EscucharLa Contraloría General de la República confirmó la apertura de una investigación sobre las acciones y decisiones que se tomaron para asegurar la inspección técnica vehicular de cara a la conclusión de contrato con la empresa española Riteve SyC, en julio próximo.
La responsable de estas indagaciones es el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades en conjunto con el Área de Seguimiento de la Mejora Pública, según informó el órgano contralor ante consultas de este medio.
Sin embargo, a través de la oficina de comunicación, indicó que por ahora no es posible dar detalles sobre quiénes son los funcionarios implicados en el caso o las actuaciones específicas.
El origen del procedimiento estaría relacionado con las llamadas de atención que realizó desde el año pasado la propia CGR, mediante informes de auditoría en los que advirtió a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), de la falta de acciones para establecer una estrategia de transición ante el inminente vencimiento del contrato.
Por esa causa, había adelantado que los incumplimientos podrían derivar en sanciones administrativas.
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En los informes, la CGR pidió a los jerarcas de esas entidades, definir la hoja de ruta en la que se incluyeran cronogramas, procesos de licitación, trámites para el traslado de estaciones y equipos a nombre del estado, así como mecanismos tarifarios y modelos del servicio que se implementarían.
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Entre los señalamientos que hizo la Contraloría al MOPT está la ausencia de planes para el mantenimiento de las estaciones que pasarán a manos del Estado a partir de julio. (Rafael Pacheco Granados)
Sin embargo, ante la ausencia de los planes, la Contraloría hizo una última advertencia en marzo. Mediante un oficio dirigido específicamente al entonces director del Cosevi, Edwin Herrera, declaró que daba por finalizado el proceso de seguimiento al informe enviado en octubre anterior, en el cual se señalaban una serie de falencias en la fase transición y cierre del actual contrato.
La Contraloría informó a Herrera de que a partir de ese momento se trasladarían los incumplimientos al Departamento Jurídico, por lo que los jerarcas responsables se expondrían a sanciones administrativas.
Aclaró además, que aunque la Dirección Ejecutiva del Cosevi entregó un oficio con referencia a distintos escenarios concluido el contrato, no se definió una línea concreta de acciones a realizar, ni tampoco un programa de trabajo para garantizar la continuidad del servicio de inspección vehicular.
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Además, insistió en que lo expuesto por la Administración en esas respuestas no representaba una estrategia clara a seguir, considerando el modelo tarifario así como las nuevas condiciones de los terrenos y las instalaciones y equipos, los cuales deben ser trasladados a nombre del Estado a partir del 15 de julio del 2022.
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Negociación pendiente
La Administración anterior finalizó su gestión con la presentación de una solicitud de prórroga para extender el convenio con Riteve, alegando la imposibilidad de iniciar un nuevo proceso de contratación debido a una acción de inconstitucionalidad que fue acogida para estudio por la Sala IV, a finales del año pasado.
La solicitud fue rechazada por la Contraloría, al considerar que no cumplía con requisitos técnicos.
El nuevo jerarca del MOPT, Luis Amador, no descartó que ante el vencimiento de contrato se pudiera extender la operación de Riteve para asegurar la continuidad del servicio. No obstante, no sería con una prórroga del contrato actual, sino que tendría que negociarse el modelo.
Explicó que la negociación es necesaria por el cambio de condiciones, ya que el 15 de julio, cuando venza el contrato, la empresa debe traspasar al Estado todos sus equipos e instalaciones. A criterio de Amador, ante esa nueva realidad, las condiciones y tarifas para los usuarios no deberían ser las mismas que rigen actualmente.
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Riteve brinda el servicio de inspección vehicular desde el 2002. Inicialmente, el contrato que se otorgó para operar en el país era por 10 años y daba posibilidad de una sola prórroga, la cual fue aprobada en el 2012.
