por sentido.
Entre Atenas y Orotina, la vía también contaría con dos carriles por cada sentido, pero además en esta sección, la concesionaria debe construir las soluciones especiales que determinen los estudios para taludes y calzada, donde hay problemas de deslizamientos.
Para el final, se dejaría el tramo entre Orotina y Caldera, donde también se buscará dejar la totalidad de la carretera a cuatro carriles (dos por sentido).
Para recupera la inversión, Globalvia seguirá explotando la ruta durante al menos 15 años más a partir del 2033, que es cuando termina el plazo vigente.
